Tribunal de Cundinamarca ordenó acciones urgentes al Gobierno para resolver desabastecimiento de medicamentos

El acceso a medicamentos en Colombia enfrenta una de sus peores crisis, según dijo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al fallar a favor de una acción popular presentada por la Procuraduría General de la Nación. La sentencia ordena que el Ministerio de Salud, junto con otras entidades públicas, han fallado en proteger derechos fundamentales como el del acceso oportuno a la salud. Esto debido al desabastecimiento y la ineficiencia administrativa.

Las acciones que ordenó el Tribunal

Para enfrentar la situación, el Tribunal ordenó mantener el Plan de Respuesta Urgente aprobado en 2023 y convocar una mesa de trabajo interinstitucional para diseñar una nueva política farmacéutica. Esta iniciativa buscará:

• Reducir los retrasos administrativos en el Invima, en donde se acumulan más de 27.000 solicitudes de registro sanitario.

• Mejorar la regulación de precios para garantizar su accesibilidad.

• Asegurar la financiación adecuada del sistema farmacéutico.

• Crear mecanismos de transparencia que prevengan actos de corrupción y abusos en la cadena de distribución.

Entre los participantes de la mesa estarán Invima, los Ministerios de Comercio y Ciencia y Tecnología, además de representantes de la industria farmacéutica, EPS, IPS y usuarios del sistema de salud.

Efectos de la crisis en poblaciones vulnerables

Según la Procuraduría, los más afectados por el desabastecimiento son niños, adultos mayores y personas con enfermedades complejas como cáncer o patologías huérfanas. La falta de tratamientos adecuados agrava su estado de salud y debilita la confianza en el sistema público, pero no es el único problema del sistema.

Colombia carece de un control efectivo sobre los precios de medicamentos. Actualmente, solo el 7 por ciento de los principios activos tiene precios regulados en compras estatales, mientras que los medicamentos comprados directamente por los ciudadanos no cuentan con ningún control, lo que genera incrementos exorbitantes.

Por todo lo anterior, el Tribunal enfatiza que es imperativo implementar una regulación eficiente que garantice precios justos y accesibles. También llama a reforzar la supervisión en la cadena de distribución para evitar abusos que afecten tanto a las finanzas públicas como a los ciudadanos.