
En un país excesivamente presidencialista, en donde el ejecutivo por disposición constitucional ya tiene demasiados poderes, es apenas lógico que las facultades extraordinarias que el Plan Nacional de Desarrollo, PND, pretende conferirle al presidente de la república, hayan opacado la discusión sobre la totalidad de su articulado. Es normal que lo anterior sea un escándalo, no solamente porque Colombia necesita una defensa airosa de su institucionalidad, sino también porque la posibilidad de modificar la estructura del estado vía decreto, saltándose las otras ramas del poder público, la ejercerá el actual presidente Petro, que ya ha mostrado rasgos inquietantes de demagogia y populismo. Sin embargo, la discusión sobre el actual PND, que será la hoja de ruta del país en los próximos años, amerita una discusión más profunda, y para darla de forma ecuánime tenemos que conocer lo bueno, lo malo y lo feo.
Lo bueno
La ley del Plan Nacional de Desarrollo impulsa la implementación del Acuerdo de Paz del Teatro Colón que firmaron el Gobierno de Juan Manuel Santos y las antiguas FARC-EP. Esto es una buena noticia si tenemos en cuenta que el Gobierno de Duque casi cumple con la promesa de su partido de hacerlo trizas. En el texto se incluyó la obligatoriedad de recoger de forma progresiva las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que hasta el momento era opcional, así como la renegociación con las comunidades del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS.
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