Quiénes son los jefes del Clan del Golfo por los que le reclama Gustavo Petro a la Fiscalía

El reclamo empezó el 2 de mayo pasado, cuando el presidente Gustavo Petro le solicitó al jefe de la cartera de Justicia, Néstor Osuna –a través de su cuenta de Twitter–, que revisara detalladamente las acusaciones contra el fiscal Daniel Hernández Martínez, y contra otros funcionarios, por hacerse los de la vista gorda frente a las advertencias de un agente de la Fiscalía sobre asesinatos planeados por el Clan del Golfo

Las denuncias fueron presentadas por Gonzalo Guillén en el portal La Nueva Prensa. El periodista aseguraba que, durante los últimos tres años, al fiscal Hernández se le venía advirtiendo de amenazas a personas por parte del Clan del Golfo, pero que no había realizado ninguna gestión al respecto. Luego, el artículo enumeraba los nombres de los integrantes del Clan del Golfo.

“El perfil del Clan del Golfo en la costa norte y de sus 14 principales cabecillas también fue elaborado por investigadores del CTI con el apoyo de fuentes humanas reconocidas judicialmente. Avanzaban a pesar del sabotaje de la propia Fiscalía General y del fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez, quien terminó por amenazar él mismo a uno de los funcionarios que le anticipaba los homicidios que se iban a cometer y que luego se los reportaba como hechos cumplidos para dejar constancia de la desidia institucional”, dice la publicación.

Según el artículo, los integrantes del grupo ilegal encubiertos por el fiscal eran: Julio Alberto Benavides Lapeira, alias el Tigre; José Luis Pérez Cantillo, Chichiwi; Manuel Alejandro Catalán Pérez, conocido como el Flaco del retén; Benjamín Segundo Gracia Gutiérrez, alias Maicol; Alexander Villalba Reyes, alias Lulú; Ángel María Benavides Lapeira, alias Ángelo; Geisa María Mora Caballero; José Daniel Pacheco Valencia, alias Fujimory; Alberto Padilla Sarmiento, alias Brayan; Ender Caro Martinez, alias el Burro; Haumed Ahumada Gómez, alias el Valluno; Eliécer Rafael Hernández Ursola, alias el Mono; Nicolás Alberto Lemus Hernández, alias Choque; y Francisco Hernández, alias Chapa.

La publicación afirmaba que la posible omisión del funcionario judicial no solo afectaba las investigaciones en Colombia sino también las que adelantan autoridades en Estados Unidos. Guillén también acusaba al fiscal general, Francisco Barbosa, y a la vicefiscal, Martha Mancera, de ser los cerebros de la omisión.

“El traslado del expediente a Bogotá fue ordenado por el fiscal general, Francisco Barbosa, y por la vicefiscal, Martha Mancera, para que Daniel Ricardo Hernández Martínez lo congelara ante el temor de que los desmanes y crímenes de lesa humanidad del Clan del Golfo pudieran estar asociados al expresidente Iván Duque”, afirmaba Gonzalo Guillén.

Un mes después, el viernes 2 de junio, durante una ceremonia de ascenso, en la Escuela Militar de cadetes José María Córdova, en Bogotá, el presidente Petro volvió sobre el tema, y le reclamó al fiscal general –sin nombrarlo y amparado en la norma constitucional que le permite al presidente pedir informes de justicia– por la investigación.

“Con la misma premura que tiene para investigar al otro día los polígrafos del Gobierno, con la misma premura que tiene para ver cómo captura un paparazzi que le sacó un video a una periodista y que nada tiene que ver con nosotros; con esa misma premura, debería haber allanado las casas de los asesinos del Clan del Golfo cuyas direcciones y nombres propios tenía en su poder. Aún hoy no llega al informe de las investigaciones que se han hecho sobre los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y de ciudadanos del común en las ciudades de la costa Caribe y en todo el país”.

El presidente Petro reiteró que ha hecho la solicitud al organismo judicial de manera escrita, formal y pública, de los informes sobre los crímenes que se han realizado de manera sistemática contra la vida de centenares de colombianos.

“Sigo esperando el informe. Pueden investigarnos hasta el último centímetro de nuestros sentimientos. Pero entrégueme el informe sobre lo que se ha hecho contra la impunidad. Porque ese informe debe ser discutido, porque ahora viene la visita oficial del fiscal de la Corte Penal Internacional, porque queremos reunir el Consejo de Política Criminal, queremos saber si de las instituciones del Estado que están dedicadas a esa función se les puede tener la confianza de que se está destruyendo realmente la impunidad en Colombia y que los criminales no tienen, por tanto, sitio donde esconderse, y en especial que no se los protege desde el Estado”, concluyó el presidente.