Jueza de Estados Unidos anula suspensión de visas de inmigrante de Trump para 75 países, incluido Colombia
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Colprensa.
La jueza Jeannette Vargas declaró ilegal la política de Trump que suspendió las visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Colombia, y concluyó que Marco Rubio excedió su autoridad legal.
Por: Redacción Cambio
Un nuevo tropiezo judicial para la administración de Donald Trump en su política migratoria. Una jueza federal de Manhattan anuló este viernes la política del Departamento de Estado que suspendió la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Colombia, al considerar que la medida era contraria a la ley.
En un fallo, la jueza Jeannette A. Vargas concluyó que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió la autoridad que le confiere la legislación estadounidense al ordenar una suspensión generalizada de las visas basada en la nacionalidad de los solicitantes. La magistrada calificó la política como ilegal y determinó que vulneraba el orden establecido por las leyes federales de inmigración.
La política, anunciada en enero y vigente desde el 21 de ese mes, había suspendido el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de casi el 40 por ciento de los países del mundo. La lista incluía, entre otros, a Colombia, Brasil, Egipto, Haití, Somalia y Rusia. La medida no afectaba las visas de no inmigrante, como las de turismo o estudios.
Pero Vargas cuestionó esa explicación. Según la legislación estadounidense, la posibilidad de que un inmigrante sea considerado una carga pública debe determinarse mediante una evaluación individual que tenga en cuenta factores como sus recursos económicos, edad, salud, capacidades y situación familiar.
La jueza encontró, además, que un cable enviado por Rubio a las misiones diplomáticas y consulares establecía instrucciones que impedían realizar esa evaluación de manera individual.
En particular, la directiva ordenaba a los funcionarios rechazar solicitudes incluso cuando los aspirantes presentaran pruebas adicionales para demostrar que no constituían una carga pública. Para Vargas, esa instrucción hacía que el resultado estuviera determinado de antemano. “El resultado está predeterminado”, escribió la jueza en su decisión. “La visa será denegada”.
La magistrada concluyó que la política contravenía el esquema establecido por la legislación migratoria federal, que impide que la emisión de visas de inmigrante sea determinada categóricamente por la nacionalidad del solicitante. También señaló que el Congreso había limitado expresamente la autoridad del secretario de Estado sobre la actuación de los funcionarios consulares en estos procedimientos.
Colombianos entre los demandantes
El caso fue presentado por organizaciones de defensa de los inmigrantes, solicitantes de visas y ciudadanos estadounidenses que buscaban llevar a sus familiares a Estados Unidos. Entre los demandantes había ciudadanos estadounidenses con peticiones familiares para personas en Ghana, Etiopía, Jamaica y Guatemala.
También participaron colombianos que habían solicitado visas de inmigrante por motivos laborales. Uno de ellos recibió una notificación de denegación que citaba expresamente la política cuestionada por la demanda.
La decisión de Vargas revoca las denegaciones que se hayan basado exclusivamente en esta política. Sin embargo, las negativas sustentadas en otros fundamentos legales pueden mantenerse, incluso cuando el funcionario consular haya citado también la suspensión de 75 países.
Afectados de cinco continentes
La suspensión afectaba a países de América Latina, los Balcanes, el sur de Asia, África, Medio Oriente y el Caribe. Entre ellos estaban Brasil, Colombia y Uruguay, así como Bosnia, Albania, Pakistán, Bangladés y otras naciones.
El Gobierno de Trump había elaborado la lista con base en criterios relacionados con el posible uso de programas de asistencia pública por parte de los inmigrantes. La administración defendió la medida como una forma de evitar que los nuevos residentes se convirtieran en una carga para los contribuyentes estadounidenses.
Para defender la política, los abogados del Gobierno se apoyaron, entre otros antecedentes, en una decisión de la Corte Suprema de 2018 que avaló una versión de las restricciones de viaje impuestas por Trump durante su primer mandato.
Vargas, sin embargo, consideró que aquel precedente no era aplicable de la misma manera. La decisión de 2018 estaba relacionada con la facultad presidencial para determinar quién podía ingresar a Estados Unidos, mientras que el caso que ella tenía ante sí se refería a la potestad de suspender la emisión de visas de inmigrante y a la obligación de los funcionarios consulares de evaluar individualmente cada solicitud.
La jueza Vargas fue designada por el expresidente Joe Biden. En su fallo, dio a las partes hasta el 11 de septiembre para presentar propuestas sobre cómo continuar con el proceso. La administración Trump puede apelar la decisión.
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