Comienza la discusión sobre el salario mínimo

El próximo miércoles, 30 de noviembre, comienza la negociación del salario mínimo para 2023 entre sindicatos, empresarios y el gobierno, en medio de una inflación que supera el 12 por ciento, una expectativa de aumento que podría llegar a 20 por ciento y la petición de los sindicatos sobre el control de precios.

Según las cifras históricas del Banco de la República, la última vez que Colombia tuvo un incremento de ese rango fue en 1997, hace 25 años, cuando se aprobó un aumento de 21 por ciento y el salario mínimo pasó de 142.700 a 172.000 pesos. Hoy el salario mínimo legal mensual en Colombia se ubica en un millón de pesos, después del aumento de 10,07 avalado por el gobierno Duque para 2022.

Desde el Consejo Gremial se considera un aumento del orden de 13 por ciento. Los economistas ven razonable un incremento entre 13 y 15 por ciento y los sindicatos van a apuntar a que llegue al menos hasta 20 por ciento.

En el Ministerio de Hacienda se habla de que José Antonio Ocampo no dejará que el salario suba más allá de 13 por ciento. Sin embargo, es la primera vez que una ministra y un viceministro de Trabajo que han pertenecido a las huestes sindicales actúan en la mesa de concertación como gobierno. Así que hay expectativa de cómo la cercanía a los sindicatos puede influir en esta cifra que, aunque se negocia, casi siempre se fija por decreto.

La jefa de cartera de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, explicó que este miércoles se conocerá la cifra de productividad y que el 6 de diciembre se entregará al país la cifra de aumento del salario mínimo. “Lo que vamos a buscar es que se favorezca a las mayorías colombianas nacionales y que se proteja el valor adquisitivo del salario”, dijo la funcionaria, recalcando lo que ya hace unos días dijo el presidente Petro, al asegurar que "de nada sirve un incremento del salario mínimo entre 10 y 15 por ciento si la canasta familiar crece más".

Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), está en la misma tónica y explicó que la política que permitirá mantener el poder adquisitivo de los salarios debería plantearse a través del control de precios. “Por eso plantearemos que haya control al precio de los servicios públicos domiciliarios, en particular de la energía, para que se revise la fórmula con la cual se calcula el precio del kilovatio; que se revise el precio de los medicamentos a la baja, que se controle la tasa de cambio mediante la figura administrativa, como se hacía en los años 80, y que el superintendente financiero desactive la autorización de la tasa de interés de usura”, indicó Maltés.

Frente al control de precios, el economista Daniel Gómez, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, aseguró que es una mala idea, ya que el control de precios propicia el acaparamiento y, por ende, la escasez; esto sin hablar de la aparición de los mercados negros y de los racionamientos de los productos controlados, como ha sucedido en otros países. "Esto no va a mejorar el problema de la inflación que es otro", precisó.

María del Pilar López, profesora de economía de la Universidad de los Andes, afirmó que meterse con la tasa de cambio sería absurdo y el peor escenario posible en este momento porque eso implicaría que el Banco de la República intervenga diariamente para comprar y vender dólares, especialmente para vender, y eso podría hacer que el país se quede sin reservas internacionales, lo que en la práctica haría que la tasa de cambio termine más disparada.

Los empresarios llegan a la mesa pidiendo responsabilidad. Dicen que no se puede pensar en un salario mínimo demasiado alto, pues hay que tener en cuenta la inflación, especialmente de alimentos, y que, pese a los datos altos de crecimiento, hay baja generación de empleo. Hablan también de la necesidad de una reforma laboral que reconozca mejor la productividad de los trabajadores, permita flexibilidad e incentive la formalización para que haya mejores beneficios para los trabajadores además del salario.

Por su parte, Anwar Rodríguez, vicepresidente de Anif, estima que una cifra razonable de aumento de salario mínimo sería una entre 13,5 y 14 por ciento. “El incremento de salario mínimo alto tiene consecuencias negativas en términos de un mayor costo fiscal, del reconocimiento de las pensiones, pago de nómina de empleados públicos y una mayor dificultad en el mercado laboral”. De hecho, esta semana se conocerá la cifra de desempleo, que a septiembre llegaba a 10,7 por ciento.