¿Quién responde por la plata para la sustitución de cultivos que le dieron a la OEI?

Si se afirma que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) es un fracaso, no se está exagerando. Según el último informe de Naciones Unidas, en Colombia hay 204.000 hectáreas de coca, lo que significa un incremento de 40 por ciento si se tiene en cuenta que en 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz en La Habana, el indicador estaba en 146.000 hectáreas.  

En lo pactado entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc se buscaba sustituir en total de 46.092 hectáreas, en poder de 99.097 familias, con un presupuesto de 3,7 billones de pesos.

Su implementación se suponía que iría hasta 2020, pero, a pesar de que se extendió y de que los recursos están comprometidos casi en su totalidad, ello no se ha traducido en el bienestar de los beneficiarios.

Fabián Pérez, líder de sustitución de Ituango, explica que hizo una apuesta por la paz porque “fui consciente del daño que se le hacía a la sociedad al sacar ese producto. Cuando se va a la ciudad, se ven pelados jóvenes consumiendo, y uno no quisiera que un hijo estuviera en esas condiciones. Vi esa oportunidad y creí de corazón en ella, pero vea con lo que nos han salido”.

De los 27 operadores contratados para implementar proyectos productivos a familias que decidieron dejar de cultivar coca, solo ocho presentan ejecución "relativamente optima"; 19 son protagonistas de graves incumplimientos. Uno de esos operadores es la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que durante el Gobierno Duque recibió a dedo dos contratos que suman 170.703 millones de pesos para apoyar ese tránsito hacia economías licitas de cerca de 7.000 familias en Antioquia.

Hoy esas familias se sienten estafadas y vulneradas en su buena fe. Varias de ellas, por los incumplimientos, aseguran que han reincidido en la resiembra de coca. “La OEI tiene inmunidad diplomática, es una empresa internacional, pero son los recursos de la paz y de los campesinos los que se estaban robando y nadie hace nada”, asevera sin titubear Richard Patiño, líder de sustitución en Briceño, Antioquia, quien relata que desde el Gobierno ya les advirtieron que “se recibió un muerto y un moribundo por parte de la OEI. El muerto es el contrato 262, porque no hay nada que hacer, pues los recursos ya se fueron y el convenio 1091 es el moribundo, en estado de liquidación, con un montón de recursos comprometidos que no llegaron a los campesinos”.

El Contrato 262 de 2020 se finalizó el 23 de noviembre de 2021, aunque todavía está en proceso de liquidación; el Convenio 1091 de 2021 hace poco se terminó anticipadamente y también está en proceso liquidación, y para ello cuenta con el acompañamiento de la Procuraduría y Contraloría.

El problema es que ambos entes de control han contratado con la OEI. Para completar, la cabeza actual de la Contraloría fue director de la OEI. ¿Qué garantía de investigación pueden tener los afectados?

Lo que narra Richard también está consignado en 3.482 reclamos que le han llegado a la Dirección de Sustitución de Cultivos Uso Ilícito, liderada por Felipe Tascón, quien ratifica que los requerimientos enviados por las comunidades hacen referencia, entre otros, a la calidad de los productos entregados, los sobrecostos y la inexistencia de las entregas efectivas. 

Según testimonios, jugando con la necesidad y la ingenuidad de los campesinos, en varias veredas, funcionarios de la OEI hicieron firmar actas de entrega comprometiéndose a llevar los productos a la semana y nunca aparecieron. “A los que reclamaban, los amenazaban con que los iban a sacar del programa, estamos sometidos”, señala uno de los líderes.

En el municipio de Anorí, Antioquia, varios beneficiarios relatan que, a cambio de firmar el acta de entrega de insumos, recibieron seis millones en efectivo. Sin embargo, en el diseño del programa estaba prohibido la entrega de los componentes en dinero. Por otra parte, esa, la fase productiva, costaba realmente nueve millones de pesos. Es decir, no solo estaba prohibido darles dinero sino que los campesinos no recibieron ni siquiera la totalidad de los recursos. 

Un informe del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) describe la operación de la OEI en Antioquia como una “malversación de recursos sin precedentes”, y detalla sobrecostos inclusive por encima del 100 por ciento. Según el documento, la mayoría de los proyectos productivos se basan en ganadería silvopastoril: “El PNIS ha quedado reducido a la entrega de semovientes en mal estado, cobrados a muy altos costos a campesinos que le apostaron a la paz, utilizando además estrategias de presión y desinformación en su contra”.

Los líderes de sustitución dan cuenta del mal estado de los animales. “Usted viera el ganado que entregaban, unas vacas flacas enfermas. Decían supuestamente que tres vacas valían nueve millones de pesos y la gente quedaba embalada. Los mismos de la OEI les decían a las familias que les compraban el ganado que les acababan de entregar. Como la persona no tenía cómo llevárselo y algunos no tenían ni tierra para mantenerlos, entonces luego se los compraban en cuatro millones y esas mismas vacas flacas y enfermas se las daban a otras familias”.

William Muñoz, líder de Tarazá, Antioquia, agrega que “ese ganado desvalorizado no sirve. Era un encarte para los beneficiarios porque, si le entregaban dos vacas, pero al otro día se le moría una, ¿cuál era el futuro que uno podía tener? Muñoz también indica que con la OEI se habría presentado alteración de los precios y denuncia falta de asistencia técnica.

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“Asistencia técnica nunca se hizo, pese a que eso estaba establecido en la ruta metodología. Concretamente se dijo que habría un técnico permanente por 50 beneficiarios, pero las supuestas asistencias eran cada cuatro meses y algunas eran por teléfono”, relata Muñoz.

Aunque Tascón fue diplomático en la respuesta al derecho de petición que le respondió a CAMBIO, en una reunión el pasado 10 de agosto con los líderes de sustitución de Antioquía reconoció la desventaja de enfrentarse a un contratista como la OEI y la señaló de sobrefacturar: "Usar la misma vaca varias veces, entregarles algo y hacer que firmen una cosa distinta, etcétera. Es decir, al margen que esto sea OEI y nos amenacen con Felipe VI, la aberración está desde la manera en que se concibieron los contratos; por eso mismo, decidimos que  no podemos volver a contratar igual": (Ver video)

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“Con la administración anterior, tenían un complot y se estaban robando la plata juntos porque, pese a pasar miles de quejas, nunca hicieron nada. Este gobierno se dio cuenta de todo lo que estaba mal, pero lo más charro es que a nosotros nos queda el sinsabor de que decidieron hacerle pasito a la OEI”, considera Richard Patiño, líder de Briceño.

Pese a los incumplimientos, sobrecostos y demás irregularidades denunciadas por las comunidades de Antioquia pertenecientes al programa de sustitución de cultivos ilícitos, la OEI está solicitando en el proceso de liquidación del convenio vigente un último desembolso de 15.000 millones de pesos. Mientras tanto, las condiciones de pobreza de las familias que le apostaron a la paz siguen empeorando, pues hoy no tienen los ingresos prometidos, la desconfianza en el programa y en la institucionalidad está desbordada y las garantías para que la OEI responda por su actuar es escasa, ya que siempre se escuda en su inmunidad diplomática.

Desde el pasado 10 de agosto y en dos ocasiones, CAMBIO consultó a través de su jefe de prensa Rocío Devia a Mariela Barragán, quien hoy dirige la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), pero no obtuvo respuesta.