De la economía naranja al estallido cultural y tributario
La economía naranja fue un rotundo fracaso político a pesar de que tuvo un relativo buen desempeño en algunos de sus instrumentos. Análisis de un experto en políticas culturales.
Por David Melo
Fotos: Colprensa
Artistas, intelectuales y gestores culturales de todos los rincones del país rechazaron durante cuatro años la economía naranja, uno de los conceptos bandera del proyecto político del expresidente Duque. Hoy celebran esperanzados los anuncios del estallido cultural del presidente Petro, que reconoce el papel central que ha tenido la cultura como escenario de resistencia, de crítica y de reflexión en el largo camino del conflicto político y social de nuestro país.
La llamada economía naranja es el resultado de una larga historia de análisis de las relaciones entre cultura y desarrollo y, en particular, del diseño de estrategias para darle sostenibilidad a las artes, los medios y el patrimonio cultural, sostenibilidad entendida de manera integral -social, cultural, política, ambiental, tecnológica, económica-, y cuyo referente más divulgado desde hace décadas es el concepto de industrias culturales. Estas industrias han tenido diversas iniciativas de política pública, las primeras -restrictivas- en 1918, Fondo de los Pobres, o 1932, para sufragar gastos de la guerra contra el Perú, las dos gravando los espectáculos públicos. Después vinieron las leyes de fomento del cine de 1942, la llegada de la televisión pública en 1954 y la ley Esmeralda Arboleda para el fomento del libro en 1958, para mencionar solo algunas de las iniciativas de protección e incentivo más antiguas.
¿La economía por encima de la cultura?
Una de las impresiones más fuertes que dejaron los discursos del expresidente Duque y de sus voceros en la Vicepresidencia, consejerías presidenciales y en varios de los ministerios y entidades involucradas, es que se estaba privilegiando el mercado y el emprendimiento y desconociendo el valor intrínseco de las artes, los medios y el patrimonio cultural. Tanta dispersión de voceros y mensajes produjo además confusión en los alcances que el gobierno dio al concepto de economía naranja: algunos la entendieron como sinónimo de tecnología digital, innovación o emprendimiento en cualquier sector de la economía.
¿Libertad de expresión?
Diferentes señales del gobierno saliente, como las presiones para la alteración de la programación de la televisión pública, las sospechas de incidencia en la selección de artistas para participar en eventos internacionales, el perfilamiento en redes sociales de líderes de oposición -incluidos artistas e intelectuales- y la hostilidad hacia medios y líderes de opinión más críticos, socavaron la confianza en el respeto del gobierno a la libertad de expresión -y, por lo tanto, también a la libertad de creación artística- en amplios segmentos del sector cultural, medios de comunicación independientes y de la población en general.
Acuerdo de paz, centros de memoria, víctimas, posconflicto, grupos étnicos, diversidad de género, enfoque territorial.
Gestos permanentes durante el período del gobierno de desconocimiento del Acuerdo de Paz, el nombramiento de líderes con posiciones negacionistas en instituciones de preservación de la memoria, dificultades en el acceso a los nuevos beneficios para poblaciones y territorios vulnerables, convirtieron la economía naranja en la antítesis de los programas tradicionales del Ministerio de Cultura.
El lado bueno.
Y sin embargo, algunos instrumentos de la economía naranja se diseñaron bien, para integrarse al sistema de incentivos que garantizan derechos culturales reconocidos por la Constitución desde 1991.
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Estas industrias han tenido diversas iniciativas de política pública, las primeras en 1918, Fondo de los Pobres, o 1932, para sufragar gastos de la guerra contra el Perú, las dos gravando los espectáculos públicos. Después vinieron las leyes de fomento del cine de 1942, la llegada de la televisión pública en 1954 y la ley Esmeralda Arboleda para el fomento del libro en 1958.
La mayor contribución de la economía naranja fue la creación de nuevas y algunas potentes fuentes de financiación: incentivos fiscales para el mecenazgo cultural, mayor presupuesto para el Ministerio de Cultura, programas en siete ministerios y dos departamentos administrativos, nuevos programas en 17 departamentos y sus municipios. Se estructuró y puso en funcionamiento la Corporación Colombia Crea Talento, CoCrea -que, abierta a la participación de varios ministerios, universidades, cajas de compensación y cámaras de comercio, constituye el mejor instrumento para manejar incentivos fiscales, el nuevo FonCultura y cualquier programa con perspectiva territorial que ponga en marcha el gobierno entrante. Entre los cuatro nuevos incentivos fiscales hay tres ya en funcionamiento con buenos resultados -descuento de renta por CINA, deducción de renta por CoCrea, exención de renta por siete años (ya finalizado)- y uno de reciente puesta en marcha: obras por impuestos en áreas de desarrollo naranja.
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En pocos meses, CoCrea ha puesto en funcionamiento el nuevo incentivo fiscal diseñado con base en los primeros que se aprobaron para el sector audiovisual en 2003, esta vez para todas las artes, los medios y las expresiones del patrimonio cultural.
El balance al final del gobierno Duque muestra que todos los programas nuevos de economía naranja se financiaron con incrementos de presupuesto, la participación de la economía naranja no superó el 4,5 por ciento del presupuesto total del Ministerio de Cultura y no se sacrificó por lo tanto ninguno de sus programas tradicionales. Con el Ministerio de Educación y el Sena se consolidó el diseño de cualificaciones de oficios del sector cultural y con el Ministerio de Trabajo se planteó una hoja de ruta para mejorar las condiciones laborales en el sector cultural 2020-2025. El Departamento Nacional de Planeación, los ministerios de Cultura y Comercio, y la Dirección de Derecho de Autor, entre otros, aprobaron dos Conpes, de economía naranja y de propiedad intelectual, que definen prioridades, acciones, responsabilidades y presupuestos hacia el próximo futuro. Se restructuró con el Dane la Cuenta Satélite de Cultura, se publicaron reportes periódicos del desempeño del sector cultural y se consolidó la red de observatorios culturales. Se preparó el informe del desempeño de Colombia frente a la Convención de Unesco sobre la Diversidad Cultural y se realizó validación internacional de la propuesta de política para la economía creativa con expertos de Unesco, el BID, la Ocde, entre otros.
La pandemia
No cabe duda de que el sector cultural fue el más afectado, entre todos los sectores de la economía, por las restricciones de la pandemia. Hubo reacciones pertinentes del gobierno nacional y de algunos gobiernos locales, tanto a través de programas de impacto general que beneficiaron al sector cultural -ingreso solidario, Paef-, como de otros específicos a través de convocatorias públicas, modificación de la Ley de Espectáculos Públicos y asistencia técnica para la virtualización. Sin embargo, no fueron suficientes para mitigar los graves efectos de la pandemia. La falta de acciones de mayor impacto, en especial por parte de los ministerios de Cultura y de Comercio, impidieron al gobierno Duque alcanzar las metas de participación del PIB cultural en la economía.
El estallido cultural y la reforma tributaria
La llegada de Patricia Ariza al Ministerio de Cultura rompe una tendencia en la historia de esta entidad de nombramientos de líderes sin práctica artística o académica, o experiencia específica en la gestión cultural. Desde su designación, la nueva ministra ha abierto un diálogo franco con el fin de identificar rápidamente las modificaciones que exigen tanto la estructura del ministerio como la conformación de sus equipos y la orientación de sus programas centrales, para consolidar lo que ha llamado “el estallido cultural”, que hemos visto desde la emocionante posesión del presidente Petro y su vicepresidente Francia Márquez.
Casi al tiempo, el gobierno radicó una reforma tributaria que elimina una gran proporción del sistema de financiación de la cultura que se ha desarrollado desde la Constitución de 1991, basado en darle al gobierno la responsabilidad principal de promover la creación artística y la apropiación social del patrimonio cultural, con participación del sector privado y contribuciones financieras de las mismas comunidades en algunas actividades en donde ello es más probable. En este sistema, los gobiernos nacionales, departamentales y municipales asumen casi en su totalidad los costos de inversión y operación de bibliotecas públicas, orquestas sinfónicas y una amplia gama de expresiones que constituyen el patrimonio material e inmaterial de la nación -archivos, museos y centros de memoria, preservación del patrimonio linguístico, arqueológico y sumergido, restauración de bienes muebles e inmuebles-. Otros campos tienden a funcionar en modelos de gestión mixta, como los teatros, la música, la producción editorial, el audiovisual, las radios comunitarias, algunos de los museos y centros de memoria, festivales de tradiciones y culturas populares, que cuentan con incentivos para la participación privada y, en muchos casos, son sostenidos con aportes del público.
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La falta de acciones de mayor impacto, en especial por parte de los ministerios de Cultura y de Comercio, impidieron al gobierno Duque alcanzar las metas de participación del PIB cultural en la economía.
Con los anuncios de la reforma tributaria, el audiovisual, tal vez el sector más consolidado, ha reaccionado con eficacia para exigir la continuidad de los instrumentos de las leyes 814 y 1556: gracias al descuento en el impuesto de renta, con impacto fiscal reducido y cuidadosamente programado y controlado en concertación con el Ministerio de Hacienda y la DIAN, el CINA ha logrado en apenas tres años atraer una inversión extranjera de 1.3 billones, crear en medio de la pandemia nuevos empleos en diferentes campos de las artes -actuación, música, dramaturgia, escenografía, iluminación, vestuario, maquillaje, imagen y sonido-, activar proveedores de servicios turísticos en locaciones por todo el país, en lugares afectados por la crisis del covid, y contribuir al desarrollo, creación y producción de obras audiovisuales de talento nacional para el consumo internacional. El nuevo gobierno puede fácilmente ajustar la reglamentación de este instrumento para buscar su uso en un mayor número de empresas audiovisuales y regiones de Colombia, y conseguir que sea aplicado en la creación de obras audiovisuales con historias cada vez más diversas y en mejores condiciones laborales para todos los involucrados. Este incentivo estará vigente hasta 2032.
Beneficios para todas las artes y la cultura.
La caja de compensación familiar de Medellín COMFAMA, la Cámara de Comercio de Bogotá, las universidades del Valle y Jorge Tadeo Lozano, los ministerios de Cultura y de Comercio, han liderado la conformación de la entidad mixta CoCrea, cuyo objetivo es unir esfuerzos públicos y privados para acompañar programas culturales de impacto en todas las regiones del país. Se espera que CoCrea reciba nuevos socios gradualmente, que contribuyan con sus aportes financieros y estructuras organizacionales a cumplir las metas consensuadas de los programas bandera del nuevo gobierno que coincidan con las agendas sociales y culturales del sector académico y la empresa privada.
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En este sistema, los gobiernos nacionales, departamentales y municipales asumen casi en su totalidad los costos de inversión y operación de bibliotecas públicas, orquestas sinfónicas y una amplia gama de expresiones que constituyen el patrimonio material e inmaterial de la nación.
En pocos meses, CoCrea ha puesto en funcionamiento el nuevo incentivo fiscal diseñado con base en los primeros que se aprobaron para el sector audiovisual en el 2003, esta vez para todas las artes, los medios y las expresiones del patrimonio cultural. Con rigurosos controles y parámetros también consensuados con el Ministerio de Hacienda y la Dian, este joven beneficio ha logrado en estos meses impactar 81 proyectos culturales en 11 departamentos del país, a través de una dedicada estrategia para atraer capital privado para la cultura en medio de las secuelas de la pandemia. El nuevo gobierno puede potenciar su impacto en los territorios introduciendo ajustes pertinentes que permitan consolidarlo en los cuatro años de su administración y explotar todas las posibilidades que ofrece su diseño constitucional y legal.
Sin incentivos, presupuesto y programas sólidos no hay paraíso.
Además de la urgencia de preservar los incentivos fiscales del CINA y de CoCrea y otros fundamentales para los autores, la producción editorial, las librerías y el patrimonio cultural eliminados en el proyecto de reforma tributaria radicado en el Congreso, el estallido cultural del gobierno Petro va a requerir un incremento significativo en el presupuesto general de la nación asignado al Ministerio de Cultura, su urgente restructuración para devolverle el sentido original que se desfiguró por la economía naranja e investigar si es verdad que la administración Duque le abrió las puertas a intereses políticos y particulares, confirmando los mayores temores que tuvo el nobel García Márquez cuando se creó este ministerio.
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Con los anuncios de la reforma tributaria, el audiovisual, tal vez el sector más consolidado, ha reaccionado con eficacia para exigir la continuidad de los instrumentos de las leyes 814 y 1556
También tendrá que avanzar de manera real en la acción territorial que había prometido el gobierno Duque y buscar soluciones para incorporar muchos más procesos culturales con limitadas capacidades para cumplir las exigencias de formalización que normalmente requieren las entidades gubernamentales. Impulsar como prioridad la formación artística con el Ministerio de Educación y el Sena. Revisar las cerca de 100 declaratorias de Áreas de Desarrollo Naranja y fortalecer la asistencia técnica en aquellas que tengan verdadero potencial de consolidarse, que seguramente serán pocas. Priorizar políticas de turismo cultural y mitigar sus impactos en comunidades vulnerables, expresiones artísticas y bienes reconocidos como patrimonio cultural material e inmaterial. Consolidar las líneas del Ministerio de Ciencias en creación-investigación. Aumentar la producción de contenidos digitales de Futic a cargo del Ministerio de las TIC. Buscar mayor autonomía financiera en cerca de 1.000 municipios del país que reciben menos de 100 millones anuales por cuenta del Sistema General de Participaciones y Estampilla Procultura, respectivamente, para sus procesos culturales.
Un verdadero estallido de presupuestos, incentivos y programas para la transformación cultural que significan los tiempos de paz y que al fin reconocerían el papel de las artes, la cultura, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente en la sociedad del conocimiento que promete el presidente Petro.
frase-destacadaEl lado bueno.
Y sin embargo, algunos instrumentos de la economía naranja se diseñaron bien, para integrarse al sistema de incentivos que garantizan derechos culturales reconocidos por la Constitución desde 1991.
frase-destacadaEl lado bueno.
Y sin embargo, algunos instrumentos de la economía naranja se diseñaron bien, para integrarse al sistema de incentivos que garantizan derechos culturales reconocidos por la Constitución desde 1991.
La mayor contribución de la economía naranja fue la creación de nuevas y algunas potentes fuentes de financiación: incentivos fiscales para el mecenazgo cultural, mayor presupuesto para el Ministerio de Cultura, programas en siete ministerios y dos departamentos administrativos, nuevos programas en 17 departamentos y sus municipios. Se estructuró y puso en funcionamiento la Corporación Colombia Crea Talento -CoCrea- que, abierta a la participación de varios ministerios, universidades, cajas de compensación y cámaras de comercio, constituye el mejor instrumento para manejar incentivos fiscales, el nuevo FonCultura y cualquier programa con perspectiva territorial que implemente el gobierno entrante. Entre los cuatro nuevos incentivos fiscales hay tres ya en funcionamiento con buenos resultados -descuento de renta por CINA, deducción de renta por CoCrea, exención de renta por 7 años (ya finalizado)- y uno de reciente puesta en marcha -obras por impuestos en Áreas de Desarrollo Naranja-.
El balance al final del gobierno Duque muestra que todos los programas nuevos de economía naranja se financiaron con incrementos de presupuesto, la participación de la economía naranja no superó el 4.5% del presupuesto total del Ministerio de Cultura y no se sacrificó por lo tanto ninguno de sus programas tradicionales. Con el Ministerio de Educación y el SENA se consolidó el diseño de cualificaciones de oficios del sector cultural y con el Ministerio de Trabajo se planteó una hoja de ruta para mejorar las condiciones laborales en el sector cultural 2020-2025. El Departamento Nacional de Planeación, los ministerios de Cultura y Comercio, y la Dirección de Derecho de Autor, entre otros, aprobaron dos Conpes, de economía naranja y de propiedad intelectual, que definen prioridades, acciones, responsabilidades y presupuestos hacia el próximo futuro. Se restructuró con el DANE la Cuenta Satélite de Cultura, se publicaron reportes periódicos del desempeño del sector cultural y se consolidó la red de observatorios culturales. Se preparó el informe del desempeño de Colombia frente a la Convención de UNESCO sobre la Diversidad Cultural y se realizó validación internacional de la propuesta de política para la economía creativa con expertos de UNESCO, el BID, la OCDE, entre otros.
La pandemia.
No cabe duda de que el sector cultural fue el más afectado, entre todos los sectores de la economía, por las restricciones de la pandemia. Hubo reacciones pertinentes del gobierno nacional y de algunos gobiernos locales, tanto a través de programas de impacto general que beneficiaron al sector cultural -ingreso solidario, PAEF-, como de otros específicos a través de convocatorias públicas, modificación de la Ley de Espectáculos Públicos y asistencia técnica para la virtualización. Sin embargo, no fueron suficientes para mitigar los graves efectos de la pandemia. La falta de acciones de mayor impacto, en especial por parte de los ministerios de Cultura y de Comercio, impidieron al gobierno Duque alcanzar las metas de participación del PIB cultural en la economía.
El estallido cultural y la reforma tributaria.
La llegada de Patricia Ariza al Ministerio de Cultura rompe una tendencia en la historia de esta entidad de nombramientos de líderes sin práctica artística o académica, o experiencia específica en la gestión cultural. Desde su designación, la nueva ministra ha abierto un diálogo franco con el fin de identificar rápidamente las modificaciones que exigen tanto la estructura del Ministerio como la conformación de sus equipos y la orientación de sus programas centrales, para consolidar lo que ha llamado “el estallido cultural”, que hemos visto desde la emocionante posesión del presidente Petro y su vicepresidente Francia Márquez.
Casi al tiempo, el gobierno radicó una reforma tributaria que elimina una gran proporción del sistema de financiación de la cultura que se ha desarrollado desde la Constitución de 1991, basado en darle al gobierno la responsabilidad principal de promover la creación artística y la apropiación social del patrimonio cultural, con participación del sector privado y contribuciones financieras de las mismas comunidades en algunas actividades en donde ello es más probable. En este sistema, los gobiernos nacionales, departamentales y municipales asumen casi en su totalidad los costos de inversión y operación de bibliotecas públicas, orquestas sinfónicas y una amplia gama de expresiones que constituyen el patrimonio material e inmaterial de la nación -archivos, museos y centros de memoria, preservación del patrimonio linguístico, arqueológico y sumergido, restauración de bienes muebles e inmuebles-. Otros campos tienden a funcionar en modelos de gestión mixta, como los teatros, la música, la producción editorial, el audiovisual, las radios comunitarias, algunos de los museos y centros de memoria, festivales de tradiciones y culturas populares, que cuentan con incentivos para la participación privada y, en muchos casos, son sostenidos con aportes del público.
Con los anuncios de la reforma tributaria, el audiovisual, tal vez el sector más consolidado, ha reaccionado con eficacia para exigir la continuidad de los instrumentos de las leyes 814 y 1556: gracias al descuento en el impuesto de renta, con impacto fiscal reducido y cuidadosamente programado y controlado en concertación con el Ministerio de Hacienda y la DIAN, el CINA ha logrado en apenas tres años atraer una inversión extranjera de 1.3 billones, crear en medio de la pandemia nuevos empleos en diferentes campos de las artes -actuación, música, dramaturgia, escenografía, iluminación, vestuario, maquillaje, imagen y sonido-, activar proveedores de servicios turísticos en locaciones por todo el país, en lugares afectados por la crisis del covid, y contribuir al desarrollo, creación y producción de obras audiovisuales de talento nacional para el consumo internacional. El nuevo gobierno puede fácilmente ajustar la reglamentación de este instrumento para buscar su uso en un mayor número de empresas audiovisuales y regiones de Colombia, y conseguir que sea aplicado en la creación de obras audiovisuales con historias cada vez más diversas y en mejores condiciones laborales para todos los involucrados. Este incentivo estará vigente hasta 2032.
Beneficios para todas las artes y la cultura.
La caja de compensación familiar de Medellín COMFAMA, la Cámara de Comercio de Bogotá, las universidades del Valle y Jorge Tadeo Lozano, los ministerios de Cultura y de Comercio, han liderado la conformación de la entidad mixta CoCrea, cuyo objetivo es unir esfuerzos públicos y privados para acompañar programas culturales de impacto en todas las regiones del país. Se espera que CoCrea reciba nuevos socios gradualmente, que contribuyan con sus aportes financieros y estructuras organizacionales a cumplir las metas consensuadas de los programas bandera del nuevo gobierno que coincidan con las agendas sociales y culturales del sector académico y la empresa privada.
En pocos meses, CoCrea ha puesto en funcionamiento el nuevo incentivo fiscal diseñado con base en los primeros que se aprobaron para el sector audiovisual en el 2003, esta vez para todas las artes, los medios y las expresiones del patrimonio cultural. Con rigurosos controles y parámetros también consensuados con el Ministerio de Hacienda y la DIAN, este joven beneficio ha logrado en estos meses impactar 81 proyectos culturales en 11 departamentos del país, a través de una dedicada estrategia para atraer capital privado para la cultura en medio de las secuelas de la pandemia. El nuevo gobierno puede potenciar su impacto en los territorios introduciendo ajustes pertinentes que permitan consolidarlo en los cuatro años de su administración y explotar todas las posibilidades que ofrece su diseño constitucional y legal.
Sin incentivos, presupuesto y programas sólidos no hay paraíso.
Además de la urgencia de preservar los incentivos fiscales del CINA y de CoCrea y otros fundamentales para los autores, la producción editorial, las librerías y el patrimonio cultural eliminados en el proyecto de reforma tributaria radicado en el congreso, el estallido cultural del gobierno Petro va a requerir un incremento significativo en el presupuesto general de la nación asignado al Ministerio de Cultura, su urgente restructuración para devolverle el sentido original que se desfiguró por la economía naranja e investigar si es verdad que la administración Duque le abrió las puertas a intereses políticos y particulares, confirmando los mayores temores que tuvo el nobel García Márquez cuando se creó este ministerio.
También tendrá que avanzar de manera real en la acción territorial que había prometido el gobierno Duque y buscar soluciones para incorporar muchos más procesos culturales con limitadas capacidades para cumplir las exigencias de formalización que normalmente requieren las entidades gubernamentales. Impulsar como prioridad la formación artística con el Ministerio de Educación y el SENA. Revisar las cerca de 100 declaratorias de Áreas de Desarrollo Naranja y fortalecer la asistencia técnica en aquellas que tengan verdadero potencial de consolidarse -que seguramente serán pocas-. Priorizar políticas de turismo cultural y la mitigación de sus impactos en comunidades vulnerables, expresiones artísticas y bienes reconocidos como patrimonio cultural material e inmaterial. Consolidar las líneas del Ministerio de Ciencias en creación-investigación. Aumentar la producción de contenidos digitales de FUTIC a cargo del Ministerio de las TICs. Buscar mayor autonomía financiera en cerca de 1.000 municipios del país que reciben menos de 100 millones anuales por cuenta del Sistema General de Participaciones y Estampilla Procultura, respectivamente, para sus procesos culturales.
Un verdadero estallido de presupuestos, incentivos y programas para la transformación cultural que significan los tiempos de paz y que al fin reconocerían el papel de las artes, la cultura, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente en la sociedad del conocimiento que promete el presidente Petro.
