El ‘juicio del siglo’ contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal está llegando a su fin y se espera que, a principios de agosto, la juez 44 emita su veredicto.
Y, aunque el juicio no ha terminado, no se necesita ser adivino para advertir hacia dónde va el agua al molino. Hasta ahora, ninguna de las pruebas presentadas en contra del expresidente ha podido ser desvirtuada por sus abogados y, en cambio, lo que se ha ido ratificando es el papel estelar que tuvo Uribe en la estrategia criminal que se urdió en el año 2018. Según las pruebas presentadas por la Fiscalía, el expresidente, quien en ese momento era senador de la República, habría fraguado un plan con el fin de sobornar a varios paramilitares que estaban en la cárcel para que se retractaran de los señalamientos que le habían hecho en su contra cuando, en diferentes escenarios judiciales, lo vincularon a los paramilitares.
El juicio, que fue visto por miles de colombianos, expuso por primera vez ante un juez la cara oscura del expresidente, esa que la mayoría del país desconoce. Y lo que se vio a lo largo de ese proceso judicial no fue a un exmandatario afanado por mostrar su inocencia, sino a un poderoso jefe político que se movía en el bajo mundo del hampa como pez en el agua y que hablaba por teléfono con bandidos. Hace poco, los uribistas cuestionaban duramente al presidente Gustavo Petro por haber sacado de la cárcel a varios gestores de paz que pertenecen a la temible Oficina de Envigado para subirlos a una tarima en Medellín en la que fueron mostrados como trofeos de una paz total que no llega. No les falta razón, pero se les olvida que su jefe —en unos audios que fueron presentados como prueba en el juicio—, salió hablando de tú a tú con bandidos como si fuera todo un ‘Don’.
Si este país no estuviera tan polarizado, una eventual condena del expresidente Uribe, quien además es el exmandatario que más investigaciones tiene por violaciones a los derechos humanos, debería ser recibida como una demostración de que en Colombia la justicia funciona y que goza de buena salud. Pero eso no va a suceder, porque en este país hace rato pasamos la raya de la ponderación y de la decencia. Ya no se piensa ni se reflexiona, sino que se señala.
De todas formas, no hay que olvidar que Uribe tiene varias investigaciones por hechos más graves, como las que lo vinculan a las masacres del Aro y de La Granja ocurridas en 1997, o al asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien lo alertó de la inminencia de esas masacres cuando era gobernador de Antioquia. Y ni qué decir de los ‘falsos positivos’, un escándalo del cual ha salido indemne y que se produjo bajo su gobierno, cuando cerca de 7.000 jóvenes inocentes fueron asesinados por el Ejército para inflar las bajas y poder acceder a los premios que les daba su política de seguridad democrática, la cual se medía en “litros de sangre”.
Y sí, no deja de ser una cruel ironía que con tanta carga encima, que Uribe pueda terminar siendo condenado, pero por un delito menor como el de haber sobornado a unos cuantos ‘paras’.
La otra gran ironía es que una eventual condena de Uribe no le caería nada mal ni a la derecha colombiana, que anda de capa caída desde que su líder máximo está en juicio, ni a la izquierda delirante de Petro, que anda repartiendo hostias.
Desde las orillas uribistas saben que cualquiera que sea la decisión, la figura del expresidente puede revivirse. Si lo absuelven, se podrá alegar que todo fue un plan urdido por sus enemigos para desprestigiarlo y, si es condenado, Uribe apelará la decisión y en el entretanto el proceso muy seguramente acabará prescribiendo, pero el expresidente quedará convertido en un mártir frente a sus seguidores.
La derecha, que sabe de estigmas y de cómo montar campañas mentirosas contra los funcionarios judiciales que no se pliegan a sus designios, podrá entonces reencauchar la tesis de que todo este juicio ha sido producto no de un proceso judicial transparente, sino de una persecución política. Eso fue lo que dijo en 2020 cuando la Corte Suprema de Justicia imputó a Uribe y le impuso medida de aseguramiento por los cargos que hoy lo tienen ante un juicio. En ese momento, el propio Uribe salió a decir que los magistrados que lo habían investigado eran auxiliadores de las Farc y que estaban cumpliendo órdenes del expresidente ‘castrochavista’ Juan Manuel Santos. Simultáneamente, los medios uribistas se prestaron como aves de carroña para divulgar informaciones falsas dirigidas a desprestigiar a los magistrados y a los testigos contra Uribe.
Sin embargo, a pesar de que se orquestó una gran mentira y de que muchas de esas noticias falsas se convirtieron en verdad, su estrategia no les alcanzó para impedir que Uribe fuera acusado y llevado a juicio. Ahora quieren repetir la fórmula, pero con algunos cambios. Saldrán a despotricar de la juez, se le irán a la yugular a los abogados que representaron a las víctimas de Uribe dentro del proceso, montarán historias para desprestigiar a la justicia como lo hicieron en su momento contra los magistrados que imputaron a Uribe. Y se le echará la culpa de todo, ya no al expresidente Santos, sino a Gustavo Petro. Con ese libreto, que ya conocemos, el país se va a polarizar aún más entre la izquierda y la derecha. En esa puja, como ya me vaticinó uno de los ideólogos uribistas, “va a ganar la derecha, como sucedió en 2018”.
No creo que este país sea el mismo del 2018, pero sí creo que a la izquierda de Petro, que está más interesada en polarizar que en gobernar y que mandó al carajo el acuerdo nacional, le vendría como anillo al dedo una radicalización de la derecha. Si el país se va hacia los extremos —creen ellos—, se podría borrar el centro, que es donde están hoy los votos y los candidatos que podrían competirles. Y si Uribe es condenado, se podría catapultar la figura de Iván Cepeda como candidato presidencial. El senador del Pacto Histórico fue una de las víctimas del plan que habría montado el expresidente para sobornar a testigos. Cepeda sería el único político en Colombia que podría decir que derrotó al expresidente en los estrados judiciales, un triunfo que muchos le van a reconocer, si es que Uribe es condenado.
La gran ironía, otra de tantas, es que Cepeda, un senador que ha sido artífice del acuerdo nacional, que siempre ha mantenido la ponderación en sus actos y en su manera de referirse a sus oponentes, podría terminar siendo el candidato de una izquierda radical que poco lo interpreta.
Esta Colombia polarizada entre una derecha uribista que puede revivir y que carga un largo manual sobre cómo utilizar las instituciones para su propio beneficio y una izquierda petrista que aprendió a estigmatizar y a robar como la derecha, no es el país que nos prometió Gustavo Petro cuando muchos votamos por él.
La buena noticia es que somos muchos los colombianos que estamos hasta la coronilla de las guerras y de las confrontaciones y que no queremos que la política se convierta en un arma de guerra para destruir al opositor.
Ni Colombia se debería incendiar porque Uribe termine condenado, ni tampoco a la justicia se le tendría que decapitar, si lo absuelve. Pero se va a incendiar porque el discurso político está dominado por dos extremos que nos están obligando a odiar.
