Procuraduría abrió indagación previa a funcionarios del DNI por denuncias de 'chuzadas' a magistrados

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra miembros aún no identificados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) debido a la supuesta interceptación ilegal de comunicaciones de magistrados de la Corte Constitucional y el perfilamiento de familiares de funcionarios judiciales.

El Ministerio Público revisará si existen autorizaciones judiciales emitidas por organismos oficiales de inteligencia para tales acciones. Asimismo, se tomará declaración al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, uno de los principales denunciantes, quien relatará las circunstancias de las presuntas irregularidades que identificó en sus comunicaciones. 

Altas Cortes se pronunciaron sobre las supuestas chuzadas

Varios funcionarios de la Corte Constitucional ya se han pronunciado sobre este caso, incluso sostuvieron una reunión con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para discutir las acusaciones de interceptaciones ilegales.

Como resultado de este encuentro, se ordenó iniciar inmediatamente las investigaciones correspondientes en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

La seriedad de la situación ha motivado una declaración conjunta de las máximas autoridades del sistema judicial colombiano.

En un comunicado firmado por la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, el presidente del Consejo de Estado, Milton Chaves García, y el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, se manifiesta un fuerte rechazo a los hechos denunciados.

"Rechazamos con vehemencia los hechos que han sido puestos en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, que, de verificarse, ponen en riesgo la independencia de la rama judicial", expresa el documento. Los firmantes solicitan a la Fiscalía que identifique y sancione a los responsables de estas interceptaciones ilegales.

Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz también solicitaron investigar las supuestas interceptaciones ilegales. 

"La JEP no puede dejar de expresar su preocupación, ya que, de comprobarse esta situación, se afectaría su independencia y autonomía; además se configuraría una grave contradicción de los principios democráticos (…) así como una clara amenaza a la seguridad de los magistrados y magistradas de esta Jurisdicción”, se lee en el documento.

La respuesta de Petro sobre las interceptaciones ilegales

Frente a las acusaciones, el presidente Gustavo Petro afirmó que su administración no está implicada en las chuzadas y que los informes sobre las supuestas interceptaciones son falsos, provenientes de "grupos de extrema derecha" que buscan socavar las relaciones entre el Gobierno y las diferentes ramas del Estado.

"Si al magistrado Ibáñez le han llegado WhatsApp con esa información, solo es víctima de los grupos de extrema derecha que buscan no solo romper las relaciones personales al interior del Gobierno sino del Gobierno con las otras ramas del Estado. (Hay que) dejar de caer en ingenuidades que construyen los grupos nazis", dijo Petro.