Versiones que no cuadran en la operación militar del Putumayo

En el caserío del Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, solo quedaron los fantasmas del tiroteo y de quienes perdieron la vida. Se oye el silencio de una tragedia y los rumores de la tropa que aún hace presencia en la zona. Las casas están vacías y sus habitantes se sienten estigmatizados, desplazados, ofendidos. También dan vueltas, como los buitres que rondan las 15 casas, las afirmaciones oficiales de que allí lo que había ese fin de semana era un bazar cocalero y que todos los caídos son criminales.

Ha pasado casi un mes desde la madrugada del 28 de marzo y son muchas las declaraciones que Gobierno y Ejército han dado sobre lo ocurrido, pero muy pocas explicaciones. En este pueblo fronterizo con Ecuador aún retumba el trino del presidente Iván Duque cuando presentó el resultado operacional como un incuestionable éxito. A lo que se han sumado las declaraciones que rindieron esta semana los generales Juan Carlos Correa, jefe del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Trasnacionales, Conat, y Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército. Han hablado extensamente sobre el operativo, pero, lejos de aclarar lo sucedido, sus versiones han servido para aumentar la confusión. 

Los periodistas de Cambio, El Espectador y Vorágine que trabajaron de forma conjunta en la reconstrucción de lo ocurrido chequearon todas las comunicaciones que han presentado las fuentes oficiales. Sus versiones fueron puestas bajo la lupa para identificar elementos comunes y contradicciones en las explicaciones ofrecidas al país, así como para hacer un ejercicio de contrastación con los testimonios y los análisis de algunos expertos en derecho internacional humanitario y ciencias forenses.

No hay muerto bueno

El primero en hacer un reporte oficial de lo ocurrido en el Alto Remanso fue el ministro de Defensa, Diego Molano, quien aseguró que en operaciones ofensivas “contra disidencias de las Farc” neutralizaron nueve criminales y capturaron otros cuatro. Lo secundó el presidente Duque dos horas y media más tarde, pero sumó dos muertos más e igualmente presentó a los “neutralizados” y capturados como “integrantes de las disidencias” y “criminales”.

Un día después, el 29 de marzo, el Ejército emitió un comunicado en el que consignó que en el operativo “se produjo la neutralización de 15 presuntos miembros del grupo armado organizado residual estructura 48, que harían parte de la Segunda Marquetalia”. También explica que fueron 11 los muertos y cuatro los capturados, quienes “también pertenecían a la estructura” y resultaron heridos, entre ellos “una mujer en estado de embarazo, quien pese a ese estado haría parte de esta estructura criminal y habría participado en el ataque con arma de fuego a las tropas”. Asimismo, reportaron un soldado herido y la incautación de “seis armas de fuego, material de intendencia y munición”.

Para el 30 de marzo, el Ejército dio a conocer un nuevo parte operacional. En ese momento ya era conocida la información de que los combates se dieron en medio de un bazar comunitario, y que entre los muertos se encontraban un gobernador indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal y su esposa, y un menor de edad. Lo que explica que el nuevo comunicado empezara advirtiendo: “El Ejército Nacional confirmó que la operación militar desarrollada en las últimas horas en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, es legal y legítima”. En este documento, por primera vez explica que el operativo fue contra alias Bruno, cabecilla de los “autodenominados Comandos de la Frontera”. 

Además, el comunicado incluye la versión del soldado herido por “un individuo que portaba fusil y vestía de civil” y que la aeronave militar con la que se iba a evacuar al herido no lograba aterrizar porque “fue recibida con disparos de fusil”. Respecto al aterrizaje de los helicópteros, el mismo general Correa da otra versión en su entrevista con Caracol Radio del pasado miércoles. En ella dice que “no pudimos insertar los helicópteros para el apoyo por la meteorología, por eso coordinamos con la infantería de marina”.

No todos los muertos eran de los comandos, dice la comunidad

Los casi 30 testimonios coinciden en afirmar que entre los muertos hay personas que pertenecían a los Comandos de la Frontera, quienes ese día se encontraban armados con fusiles en medio del bazar. De igual manera, señalan que también murieron integrantes de la comunidad. Es el caso de Divier Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal; su esposa, Ana María Sarrias, quien se encontraba en embarazo; el menor de edad Bryan Santiago Pama y el gobernador indígena, Pablo Panduro. Sobre ellos existen numerosos testimonios que los catalogan como personas de la comunidad que murieron en estado de indefensión y que no portaban armas. 

De ahí la necesidad de que los oficiales de las Fuerzas Militares aclaren cómo murieron todas las personas reportadas y entreguen las pruebas de su pertenencia a la organización criminal. El abogado Rodrigo Uprimny advierte que la posible razón por la cual el Ejército no acepta la muerte de ningún civil en desarrollo de estas operaciones es porque esto obligaría a las autoridades a explicar cómo aplicaron en este caso los principios de precaución y proporcionalidad del DIH. 

“Conforme al principio de proporcionalidad, un ataque a un objetivo militar se torna ilegítimo si es susceptible de causar incidentalmente muertes o heridos en la población civil que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa buscada. Si el objetivo militar de valor, en este caso el jefe guerrillero Bruno, ya no se encontraba en el bazar, entonces resulta muy difícil justificar el ataque. Es por esto, que en las explicaciones del Ejército advierten que entre los muertos hay combatientes y colaboradores que tomaron parte en las hostilidades”. 

La explicación del jurista guarda relación con las declaraciones del general Correa, quien fue repetitivo en esta tesis. “Se tiene la información por parte de la inteligencia militar de que, con base en el perfil delictivo de cada uno, sí son miembros de esta estructura. Ellos fueron básicamente identificados por la inteligencia, empleando medios técnicos, medios humanos y también que hicieron parte de esta actividad bélica en contra de nuestros hombres. Fueron unos elementos armados que también atacaron y atentaron contra nuestros hombres”, expresó en Caracol Radio, sin explicar por qué hay más muertos que armas. 

Más adelante, el mismo general agregó: “Todo el personal era parte de una estructura organizacional. Acordémonos de que una estructura de estos grupos organizados tiene dos componentes: un componente en armas y un componente de apoyo. Ese componente de apoyo también se convierte en componente de armas, como ha ocurrido en diferentes partes de Colombia”. Y detalla: “Cuando se hace la operación, tenemos una información de esta estructura que está en el área de operaciones. Por eso, nosotros iniciamos un proceso con nuestra inteligencia de verificar quiénes son las personas que quedaron muertas en desarrollo de nuestra operación militar. Y por eso vuelvo y les confirmo que, con base en esa información de inteligencia que se tiene a hoy, todas las personas que murieron en desarrollo de las operaciones militares son presuntos miembros de esta estructura. Ellos son miembros que tienen alguna relación con esta estructura o participaron en esta confrontación, en estas hostilidades”.

Es importante advertir que el general Correa es el primero en introducir la palabra “presuntos” antes de señalarlos como integrantes del grupo, como ya lo habían hecho el presidente y el ministro de Defensa. Al respecto, y con menos cautela, habló el general Zapateiro, quien en entrevista con Noticias RCN, dijo: “Las 11 personas pertenecen a una estructura criminal que es el GAOR 48”. 

Cuando el entrevistador pregunta sobre la muerte de la mujer embarazada (Ana María Sarrias) y del menor de edad, el comandante del Ejército señala: “No es la primera operación donde caen mujeres embarazadas o caen menores de edad que son combatientes colombianos, combatientes. La estructura criminal tiene integrantes que hacen parte de la estructura y que están en el momento de las acciones que se hacen contra las Farc”. Y sentencia: “Estaban en combate. Estaban en la línea de muerte”.

La explicación más clara sobre el caso de Sarrias, de 24 años, en estado de embarazo y madre de una niña de seis y un niño de dos, la dio Correa en la W Radio: “Ella estaba con esa estructura. Participó no solamente en estas actividades, sino también, lo manifiestan nuestros soldados que estaban observando, es que ella empezó a quitarle el material de guerra, me imagino que era su misión o su forma de operar, quitar el material de guerra y el equipo al personal que estaba muerto y tirarlo al río. En ningún momento teníamos conocimiento oficial de que esa persona estaba embarazada, es una mujer que cae a la orilla del río con la estructura armada en esos actos hostiles”. La explicación da por sentado que no era combatiente y la pone en rol de colaboradora que participó de las hostilidades.

Bryan Santiago Pama

En el caso de este adolescente de 16 años y habitante del caserío, sus familiares han rechazado la acusación de pertenencia al grupo armado, y los testigos de su muerte aseguran que corría en dirección a su casa, posiblemente buscando refugio. Aunque los testimonios recogidos dan cuenta de que no iba armado, sí advierten que corría muy cerca de un hombre con un fusil al que intentó ayudar cuando este cayó herido. Al respecto, Correa dijo: “Fue parte de las actividades hostiles con su armamento”. 

En esta misma materia, Zapateiro evitó dar mayores detalles: “Quiero ser muy cuidadoso con lo que está haciendo nuestra Fiscalía, y esos detalles, que los tienen muy claros mis soldados; quiero decirles a los colombianos que yo estoy tranquilo como comandante del Ejército y estoy respaldando a todos los comandantes en los diferentes niveles del mando porque, hablando con los soldados, puedo darme cuenta y percibir en ellos que tienen clarísima la discriminación de cada blanco, de que quedó en la línea del río muerto en desarrollo de operaciones”.

Una alta fuente del Ministerio de Defensa reportó que el menor de edad y la otra persona caídos a la orilla del río, según informes, estaban armados; y que un soldado vio que el menor de edad estaba en posición de tiro. La misma fuente reveló un detalle importante para el esclarecimiento de lo ocurrido: asegura que las personas que habrían muerto por disparos del Ejército son ocho y que las otras tres murieron por disparos de la misma organización armada a la que “pertenecían”. Al ser preguntado sobre la razón por la cual el Ejército los presenta como bajas legítimas en combate si fueron muertos por las disidencias, simplemente no dio respuestas. 

Fuego amigo a favor del enemigo

El apunte del funcionario explica otro elemento que han introducido los generales en sus distintas declaraciones, y es que las tropas habrían sido atacadas desde Ecuador, y desde una lancha. Así lo advirtió Zapateiro: “Quiero precisarte a ti y a los colombianos que en el lugar de los hechos había una estructura criminal también en territorio ecuatoriano. Esta estructura en el momento de los combates también empezó a disparar de manera indiscriminada hacia el lado colombiano. Entonces, podría decirte que ahí hubo cruce de fuego por parte y parte, y decirte que los que quedaron en la línea del río estaban participando de manera directa en las hostilidades contra el Ejército”.

Correa también ilustró este ambiente de balacera cruzada en sus entrevistas con W Radio y Caracol. Eso sí, ninguno se ha atrevido a afirmar que hay muertos de los que ellos no son responsables, pero se empieza a abrir camino la tesis de que algunos de los muertos que no portaban armas sí participaron en las hostilidades como colaboradores de la organización, y que alguno pudo haber caído producto del ataque indiscriminado de sus compañeros. Como sea, una escuadra militar no puede reaccionar de la misma manera frente a un enemigo armado que frente a un presunto colaborador desarmado. Es legítimo ante el primero responder el fuego, pero a los desarmados corresponde llevarlos ante la autoridad respectiva porque las Fuerzas Militares no tienen facultades punitivas que les permitan aplicar justicia de manera sumaria y, menos aún, la pena de muerte.

Gobernador en la mira 

Otro de los casos sensibles para la comunidad es la muerte del gobernador indígena Pablo Panduro. Para los kitcwhwa, la muerte de su autoridad tiene un alto costo colectivo, ya que era una persona que transmitía conocimientos en medicina tradicional y difusión de su lengua. Las versiones de los testigos lo retratan como un hombre afable y risueño. Pocos en la comunidad sabían su nombre y era conocido como Pantalón porque hace años se volvió objeto de burlas porque tenía puesto uno muy grande para su talla. Por eso, para su familia ha sido doloroso que la fuerza pública le asigne este apodo como un alias de guerra y lo atribuya a labores de inteligencia. En un video grabado por un habitante del caserío se pueden ver y oír a varios pobladores reclamándole a los militares por la muerte del gobernador, y los acusan de ponerle un fusil para legalizar su muerte. 

El general Correa dijo sobre Panduro: “La inteligencia lo determina con unos antecedentes en diferentes partes de la estructura. Cuando iniciamos la operación, se observa a un sujeto que les dispara de manera indiscriminada con un fusil con mira telescópica. Un fusil con mira no se le entrega a cualquier persona. Que él tenga un rol de líder indígena es diferente, lo que nosotros en el área vemos es una persona armada, atentando contra nuestros hombres, que les dispara en repetidas ocasiones y ellos lo identifican y por eso lo neutralizan. Porque está disparando de manera indiscriminada desde el área hacia la parte externa donde estamos”.

Pablo Panduro cayó en la cancha de microfútbol. Una fotografía lo retrata sin camisa, con varias heridas en el pecho y una en la mano izquierda, la cual cuelga de un trozo de tejido. Un investigador forense consultado por los periodistas aseguró que la disposición del cuerpo podría ser la de alguien que porta un fusil, pero también la de alguien que hizo un gesto de rendición en el momento de ser alcanzado por las balas. En el caso de que estuviera armado, sería una rareza militar que cargara el arma con su brazo menos hábil, ya que por varias fuentes pudimos establecer que el gobernador era diestro. Quienes lo conocieron decían, además, que siempre cargaba el bastón de mando que acredita su autoridad comunitaria.

Movimiento de cuerpos y actos urgentes

Sobre este y otros aspectos tendrá que ser la Fiscalía la que, con exámenes técnicos, demuestre que Panduro, Pama, Sarrias o Hernández murieron portando armas y tomando parte en el combate. También tendrá que aclarar si los cuerpos de estos y los otros muertos fueron movidos de los lugares donde cayeron, pues el Ejército sostiene que solo tocó los cuerpos del hombre y el menor de edad que cayeron al río y que tuvieron que ser recuperados y asegurados, razón por la cual les tomaron las fotos en tres ubicaciones que fueron reveladas en los informes periodísticos y que se entregaron al CTI. 

Precisamente, sobre la hora y el modo como llegaron los investigadores de la Fiscalía existen diferencias en las versiones entregadas. El Ejército da horas diferentes a las reportadas en los informes de inspección de los cadáveres, en los que, dicho sea de paso, se consigna una curiosidad: dice que los cuerpos fueron encontrados en posición natural, pero el análisis forense de estas actas de inspección advierte que todos estaba en la misma posición, decúbito supino, boca arriba, con los brazos abiertos y con los pies apuntando en la misma dirección, lo que permite inferir que los investigadores los encontraron apilados en un mismo lugar, que es lo que dice la comunidad que ocurrió. 

Tampoco es claro lo que ocurrió con alias Bruno, el cabecilla objetivo principal de la operación del Ejército, pues la primera versión que dieron los oficiales en terreno es que “lo habían tenido que dejar escapar para no causar bajas civiles”. Mientras que en las declaraciones a medios de comunicación el general Correa aseveró: “En el momento en que se inicia la operación se estima que Bruno está en el sitio, está en ese lugar. Cuando se desarrollan los actos urgentes, y se observan las 11 personas muertas en el desarrollo de operaciones militares, ahí empieza la averiguación de ver si está o no está. Posteriormente, con inteligencia militar, nos enteramos de que él la noche anterior salió”, y explicó que solo se dieron cuenta de su ausencia después de la realización del operativo. Las declaraciones parecen mostrar que, infortunadamente, las tropas dispararon primero e investigaron después si el cabecilla estaba entre los civiles. 

Por ahora lo que se tiene son las versiones enfrentadas de los habitantes, testigos de la operación y familiares de las víctimas, contra los testimonios que dan los comandantes de Ejército, quienes aún tienen muchas explicaciones pendientes, ya que nadie puede comprender cómo en un “bazar cocalero”, como lo han llamado, no se incautó ni una hoja de coca; tampoco es creíble que en una operación que desencadenó una balacera en medio de al menos 50 personas, los muertos, heridos y capturados sean todos pertenecientes a la organización criminal. A esta operación le siguen faltando claridad documental sustentada en pruebas técnicas, ya que una muerte no se puede justificar tan solo con un informe de inteligencia militar, cuya fecha de creación se debe presumir anterior al ataque.