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Reforma a la Salud: ¿Qué ya aprobó la plenaria de la Cámara?
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Casi el 50 por ciento del articulado del proyecto pasó, pero solo un pequeño número lo ha hecho sin modificaciones. Le contamos.
Por: Redacción Cambio
La mitad de la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro fue aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes. Ya pasaron 71 de 143 artículos y todo indica que la discusión seguirá después de las elecciones regionales de finales de octubre. Aunque todavía no se han discutido los temas más espinosos, y a la reforma todavía le falta terminar su paso por la plenaria de la Cámara y luego recorrer la Comisión Séptima y la plenaria de Senado, el Ejecutivo dio pasos de gigante en menos de dos días. Entre lo que ya se aprobó está el artículo que contempla el fortalecimiento del nivel primario de atención y de la red pública hospitalaria, entre otros.
Lo anterior lo ha logrado el petrismo votando los artículos en bloque, pese al pedido de votar cada uno por separado que hicieron congresistas como los gremios de la salud y las congresistas Catherine Juvinao, Katherine Miranda y otros. La gran mayoría de los artículos aprobados hasta el momento por dicha plenaria tienen modificaciones. Aparte, alrededor de 19 pasaron tal cual como estaban en la ponencia de debate, mientras que al menos siete terminaron eliminados.
El Articulo 5 pasó derecho. En él se establecen los ejes centrales del sistema de salud: promoción, prevención de las enfermedades y predicción con ayuda de información sociodemográfica, epidemiológica, de cartografía y otras fuentes.
Otro de los puntos que fue aprobado tal como estaba, es el que contempla el fortalecimiento del nivel primario de atención (Artículo 15). Aunque no es muy específico en qué tipo de acciones implica de parte del Estado, se refiere al desarrollo de los vínculos con “los individuos, las familias y la comunidad, y con el resto de los sectores sociales”.
La idea es que el Gobierno desarrolle planes, programas y proyectos entre distintos sectores que promuevan “condiciones de desarrollo social, cultural, económico, político, ambiental, así como la atención física y mental en salud; para ello se apoyará en tecnologías de la información y la comunicación, equipamiento e infraestructura social, investigación social y clínica aplicada, entre otras”. Eso querría decir necesariamente que habría una colaboración entre ministerios y entidades estatales para lograr el objetivo.
El Artículo 21, que crea un Servicio único de atención prehospitalaria y extrahospitalaria es parte de la lista. Este estaría bajo el mando de los municipios y las entidades distritales de salud, trabajando con el apoyo del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE). Podrían integrarse también con los cuerpos de bomberos, la Cruz Roja y la Defensa Civil.
Ahora bien, también pasó la obligatoriedad del pago de cotizaciones y contribuciones al sistema de salud, contemplada en el Artículo 57. No pagar daría sanciones a personas naturales, empresas, pensionados o rentistas, pero, dice el texto, de ninguna forma implicaría una barrera de acceso a los servicios de salud en todo el país.
Así mismo, pasó el Artículo 61, que planea integrar los dineros fiscales y parafiscales del país que se utilizan en la atención de los pacientes en todo el país. Esta plata sería manejada por la ADRES y podría emplearse no solo para servicios de salud, sino para financiar transporte, comprar equipos médicos, dar atención prehospitalaria de urgencias y más, dependiendo lo que defina el Ministerio de Salud.
Sumado a este artículo, también relacionado con la ADRES, está el 64, que define los recursos que la entidad va a administrar. Estos se van a integrar en el Fondo Único Público de Salud, y las fuentes de recursos incluyen los dineros fiscales y parafiscales, como dice el artículo antes mencionado, los que provienen de las cotizaciones para el aseguramiento en salud, los que provengan del impuesto a la compra de armas, los de las Cajas de compensación, entre otros.
Por otro lado, también pasaron de corrido los artículos 104, 105 y 106, relacionados con la Política de Formación y Educación superior en Salud. Esta propone un examen nacional y único de admisión para las especialidades médicas, becas para posgrados en especialidades quirúrgicas y de salud pública, y la prelación a las universidades públicas para la apertura de cupos en los hospitales públicos.
Con todo, estos son solo algunos de los puntos del articulado que ya pasaron, pero que todavía podrían sufrir modificaciones en su curso por el Senado. La eliminación de las EPS, que es quizás el punto más polémicos, todavía no se ha tocado en la Cámara. A esto se suma la duda sobre la viabilidad fiscal de la reforma, que el Gobierno no ha podido aclarar. El salido ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, calculó que el costo iba a ser de 114 billones de pesos para 2033, pero este no fue un concepto específico para el proyecto que actualmente cursa en el Congreso,
