Los millonarios convenios con la OEI que nadie puede vigilar

En los últimos cinco años, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), una entidad intergubernamental dedicada a la cooperación en los campos de la educación, la ciencia y la cultura, ha recibido millonarios recursos públicos a través de la contratación directa con entidades estatales, justificados con objetivos más bien gaseosos y difíciles de medir.

En total, la OEI se ha quedado con al menos 780.000 millones de pesos a través de la contratación directa. Solo durante el Gobierno Duque se firmaron 78 convenios de cooperación internacional. Sin embargo, no todos los convenios de cooperación que la OEI firma con entidades públicas están subidos en la plataforma de contratación pública. Así sucede, por ejemplo, con los que tiene actualmente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por transparencia, esos contratos deberían ser públicos. CAMBIO solicitó información al respecto al Ministerio de Ciencia y Tecnología y todavía no ha recibido respuesta.

En julio de 2022, el equipo de empalme del actual gobierno encontró al menos cuatro convenios entre MinCiencias y la OEI que sumaron más de 64.000 millones de pesos, cifra alta si se tiene en cuenta que dobla lo que destina al presupuesto de funcionamiento de la entidad. En la época de empalme, también se halló que los objetos de los convenios “suplantaban” la misión del ministerio. Esa situación fue denunciada ante la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría por el sindicato Asomiciencias. (Ver denuncia). 

Sin embargo, esas denuncias han tropezado, al menos en el caso de la Contraloría, con una realidad: antes de llegar a la Contraloría, el contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, fue director de la OEI hasta septiembre de 2022. Hasta ahora, esa entidad no ha emitido una respuesta formal a las solicitudes de CAMBIO sobre las denuncias. La OEI, por su parte, niega que dichos convenios tengan algún inconveniente.

En lo que va del Gobierno Petro, la OEI se ha quedado con cinco convenios que suman más de 120.000 millones de pesos, de los cuales el 75 por ciento (90.446 millones de pesos) pertenecen a un convenio con el Ministerio del Interior para desarrollar actividades y proyectos orientados a dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, derechos territoriales de las comunidades y pueblos indígenas.

Aunque lo firmado se autodenomina convenio de cooperación y en teoría las dos partes deben poner recursos, la plata solo la pone el ministerio. El aporte de la OEI se estableció en “especie”, a través de la asistencia técnica, y se avaluó en 45.280 millones de pesos. 

La directora de la OEI en Colombia, Mariela Barragán, explicó que los 45.280 millones de pesos están representados en la gestión del conocimiento, la comunidad de aprendizaje, y la implementación del plan estratégico de comunicaciones. La directiva aseguró que "ese convenio busca desarrollar las actividades y los proyectos priorizados por el Ministerio del Interior orientados a la promoción de los derechos los pueblos indígenas agrupados en resguardos y cabildos, registrados en la Dirección de Asuntos indígenas Rom y otras minorías étnicas". (Ver respuesta completa)

El Ministerio del Interior afirmó que el avance de la contrapartida de la OEI va en 74 por ciento y algunas de las acciones concretas desarrolladas son 28 proyectos en comunidades con aproximadamente 1.064 participantes, en procesos de evaluación de resultados y sistematización de experiencias en nueve departamentos del país; 22 videos grabados y editados para la construcción de un documental que permitan exponer los resultados de diferentes procesos con las comunidades intervenidas, 7.000 cupos ofertados para la población indígena en general para el diplomado virtual de 80 horas, titulado “Derechos Humanos para comunidades indígenas" y diseño, socialización e implementación de un (1) Plan Estratégico de Comunicaciones. (Ver respuesta completa)

Las contrapartidas son el modus operandi de todos los convenios de cooperación internacional que ha firmado la OEI en Colombia. Por ejemplo, en abril de este año la OEI firmó un convenio con la Agencia Nacional para la Reincorporación para “implementar acciones de fortalecimiento de capacidades y habilidades desde el ámbito individual, comunitario e institucional, en el marco de la prevención temprana y superación de la estigmatización dirigida a personas en proceso de reincorporación, sus familias, comunidades e instituciones”.

Lo pactado se cerró por un valor de 4.748 millones de pesos, recursos que en su mayoría puso le entidad, pues el aporte de la OEI, que se tasó en 2.420 millones de pesos, fue en “especie”. En la justificación, esos recursos se dividieron en 296 millones de pesos como valor de la asesoría del equipo “técnico”, y 2.124 millones de pesos, correspondientes a la "difusión del conocimiento" a las autoridades territoriales, los exintegrantes FARC-EP, y comunidad en general a través de actividades de información, educación y comunicación.

¿Cómo se calcula un aporte en especie?

Carlos Mario Zuluaga, cabeza de la OEI hasta septiembre de 2022 y hoy contralor encargado, explicó que las contrapartidas en especie están reguladas por la ley. “Eso no se las inventó la OEI. La mayoría de la contrapartidas están estipuladas en formación. Durante mi gestión, la OEI creó un centro de estudios continuos que ofrece diplomados de muy buena calidad, cuyos precios están por debajo de los precios del mercado. Por ejemplo, valían 1'400.000 pesos, mientras una universidad cobra entre tres y cinco millones de pesos”, argumentó.

Según Mariela Barragán, la determinación del monto del aporte de la OEI a los convenios de cooperación internacional se cuantifica con metodologías mixtas: estudios de mercado, estudios de sector, análisis valorativos, valoración de productos, red de expertos iberoamericanos de más de 19 oficinas, “know how” de la organización, medios que dispone la Organización para la ejecución de proyectos, recursos y medios tecnológicos y de comunicación para la puesta en marcha, usuarios en plataformas educativas, licencias y usuarios en plataformas tecnológicas, entre otros.

"La contrapartida que establece la OEI en cada convenio de cooperación es un aporte en recursos financieros o en especie, con recursos propios que fortalece y contribuye al desarrollo del proyecto dando un valor agregado a los objetivos propuestos. Estos recursos gozan de inmunidad de ejecución, no obstante, su desarrollo y cumplimiento es evidenciado, soportado y certificado ante la entidad contraparte que recibe a satisfacción los productos que son tangibles y cuantificables", explicó.

Cuando se le preguntó a Zuluaga por los recursos públicos que ejecuta su antiguo empleador, respondió: "Es el organismo internacional que menos recursos públicos ejecuta en Colombia si se tienen en cuenta organizaciones como Naciones Unidas". Y precisó:

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“En la época que salí de la OEI, es decir, en septiembre de 2022, todos los convenios que tenía la organización con el gobierno estaban al día técnica y financieramente, y yo no puedo responder por lo que pase de septiembre a julio de este año”.

Las direcciones de la OEI parecen coincidir por los intereses del gobierno de turno. Zuluaga, de claro corte conservador, fue director durante el gobierno de Iván Duque. 

Ahora que el gobierno es de izquierda, la OEI es liderada por Barragán, viuda del asesinado líder de la Unión Patriótica y excandidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa. Barragán, quien participó en actos de la campaña presidencial de Gustavo Petro, fue secretaria de Desarrollo Económico en la Alcaldía de Samuel Moreno y es muy cercana a los políticos del Pacto Histórico, especialmente a Clara López.

¿Quién controla a la OEI?

La Organización de Estados Iberoamericanos oficia como un organismo internacional. Por ello, goza inmunidad diplomática y, en consecuencia, no puede ser investigada. Si llegase a suceder algo con los recursos públicos que está ejecutando en Colombia, las que tendrían que responder ante los entes de control serían las entidades públicas sujetas de ser vigiladas. Sin embargo, los entes de control encargados de vigilar esos recursos también firman convenios con la OEI.

Desde 2019, la OEI ha firmado contratos por cerca de 22.000 millones con la Contraloría General de la República. 

La Procuraduría no se queda atrás. En mayo de 2021, el Ministerio Público firmó un convenio de cooperación internacional con la OEI con el ánimo de “aunar esfuerzos para contribuir con el desarrollo y fortalecimiento institucional, la socialización y diálogo social en territorio”. La entidad, dirigida por Margarita Cabello, puso 12.558 millones de pesos, mientras la OEI dijo que daba 13.907 millones de pesos, pero “en formación y capacitación”. 

La Defensoría, que dirige Carlos Camargo, también ha contratado los servicios de la OEI. El convenio de cooperación por 5.515 millones de pesos que se ejecutó hace apenas tres meses, buscaba implementar estrategias orientadas a la atención y asesoría y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado.