15 Marzo 2022

Condenan a 13 años de prisión al exsenador Antonio Guerra de la Espriella, por caso Odebrecht

Exsenador Antonio Guerra de la Espriella, en una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, en marzo de 2020.

Crédito: Colprensa

La Corte Suprema de Justicia probó que el excongresista Antonio Guerra intermedió para favorecer a la empresa brasilera Odebrecht y por ello lo condenó a una sentencia de 13 años y seis meses de cárcel y $1.400 millones de multa. Durante esta investigación, la justicia encontró que el exsenador habría evadido seis años de impuestos.

Por: Guillermo Gomez

Antonio Guerra de la Espriella, economista de profesión, de 66 años de edad, es de una familia de políticos sucreños. Su hermana María del Rosario es actualmente congresista por el Centro Democrático y él mismo ejerció como senador entre 1998 y 2018. Hoy fue condenado por “adherir a una estructura criminal transnacional a la que entregó su investidura como senador”.

 

Durante el juicio a Guerra de la Espriella, la corte de magistrados encontró una sorpresa cuando revisó los movimientos de dinero: durante seis años (2012-2017) no declaró 3.000 millones de pesos ante la Dian.

Condena contra Antonio Guerra

Apartes de la sentencia que condena al exsenador de Cambio Radical Antonio Guerra de la Espriella.

El papel de Guerra en Odebrecht

Guerra de la Espriella, de acuerdo con el fallo, aceptó mover sus influencias para agilizar un contrato de estabilidad jurídica ante el Ministerio de Transporte con el que se mantuvieron las condiciones tributarias de la concesionaria Ruta del Sol de la que hacía parte Odebrecht. El papel del condenado fue lograr que se firmara el mencionado contrato antes del 31 de diciembre de 2012. Según el también exsenador Bernardo 'Ñoño' Elías Vidal, la urgencia de esa firma era porque se encontraba en curso el trámite de una reforma tributaria que subía los impuestos y se quería evitar que esas cargas impactaran a la firma brasileña.

Pero esa no fue la única labor de Guerra de la Espriella. En 2014 hizo parte del grupo que gestionó sin proceso de selección pública, una adición al contrato que tenía como propósito la construcción y mejoramiento del corredor vial Ocaña-Gamarra. Esa adición que viabilizó obras anexas al contrato inicial, se aprobó en marzo de 2014 en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 

Durante el juicio a Guerra de la Espriella, la corte de magistrados encontró una sorpresa cuando revisó los movimientos de dinero: durante seis años (2012-2017) no declaró tres mil millones de pesos ante la Dian.

Sobre esa gestión, Elías Vidal, quien fue el testigo estrella para esta condena, tuvo dos versiones respecto de Guerra de la Espriella. En marzo de 2018 cuando estaba buscando beneficios judiciales para su propia condena, dijo que Guerra de la Espriella había tenido una participación “leve”. En una segunda versión, en noviembre de 2020, Elías Vidal aseguró que Guerra de la Espriella no tuvo nada que ver con el asunto.

La Sala de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia creyó la primera versión, al considerarla confiable, natural y espontánea. Además porque el lobbista Otto Bula señaló ante la justicia que Elías Vidal le envió un mensaje de texto en el que le comentaba las gestiones de Guerra de la Espriella para el tema Ocaña-Gamarra. 

Gestiones más allá del oficio de congresista

Aunque es normal que los parlamentarios impulsen proyectos que favorezcan sus regiones, en este caso lo que llamó la atención es que tanto Elías Vidal como Guerra de la Espriella estaban interesados en una obra afuera de sus áreas de influencia, pues el tramo dos de la carretera Ocaña-Gamarra correspondía a Cesar y Norte de Santander, no a Córdoba ni Sucre, departamentos de los que son oriundos los excongresistas. 

Un tercer hecho que devela la participación de Guerra de la Espriella en las actividades delictivas desplegadas por Odebrecht, tiene que ver con el interés de la firma portuguesa Afa Vías en adquirir al menos el 51 por ciento de la participación accionaria de Odebrecht en la concesionaria Navelena, a pesar de que Afa Vías no tenía músculo financiero y no había participado en la licitación pública que culminó con la adjudicación del contrato de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena.

Aquí el papel de Guerra de la Espriella estuvo relacionado con actividades ante la Financiera de Desarrollo Nacional y los bancos Agrario, Colpatria y Davivienda, donde se buscaba el apalancamiento para la sociedad Afa Vías a cambio de una retribución económica y no porque quería trabajar en beneficio de la comunidad.

Si bien Afa Vías no logró el respaldo financiero de las entidades a las que acudió a través de las gestiones de los lobbistas, la Corte Suprema de Justicia recalca en el fallo que no puede perderse de vista que el concierto para delinquir es un delito de mera conducta que no requiere del resultado para que se constituya como transgresión a la ley. 

El delito que le genera la mayor cantidad de años de prisión es el de enriquecimiento ilícito, sin embargo, Guerra de la Espriella seguirá en libertad porque tiene derecho a una segunda revisión del fallo.

En Colombia la firma Odebrecht pagó coimas por al menos 11 millones de dólares para asegurar contratos de obras de ingeniería e infraestructura entre 2009 y 2014, como lo hizo en 26 países más.

Condena contra Antonio Guerra

 Fallo que condena a 13 años y medio de prisión al excongresista Antonio Guerra de la Espriella.

El magistrado disidente

Jorge Caldas es el magistrado que se apartó del fallo condenatorio al señalar que sus compañeros especularon, hilaron excesivamente delgado, tergiversaron palabras de los declarantes y pusieron al testigo estrella Bernardo Elías Vidal “a decir cosas que no dijo”. 

Caldas adujo que el argumento para sustentar que el acusado fue promotor del concierto para delinquir “es poco menos que forzado”, señalando que Guerra de la Espriella adhirió a la organización delictiva una vez esta se encontraba en desarrollo. 

Respecto del delito de enriquecimiento ilícito, asegura que los otros dos magistrados se dedicaron “a tomar partes de un dictamen y a realizar sus propias cuentas para concluir en un incremento por justificar”, dice, además, que no se valoraron integralmente los estudios de tres expertos sobre el patrimonio del acusado.

Sobre el tráfico de influencias refiere que aunque las dudas deben resolverse a favor del procesado, los magistrados Ariel Torres y Blanca Barreto hicieron una aplicación inversa, y que a partir de conjeturas y de extractar frases sueltas por fuera del contexto real de toda la prueba, se redactó la condena.

 Advierte que los dos colegas que condenaron a Guerra de la Espriella construyeron una acusación con nuevos cargos. “En tanto desconoció el pliego de cargos, elaboró unos nuevos y sobre ellos se pronunció, lo que podría enmarcarse dentro de una infracción al principio de congruencia”, se lee en el texto firmado por Caldas, quien además rechaza que pruebas inexistentes se hayan tomado como soporte a la decisión de condena.

Dice que la decisión lanza frases sin sustento probatorio y que cuando los testigos se pronuncian sobre aspectos que pueden respaldar la decisión de condena, se admiten sin cuestionamientos, pero cuando apuntan a la absolución, o al menos a la duda, son tachados de faltar a la verdad.

También se refiere al volumen del fallo con signos de admiración: “(¡cuatrocientas veinte páginas, 420!)”, y asegura que tal cantidad de hojas es evidencia de que se tuvo que dar muchas vueltas para concretar la condena. Amplía su disentimiento al decir que no se trata de escribir cientos de folios si no se tiene un hilo conductor que una las pruebas con los hechos juzgados. “Por mucho que se escriba nada se dice puntualmente sobre la verdadera responsabilidad…más bien se acude a argumentos rebuscados con una enorme fragilidad que solo llevan a concluir que en el caso no hay certeza de la responsabilidad del procesado”, escribió Caldas. 

Jorge Caldas era inicialmente el ponente del caso Guerra de la Espriella y había presentado un proyecto declarándolo inocente, pero su postura fue derrotada por los otros dos magistrados. Ese es el motivo por el que el magistrado Ariel Torres redactó la nueva sentencia que fue apoyada por su colega Blanca Barreto.