En mi memoria están los recuerdos de tres ministros que tuvieron que renunciar a sus cargos en Francia, China y Brasil porque, en ese orden, unos ancianos se murieron por calor en un verano, unos niños fallecieron por una leche contaminada y un avión se estrelló por un hueco en la pista de aterrizaje, sanción política que se impusieron porque se supone que esos errores no pueden ocurrir en los servicios que prestan los ministerios.
En Colombia, país tan mal gobernado, solo recuerdo el caso semejante de un ministro de Justicia que renunció a su cargo porque el Congreso aprobó una ley inaceptable y él consideró su deber asumir su responsabilidad política.
Ahora Gustavo Petro, con el respaldo de Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, anunció que en las elecciones del 8 de marzo de 2026 “será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente”, potestad que no tienen porque esa consulta no está autorizada en la Constitución y la ley y nada les da poder legal para ordenarle al registrador que distribuya y contabilice esa papeleta. Hora de recordar que el registrador de 1991 no contó la llamada ‘séptima papeleta’ porque no había norma legal que se lo autorizara, lo mismo que ocurre ahora.
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