Valeria Santos
12 Febrero 2023

Valeria Santos

Lo bueno, lo malo y lo feo

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En un país excesivamente presidencialista, en donde el ejecutivo por disposición constitucional ya tiene demasiados poderes, es apenas lógico que las facultades extraordinarias que el Plan Nacional de Desarrollo, PND, pretende conferirle al presidente de la república, hayan opacado la discusión sobre la totalidad de su articulado. Es normal que lo anterior sea un escándalo, no solamente porque Colombia necesita una defensa airosa de su institucionalidad, sino también porque la posibilidad de modificar la estructura del estado vía decreto, saltándose las otras ramas del poder público, la ejercerá el actual presidente Petro, que ya ha mostrado rasgos inquietantes de demagogia y populismo. Sin embargo, la discusión sobre el actual PND, que será la hoja de ruta del país en los próximos años, amerita una discusión más profunda, y para darla de forma ecuánime tenemos que conocer lo bueno, lo malo y lo feo.

Lo bueno 

La ley del Plan Nacional de Desarrollo impulsa la implementación del Acuerdo de Paz del Teatro Colón que firmaron el Gobierno de Juan Manuel Santos y las antiguas FARC-EP. Esto es una buena noticia si tenemos en cuenta que el Gobierno de Duque casi cumple con la promesa de su partido de hacerlo trizas. En el texto se incluyó la obligatoriedad de recoger de forma progresiva las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que hasta el momento era opcional, así como la renegociación con las comunidades del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS. 

Tiene un gran componente de lucha contra los fenómenos que afectan el medio ambiente como la deforestación y propone mecanismos de gobernanza con las comunidades para la protección de áreas protegidas. Adicionalmente, establece como principal criterio de ordenamiento del territorio “Las determinantes relacionadas con la conservación, la protección del ambiente y los ecosistemas, el ciclo del agua, los recursos naturales, la prevención de amenazas y riesgos de desastres y la gestión del cambio climático”, entre otras medidas. 

Plantea además la tan anhelada reforma rural que se llevará a cabo a través de un sistema compuesto por ocho subsistemas, contemplando así aspectos integrales de los problemas de la tierra en Colombia: desde la redistribución de predios hasta el manejo de conflictos socioambientales y la constitución de zonas de reserva campesina. 

Por primera vez en nuestra historia las mujeres, la comunidad LGBTIQ+ y las comunidades étnicas tienen un papel preponderante en la visión de desarrollo del Gobierno. Por ejemplo, se reconoce la economía del cuidado no remunerado en lo rural como una actividad productiva, se crea un mecanismo para prevenir y atender las violencias basadas en género y otro para prevenir y atender la violencia y discriminación contra población LGBTIQ+. Además, se promete la formulación de una política de derechos reproductivos y sexuales y la reglamentación de la Ley 70 que reconoce derechos colectivos a comunidades afro. Se fija también una mayor participación de mujeres en todas las juntas de empresas del Estado y entidades financieras. 

Finalmente, el Plan Plurianual de Inversiones que acompaña el PND plantea la conexión férrea de gran parte del país. También hace énfasis en el desarrollo de vías terciarias y caminos vecinales. Sobra decir que si en este Gobierno el país por fin logra acabar con la desconexión y el aislamiento geográfico de los territorios tendremos mucho que celebrar.

Lo malo

Aunque suena muy prometedora la construcción de corredores férreos por todo el país, el Plan Plurianual, en contra de su propósito, no estima cuánto costarán estos proyectos. Es decir que no sabemos realmente si se tendrán los recursos o el tiempo para estructurar y adjudicarlos. 

Ahora, aunque la economía popular, como lo denomina el Plan de Desarrollo, puede dinamizar la economía de hogares y comunidades tradicionalmente excluidas, abrirle la puerta a la contratación directa del Estado para programas sociales cuando se trate de “Asociaciones Público-Populares con unidades de la economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y comunidades étnicas” puede ser cultivo de corrupción y de tráfico de influencias.

Por otro lado, aunque se crea un programa único de transferencias públicas, lo cual es positivo pues las podría hacer más costo-eficientes, todo parece indicar que llegarán tarde y podrían ser incompletas. A pesar del impacto positivo de Ingreso Solidario en la pobreza multidimensional, el programa de transferencias aún no ha sido reemplazado y tampoco hay claridad de cuándo se anunciará. 

Finalmente, se incluyen artículos que generan incertidumbre frente a las reformas que plantea el Gobierno y en las que ha habido poca transparencia. Por ejemplo, sobre la reforma a la salud el PND propone que sea la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, la que realice el giro directo de los recursos de las Unidades de Pago por Capitación, UPC, de los regímenes contributivo y subsidiado a las instituciones prestadoras de salud, IPS, desconociendo el impacto que esto podría tener en el sistema y en las EPS. 

Lo feo 

Como ya lo mencioné, uno de los temas más inquietantes es el artículo que le otorga al presidente la facultad extraordinaria para “crear, escindir, fusionar, suprimir, integrar, o modificar la naturaleza jurídica, de entidades de la rama ejecutiva” lo que, por ejemplo, le permitiría trasladar la Policía a otro ministerio sin tramitar ningún proyecto de ley. 

Por último, es difícil entender la motivación por la cual en el PND el Gobierno tiene una meta en reducción de homicidios tan poco ambiciosa, incluso más baja que la del gobierno de Iván Duque. El texto plantea que para 2026 la reducción sea solo de 1,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, un objetivo bastante mediocre para un documento que pretende convertir a Colombia en potencia mundial de la vida. 

Más vale que podamos discutir este Plan Nacional de Desarrollo teniendo en cuenta lo bueno, lo malo y lo feo. Es importante que en el Congreso el articulado se debata de manera equilibrada y justa. Hay mucho que rescatar dentro del texto, también hay muchas razones para ser optimistas. Sin embargo, el legislativo debe hacer lo suyo, y como contrapoder, defender las instituciones por encima de cualquier interés político. 

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