El derecho al aborto: lo que se logró en 2022 y lo que se vendrá en 2023

El 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional publicó la sentencia C-055, que le dio vía libre a que todas las mujeres, sin ninguna causal, tuvieran acceso al aborto hasta la semana 24 de gestación, en todo el territorio nacional.

El hecho, liderado por el movimiento Causa Justa, se convirtió en un hito en la lucha por los derechos reproductivos de la mujer en todo el mundo. Sin embargo, aún quedan muchas batallas por librar en 2023. 

“Sabemos que las batallas que vienen no son menores”, aseguró Ana Cristina González, pionera del movimiento Causa Justa y quien este año fue elegida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Lo primero, según ella, será enfrentar las peticiones de nulidad presentadas ante la Corte por parte de grupos que se oponen al aborto.  

“Entendemos, por supuesto, que estos grupos y algunas figuras políticas harán un esfuerzo para que la Corte declare la nulidad de la sentencia y se restrinjan los derechos reproductivos de las mujeres. Por eso, nosotras tendremos que continuar trabajando para que esto no ocurra, pues sabemos que la consolidación de estos derechos es la gran batalla del feminismo para este siglo”. 

Para González, esta será una batalla política, en la que la posición que tome el Gobierno de Gustavo Petro será esencial: “Esta decisión judicial se debe proteger. Las peticiones de nulidad no tienen piso jurídico alguno. Ya el Ministerio de Salud dio una primera circular que garantiza y le da un espaldarazo a esta resolución. Sin embargo, tendremos que seguir consolidando esta batalla que será tan importante como la que libraron las mujeres cuando tuvieron que pelear por el derecho al voto”. 

Existe el derecho, pero es difícil hacerlo cumplir

A pesar de que la Corte estableció que todas las mujeres, sin distinción alguna, podían tener acceso al procedimiento, aún hay muchos obstáculos que impiden hacerlo realidad. Las colectivas feministas han detectado los más frecuentes: profesionales de la salud que se declaran impedidos por objeción de conciencia, centros médicos que no tienen los elementos para realizar un aborto e incluso autoridades que aún persiguen activamente a las mujeres que intentan practicarse un aborto. 

Aunque las mujeres han empezado a acudir más abiertamente a lugares como Oriéntame –uno de los centros de salud sexual y reproductiva más antiguos en el país–, aún hay limitaciones físicas sociales. Se sabe, por ejemplo, que en las zonas de conflicto armado es difícil que las mujeres puedan hacer cumplir el derecho. Así como también se sabe que muchas mujeres se inhiben para hacerlo cumplir porque sus parejas se lo impiden. En este sentido, afirmó González, la lucha será por garantizar, con la ayuda del Estado, que estas mujeres puedan tomar libremente decisiones sobre sus cuerpos y, al mismo tiempo, protegerse de la retaliación de sus parejas. 

La batalla crucial será la de conseguir la nulidad del delito del aborto, pues, a pesar de la sentencia, hay mujeres recluidas en centros penitenciarios por haberse practicado un aborto. 

“Se demostró en la sentencia que el delito del aborto es un delito injusto, contraproducente y discriminatorio. Todas esas razones las reconoció la Corte en su decisión cuando dijo que el delito del aborto vulneraba el derecho a la salud, a la igualdad y a la libertad de conciencia. Pero con la nueva regulación, de alguna manera ese delito también se torna obsoleto. Sin embargo, no dejó de ser un delito en su totalidad y para que las mujeres sean realmente consideradas ciudadanas plenas, los servicios de aborto tienen que regularse fuera del ámbito penal”. Lo más importante para González es que la sociedad comprenda que la lucha por el derecho al aborto no es otra cosa distinta de garantizar que las mujeres tengan pleno derecho a decidir por sí mismas.