Historia de dos expresidentes: Uribe y Trump

Imagínese a un expresidente de la república en la octava década de su vida, una figura profundamente polarizadora durante su mandato que hizo campaña sobre una plataforma, sobre todo, de derecha y se presentó como un hombre de carácter que rescataría al país del caos y el estancamiento. 

El antiguo jefe de Estado se presentó ante a sus simpatizantes como una persona ajena al “sistema” que se enfrentaría a él y a una clase política absolutamente corrupta. Acabaría con muchas de las antiguas normas que dictan cómo se deben hacer las cosas en los pasillos del poder de la capital de su país. Pero durante su presidencia, este líder poco tolerante a las críticas atacaría a los medios como un enemigo institucional del pueblo y revelaría una perturbadora afinidad con estilos autoritarios de gobierno. 

Hoy en día ese mismo político es acusado de haber cometido graves delitos, y pasará a la historia como el primer expresidente de su país en haberse enfrentado a un juicio penal.

Si todo esto le resulta familiar a decenas de millones de estadounidenses este mes mientras transcurre el juicio a Donald Trump en una corte del Bajo Manhattan por pagos no reportados para silenciar historias en su contra durante la campaña presidencial de 2016, también puede resonar con colombianos de diversos orígenes.

El anuncio del pasado 9 de abril sobre la intención de la Fiscalía General de la Nación de imputar a Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos ha estremecido a la política colombiana. También sienta el ambiente para uno de aquellos “juicios del siglo” que sin duda generará un cubrimiento intenso en los medios de comunicación. 

Los dos delitos que se le imputan conllevan penas en prisión de entre cuatro y ocho años, y el experimentado fiscal Gilberto Villarreal será el encargado de liderar el intento de poner a Uribe tras las rejas. En esencia, las acusaciones caen dentro de dos categorías  amplias. La primera – y la que los expertos legales consideran será mucho más fácil de probar – sostiene que Diego Cadena, un abogado contratado por Uribe, realizó pagos a testigos claves en el caso de la parapolítica para que estos cambiaran sus testimonios de tal manera que beneficiaran al expresidente. En la segunda categoría se afirma que Uribe le ordenó personalmente a Cadena  pagar dichos sobornos. 

Estas acusaciones pesan sobre Uribe desde que la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de prisión domiciliaria en agosto de 2020 en conexión con la investigación judicial de dos masacres que ocurrieron durante su mandato como gobernador del departamento de Antioquia en la década de los noventa.

Esa misma corte revocó la medida dos meses más tarde cuando los magistrados concluyeron que la evidencia que indicaba que Uribe había participado del mismo tipo de manipulación de testigos de la que hoy se le acusa era insuficiente. 

Entonces, ¿qué cambió? La elección de Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general de la nación en marzo pasado puede haber tenido algo que ver. Su antecesor, Francisco Barbosa, fue criticado en algunas esferas por supuestamente retrasar deliberadamente el avance del llamado “caso Uribe” y solicitar su preclusión en dos oportunidades. Si bien la fiscal de 59 años no participará directamente en la judicialización de Uribe, Camargo fue una de las tres candidatas para ocupar el cargo postuladas por el presidente Gustavo Petro el año pasado.

Lo anterior ha desatado denuncias de los aliados más fervorosos de Uribe acerca de una supuesta persecución política, lo cual atrae comparaciones con los pronunciamientos en los que Donald Trump ha afirmado ser la víctima de una revancha partidista orquestada por su sucesor Joe Biden y otros líderes del Partido Demócrata.

La noticia de la decisión de la Fiscalía de formular escrito de acusación en contra de Uribe ocho días antes de la fecha de prescripción para ambos delitos ha dividido a los colombianos según unas líneas partidistas y de maneras previsibles que los votantes estadounidenses conocen muy bien.

“Existe la sensación entre quienes apoyan a Uribe de que (las acusaciones) son un asunto relativamente trivial, y que estas son totalmente eclipsadas por todas las cosas buenas que hizo”, dice Michael Shifter, exdirector del centro de pensamiento El Diálogo Interamericano y quien es profesor de política latinoamericana en la Escuela del Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown. “Sus críticos sienten que esto ha sido demorado, pero es positivo que rinda cuentas y como esto reivindica algunas de las críticas que se le han hecho a Uribe en el pasado”. 

Varios analistas legales y políticos han interpretado la noticia de la imputación y posterior juicio a Uribe como una señal positiva acerca del estado de la independencia y autonomía judicial en Colombia.  

“En múltiples instancias previas, cuando (los fiscales) intentaron archivar este caso, la rama judicial le llamó la atención públicamente a la Fiscalía por desestimar algunas de las evidencias incriminatorias en contra de Uribe", anota Sergio Guzmán, un analista de riesgo político de Bogotá. “Uno de los magistrados de la Corte Suprema regañó a los fiscales por no hacer su trabajo". 

Para la opinión pública, el resultado de un eventual juicio, para el cual se espera se fije una fecha en audiencia formal del próximo 17 de mayo, es aún incierto. Guzmán ve las acusaciones contra el expresidente como “creíbles”, pero un reconocido abogado penalista no está de acuerdo. 

 “Lo veo sumamente difícil para la Fiscalía", afirma Fabio Humar, quien ha representado a personas imputadas en el sistema judicial colombiano por más de 20 años. “La Fiscalía tendría que demostrar que Uribe cometió el delito usando las mismas pruebas que anteriormente la Fiscalía usó para tratar de cerrar el caso". 

Tampoco es claro el efecto que todo esto tendrá sobre el futuro político de Uribe. La misma persona que dominó la política colombiana durante los ocho años de su mandato y que se opuso ferozmente al acuerdo de paz negociado con las Farc por su sucesor, Juan Manuel Santos, se ha convertido en una suerte de figura en declive recientemente. 

Esto supone un claro contraste con Donald Trump, quien ha logrado consolidar su control sobre el Partido Republicano de los Estados Unidos desde el 2021 cuando con renuencia abandonó la Casa Blanca. “Uribe no ha liderado a la oposición en la manera en la que Trump sí lo ha hecho”, dice Guzmán. “Uribe ha quedado más prudente a la manera en la que se enfrenta a Petro". 

Pero eso podría cambiar considerablemente en las próximas semanas y meses. Guzmán ve a un Uribe más resoluto en las semanas a partir del anuncio de la Fiscalía del 9 de abril– como lo señaló Mark Twain en 1897 en una carta dirigida a un periodista quien preguntaba por el estado de salud del reconocido escritor estadounidense, los rumores del fin político de Uribe pueden terminar sonando como “una exageración.” 

“El mejor aliado de Uribe puede resultar ser lo que está sucediendo con Petro y el desastre que ha sido su mandato", dice Eduardo Gamarra, profesor de política y relaciones internacionales de la Florida International University de Miami. “El péndulo regresará a la derecha en las próximas elecciones, y Uribe gozará de algún grado de reivindicación política". 

Pero, ¿qué pasa si Uribe es enjuiciado y se le declara culpable de los delitos de los cuales se le acusa?

“Será interesante ver cómo usarán los oponentes de Petro la condena de Uribe en las próximas elecciones. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue acusado de todo tipo de cosas e incluso fue a prisión antes de regresar al poder. 

“Muchos pensaron que Uribe se había convertido en un cadáver político, pero yo no creo que sea así”, agrega Gamarra. “Álvaro Uribe no puede ser presidente de nuevo – pero definitivamente puede designar al próximo presidente".