El detrás de cámaras de la investigación de Agro Ingreso Seguro

Por Simón Posada

Fue una jugada de laboratorio. Así como los directores técnicos de un equipo de fútbol estudian a sus rivales para evitar que metan gol, los periodistas José Manuel Reverón y Harold Abueta, de la revista Cambio en 2008, llevaban años analizando cómo funcionaba la corrupción del país y sabían más o menos bien cómo se perdían los dineros públicos. Robar dinero y moverse con él es muy peligroso y los delincuentes lo saben. Es por eso que la corrupción no solo funciona con dinero en efectivo en bolsas, sino en una serie de artimañas, favores políticos y burocráticos.

Era el año 2008, la popularidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez estaba por las nubes por cuenta de sus logros militares contra la guerrilla de las Farc. Acababa de estallar el escándalo de la yidispolítica, en el que la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina admitió haber recibido dádivas ofrecidas por el Gobierno para votar a favor de la reforma que daba vía libre a la segunda reelección de Uribe.

​​“Aquí no salen más escándalos porque no hay periodistas que se metan en eso. Mientras estamos hablando, hay alguien haciendo un entramado para ver cómo robarse la plata del Estado. Debe haber agro ingresos seguros por todo lado”, concluye Reverón.

Reverón y Abueta intuyeron que, así como en la yidispolítica se habían pagado favores con ofrecimientos de puestos y notarías, tenía que haber otros ministerios impulsando sus agendas con métodos parecidos. Hicieron entonces una especie de árbol genealógico de cada ministerio, con sus viceministerios, subdirecciones y proyectos, y enviaron derechos de petición para pedir información sobre qué subsidios estaban dando, cuáles eran las condiciones y quiénes eran los beneficiarios. 

“Menos mal estás tú”, le dijo Rodrigo Pardo a Reverón un día en que solo él estaba sentado en la sala de redacción, “aquí está el ministro Andrés Felipe Arias, me pidió una reunión”. En la sala de juntas se sentaron el entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y su viceministro Juan Camilo Salazar, con María Elvira Samper, codirectora de la revista Cambio, Rodrigo Pardo y Reverón. 

Arias fue hasta las oficinas de la revista, ubicadas en ese entonces en el edificio de la Casa Editorial El Tiempo, para decirles que había recibido un derecho de petición sobre un tema que quería explicar personalmente: se trataba de su proyecto estrella, diseñado por él mismo y que había llamado Agro Ingreso Seguro, una línea de crédito del Gobierno para entregar préstamos o subsidios con bajas tasas de interés para el desarrollo agropecuario. Reverón dice que la sensación que le quedó después de esa reunión fue que Arias, palabras más, palabras menos, les había querido decir que no le enviaran derechos de petición: que él, “con mucho gusto”, les explicaría todo. Al despedirse, les dijo que pronto les enviaría la información solicitada. ¿Por qué otros ministros no los habían visitado después de la solicitud? ¿Por qué un ministro se tomaba el tiempo para encargarse, él mismo, de visitar a un periodista que mandó un derecho de petición, algo rutinario entre medios de comunicación y entes gubernamentales? 

Pasó el tiempo y Reverón seguía con la idea en la cabeza de que había algo raro detrás de Arias y Agro Ingreso Seguro. Sus jefes, Samper y Pardo, habían quedado satisfechos con la explicación del ministro, pero él no. Además, cuando le enviaron los documentos sintió que todo estaba diseñado para desestimular la investigación: letra pequeña Times New Roman y tantas páginas como si fueran tres tesis de grado. Además, sus múltiples obligaciones en la revista, la presión de los cierres, la corrección de textos, entre otros, hacían que fuera difícil abordar la tarea. No tenía cómo argumentar que no iba a escribir nada en meses solo por un pálpito que podría confundirse con una obsesión. 

Reverón y Abueta piensan que detrás de todos los nombres desconocidos que leyeron podía haber otros “agro ingresos seguros” ocultos, casos de corrupción cubiertos con el manto del anonimato de esos nombres.

Reverón tenía libres los domingos en esa época: “No tenía hijos, y Santa Fe o no jugaba, o ya lo habían eliminado o estaba en otra vaina”. Así que dice que empezó a leer todo con el detalle de Cien años de Soledad. En el ventanal de siete metros del balcón de su casa empezó a dibujar con marcadores y papelitos un árbol genealógico como el de los Buendía, pero esta vez con nombres de empresas que no le decían nada y apellidos como Vives, Lacouture, Dangond, Dávila, Sardi, Villamizar y combinaciones entre todos. Se trataba, nada más y nada menos, de las familias del poder en la costa atlántica colombiana que, además, se han casado entre sí por generaciones. 

Mientras él estaba en esa búsqueda, otro reportero iba a encontrarse con una pista. El cáncer de la corrupción hace metástasis y, por ello, en un allanamiento en agosto de 2009 a la oficina del senador santandereano Alirio Villamizar, en la que encontraron información contable de notarías que le habían dado en 2006 por haber apoyado la primera reelección de Uribe, las autoridades también hallaron en una caja fuerte un subsidio no reembolsable de Agro Ingreso Seguro por 496.400.000 millones de pesos para Danny Alirio Villamizar Meneses, hijo del senador. 

Ese dinero, además, pudo disfrutarlo sin pagar ningún impuesto gracias a una ley que hizo su papá cuando trabajaba como coordinador de ponentes de la reforma al Estatuto Tributario, que decía que quienes llegasen a recibir ayudas de Agro Ingreso Seguro no tendrían que pagar impuesto de renta o de ganancia ocasional. El reportero Arnulfo Méndez, de Noticias Uno, empezó a hacer lo que Reverón ya venía haciendo desde hacía casi un año con los beneficiarios de los subsidios de 2007, 2008 y 2009. Méndez, además, quedó con muchas dudas cuando vio que Alirio Villamizar había estado en la ceremonia de renuncia de Andrés Felipe Arias, en febrero de 2009, para lanzarse como precandidato presidencial por el Partido Conservador para las elecciones de 2010. 

Leer esos documentos era desgastante. Cientos de nombres de personas y empresas que no le dicen nada al lector puede ser muy agotador y frustrante. Reverón y Abueta piensan que detrás de todos los nombres desconocidos que leyeron podía haber otros “agro ingresos seguros” ocultos, casos de corrupción cubiertos con el manto del anonimato de esos nombres. Así, mientras Méndez buscaba nombres, a Reverón se le apareció la virgen, una virgen en forma de Señorita Colombia 2005: Valerie Domínguez. Ese nombre resaltaba entre tantos Vives, Lacouture, Dangond, Dávila, Sardi y Villamizar. Al hacer cruces, encontró que era la novia de un Dávila: el comisionista de bolsa Juan Manuel Dávila Fernández de Soto.

Después de la primera publicación en la revista Cambio, titulada “Riego de dineros públicos”, Andrés Felipe Arias, ya como candidato presidencial, volvió a pedir una cita con Rodrigo Pardo. En una sala de juntas de la revista, estuvo durante hora y media leyendo el texto línea por línea, diciendo que toda la información había sido malinterpretada. Al final, Reverón le preguntó: “¿Hay alguna imprecisión en los datos?”. El entonces candidato dijo que no. “Entonces, ¿podría facilitarme la tarea y entregarme la lista de financiadores de su campaña?”, le dijo Reverón, generando un ataque de rabia en Arias. Esa lista nunca le fue entregada. 

En ese punto de la investigación, los datos ya habían sobrepasado las ventanas de vidrio del balcón de Reverón. Abueta, que había estado en los inicios apoyando el envío de derechos de petición y entrando y saliendo de la investigación, acompañó a Reverón en un viaje a Santa Marta en la búsqueda de las tierras de Valerie y su novio.

Allí descubrieron que las tierras de los Dávila habían sido fraccionadas en el papel en varios pedazos para recibir varios subsidios, como si se tratara de pequeños campesinos, para recibir 2.200 millones de pesos en subsidios no reembolsables. Los trabajadores de la finca decían que el novio de Valerie iba de vez en cuando y que a la exreina solo la habían visto en televisión. 

Las pistas los llevaron luego a las instalaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), donde se decidía qué proyectos de Agro Ingreso Seguro eran viables. Allí encontraron la prueba reina: un contrato en el que Valerie Domínguez arrendaba por un millón de pesos mensuales una parte de la tierra de los Dávila. Es decir: por ese valor había recibido un subsidio no reembolsable de 306 millones de pesos. Además, allí se encontraron con un funcionario llamado Carlos Manuel Polo, un ingeniero civil especializado en Ciencias Agropecuarias, exalcalde de Santa Marta y exsubgerente de Infraestructura del Incoder. Era el enlace del IICA con el Ministerio de Agricultura, cargo al que llegó como cuota de la familia Vives, beneficiaria de Agro Ingreso Seguro. “¿Es cierto que usted está aquí con ayuda de la familia Vives?”, le preguntaron los reporteros. “Sí, yo no voy a negar a mis amigos”, respondió sin vergüenza alguna. 

Esta parte de la investigación fue llevada a la portada de la revista Cambio del 24 de septiembre de 2009, edición 847. El titular: “Operación Magdalena”. El resto es historia: la Procuraduría anunció investigación contra Arias el mes siguiente. Desde ahí hasta hoy ha ocurrido una novela judicial en la que ha sido investigado, destituido, inhabilitado, prófugo en Estados Unidos y extraditado a Colombia. Al momento de esta publicación, la Corte Suprema de Justicia se encuentra revisando su caso. 

Valerie Domínguez, por su parte, se enfrentó a su exnovio en los juzgados, en otra novela judicial en la que surgieron, incluso, detalles íntimos de abuso físico y psicológico de los que fue víctima. Fue absuelta a finales de 2012, se ha dedicado a la actuación y hoy está casada con el modelo y empresario Juan David ‘el Pollo’ Echeverri, con quien tiene un hijo, Thiago. 

Toda la familia Dávila, Juan Manuel Dávila Jimeno (exsuegro de Valerie), María Clara Fernández de Soto (exsuegra), Ana María Dávila Fernández de Soto (cuñada) y Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, su exnovio, fueron sentenciados entre 22 y 20 meses de prisión y multados con cifras entre 180 y 910 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además de devolver los dineros, no tuvieron que poner un pie en la cárcel porque, por tratarse de una sentencia tan pequeña, recibieron un amparo que les permitió cumplirla sin privación de la libertad. 

Esta fue una de las últimas investigaciones de la revista Cambio en la era de Rodrigo Pardo y María Elvira Samper como directores. La Casa Editorial El Tiempo anunció el 3 de febrero de 2010 que la revista se convertiría en una publicación mensual de vida moderna y variedades, por cuenta de problemas financieros. Sin embargo, Pardo y Samper, en entrevista con Cecilia Orozco en El Espectador, afirmaron que detrás del cierre hubo motivaciones políticas, en medio de la licitación por el tercer canal de televisión en Colombia, en la que competía el Grupo Planeta, propietario de la Casa Editorial El Tiempo en ese entonces. “Me imagino a José Obdulio, al presidente Uribe y a los protagonistas de los escándalos que publicamos en Cambio, como los Valencia Cossio y Andrés Felipe Arias, muy felices con mi salida y con el cierre de la revista”, dijo Pardo.

Para Reverón y Abueta, la historia de Agro Ingreso Seguro es una especie de fábula de lo que debe ser el periodismo y su compromiso con la ciudadanía. ​​“Aquí no salen más escándalos porque no hay periodistas que se metan en eso. Mientras estamos hablando, hay alguien haciendo un entramado para ver cómo robarse la plata del Estado. Debe haber agro ingresos seguros por todo lado”, concluye Reverón.