Crédito: Colprensa
Salvatore Mancuso y 45 exparamilitares fueron condenados a prisión por 1.323 crímenes en Norte de Santander
- Noticia relacionada:
- Salvatore Mancuso
- Corte Suprema de Justicia
- Fiscalía
- Norte de Santander
El exjefe paramilitar deberá cumplir una condena de 40 años de prisión y pagar una millonaria multa, aunque también se puede acoger a penas alternativas de hasta ocho años de prisión.
Por: Juan David Cano
El Tribunal Superior de Barranquilla condenó a Salvatore Mancuso y a 45 exintegrantes del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por su responsabilidad en 1.323 crímenes cometidos entre 1999 y 2004 en Norte de Santander.
Los delitos incluyeron 568 homicidios, 55 desapariciones forzadas y 700 desplazamientos forzados, además de otros crímenes de lesa humanidad como las masacres.
La Fiscalía probó que estas acciones respondieron a patrones sistemáticos de macrocriminalidad que buscaban consolidar el control territorial, mediante el sometimiento violento de comunidades. Las víctimas fueron principalmente población civil, líderes sociales y personas acusadas, sin pruebas, de colaborar con otros grupos armados.
¿Qué impacto tiene la condena?
La Fiscalía también explicó el impacto de la medida: "Salvatore Mancuso fue condenado a 480 meses de prisión, mientras que los demás sentenciados recibieron entre 240 a 480 meses de prisión. Además, deberán pagar multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes".
Sin embargo, los sentenciados podrían acceder a penas alternativas de hasta ocho años de prisión, según la Ley de Justicia y Paz, que regula el tratamiento judicial a los desmovilizados. Aunque de igual forma deberán reparar patrimonialmente a las víctimas.
¿Quién es Salvatore Mancuso y qué ha pasado con él?
Salvatore Mancuso fue uno de los principales líderes de las AUC, organización paramilitar desmovilizada en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno. Como comandante del Bloque Catatumbo, tuvo un papel protagónico en la ejecución de crímenes masivos y en la expansión de los intereses paramilitares en regiones estratégicas para el narcotráfico.
Tras su desmovilización, fue extraditado a Estados Unidos en 2008, donde cumplió una condena por tráfico de drogas. Regresó a Colombia en 2023, buscando acogerse a medidas transicionales como gestor de paz, una propuesta que generó controversia. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia ratificó la negativa de otorgarle libertad bajo este rol, argumentando que los derechos de las víctimas deben primar sobre beneficios a los máximos responsables de violaciones de derechos humanos.
