El prostíbulo del que la designada directora del ICBF prefiere no hablar

A pesar de la oposición de algunos sectores del Pacto Histórico, quienes aseguran que Concepción Baracaldo no tiene ni la formación ni la experiencia necesaria para manejar las políticas de niñez en Colombia, su nombramiento a la cabeza del ICBF parece inminente.

Su nombre, desconocido para muchas personas en el país, es recordado en Chía, municipio vecino de Bogotá, en el que Baracaldo fue funcionaria durante el gobierno del exalcalde Fernando Sánchez.

Habitantes de ese municipio aún cuestionan a la administración de Sánchez y a su exsecretaria Baracaldo por la expedición de licencias de construcción.  

Pero un caso en el que habría menores de edad involucrados sigue generando interrogantes.

Se trata del funcionamiento de un prostíbulo en la vereda de Fagua, zona en la que la existencia de este tipo de establecimientos estaba y sigue estando prohibida y al que se le permitió funcionar, entre ires y venires burocráticos, a pesar de que la administración tenía la certeza de que allí había una casa de lenocinio.

Roberto Camargo, quien hizo parte de los cerca de 100 vecinos que pidieron durante más de un año el cierre del establecimiento, le describió a CAMBIO lo que allí sucedía a tan solo unos metros de un colegio y un jardín infantil: “Lo más espantoso del asunto es que había menores de edad. Apenas vinieron a hacer el desalojo, encontraron dos niños, uno de 8, aproximadamente y otro de 12. Eso fue algo supremamente triste”.

Pero este desalojo solo se produjo un año después de que la administración municipal hubiera determinado que el establecimiento, disfrazado de club social, era realmente una casa de lenocinio.

En octubre de 2003, el ciudadano José Gabriel Quecán le envió un derecho de petición al entonces alcalde, Luis Olivo Galvis. En el escrito le pidió al alcalde Galvis que tomara cartas en el asunto y que ordenara el cierre del prostíbulo, que funcionaba en la finca La Hermosa. 

En ese documento, el ciudadano le manifestó al alcalde Galvis que el sitio operaba bajo la permisividad de la administración local y de la Policía, y fue enfático en los constantes escándalos y disturbios generados en el lugar.

El alcalde Galvis no respondió de fondo a la petición del ciudadano y le dijo que su solicitud se encontraba en estudio.

Entretanto, el alcalde ordenó una visita al lugar, a la que asistieron funcionarios de la Secretaría de Gobierno y hombres de la Policía. En dicha visita, la administración de Chía evidenció que en el lugar funcionaba un prostíbulo y por medio de un oficio del 20 de octubre de 2003, el entonces secretario de Gobierno, Olegario Hernández, le ordenó a la inspección de Policía del municipio tomar cartas en el asunto.

Pero la orden se quedó en el papel y con la llegada de Fernando Sánchez a la Alcaldía, en 2004, los vecinos tuvieron que empezar los trámites de nuevo.

Ellos nunca se explicaron cómo el desalojo nunca se materializó si la anterior administración había evidenciado que en el lugar funcionaba un prostíbulo y había dado instrucciones para su cierre. Tampoco entendían que tuvieran que empezar de nuevo el tortuoso camino de quejas y trámites burocráticos.

Fue así como José Gabriel Quecán, el 8 de enero de 2004, le envío un derecho de petición al recién posesionado Fernando Sánchez, con el que lo puso al tanto del funcionamiento del prostíbulo y del derecho de petición que ya había enviado a su antecesor, pero no obtuvo respuestas de fondo.

En el escrito, le solicitó a Sánchez que ordenara el cierre del establecimiento, por violar las normas de uso de suelo y lamentó que el personero municipal tampoco tomara cartas en el asunto.

Dos meses después, el alcalde Sánchez le informó al ciudadano que se llevaría a cabo una reunión con los vecinos del sector para conocer sus quejas. Mientras tanto, el prostíbulo seguía funcionando.

En marzo de 2004, cinco meses después de que la anterior administración hubiera prendido las alertas de que en el lugar funcionaba un prostíbulo y diera instrucciones para su sellamiento, la entonces secretaria de Planeación, y ahora firme candidata a dirigir el ICBF, Concepción Baracaldo, le respondió al señor Quecan que no podía iniciar un proceso por infracciones urbanísticas hasta que su despacho culminara la etapa de pruebas.

Uno de los documentos más llamativos de este dossier tiene fecha de abril 5 de 2004. Se trata de un comunicado firmado por Jorge Enrique Ramírez, inspector de Policía de Chía, funcionario nombrado por el alcalde Fernando Sánchez y dirigido al entonces secretario de Gobierno, José Antonio Parrado.

En el documento, el inspector le da cuenta al secretario de las labores hechas con respecto al prostíbulo y le informa que citaron al representante legal del establecimiento, para indagar por las denuncias. El representante, un hombre llamado Javier Ricardo Noa, le dijo al inspector que allí no funcionaba un prostíbulo y también negó que allí ocurrieran riñas y escándalos.

El inspector aseguró que las fotos enviadas por José Gabriel Quecan fueron tomadas a gran distancia y no servían para inferir si, efectivamente, el establecimiento conocido como La Hermosa era una casa de lenocinio.

Con este argumento (las fotos de lejos y el testimonio del representante legal del establecimiento), el inspector de Policía manifestó no tener elementos para tomar una decisión de fondo y solicitó que fuera la Sojin la que investigara el hecho.

Dos semanas después, y tras otros operativos, el alcalde Sánchez constató lo que su antecesor había evidenciado seis meses atrás y ordenó al inspector de Policía el cierre definitivo del prostíbulo disfrazado de club social. Pero dicho cierre tampoco ocurrió de manera inmediata.

Curiosamente, días después, en una respuesta enviada al ciudadano José Gabriel Quecan, el alcalde Sánchez le reiteró lo afirmado por su subalterno. Aseguró que las fotos del prostíbulo eran lejanas y que no constituían prueba suficiente para ordenar el sellamiento definitivo del negocio. 

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Las mujeres contaron que eran recogidas en Bogotá y llevadas hasta el sitio, donde les pagaban 60.000 pesos por cliente.

En dicha respuesta, el alcalde Sánchez le compulsó copias al entonces personero Alexánder Vega, hoy registrador nacional, para que indagara si el comportamiento de los funcionarios de la Alcaldía merecían alguna investigación.

Finalmente el 19 de julio de 2004, la Alcaldía de Chía ordenó, al menos en el papel, el sellamiento definitivo del prostíbulo. En su prolongada investigación, que confirmaba lo que su antecesor había determinado, funcionarios de la Alcaldía entrevistaron a mujeres que ejercían la prostitución en el lugar y por lo menos tres testimonios de las trabajadoras sexuales confirmaban las características del lugar.

Las mujeres contaron que eran recogidas en Bogotá y llevadas hasta el sitio, donde les pagaban 60.000 pesos por cliente.

Un mes después, Javier Ricardo Noa, el propietario y representante legal del prostíbulo, envió un derecho de petición a la Policía de Cundinamarca, para saber qué pruebas había en su contra.

El mayor Óscar Iván García le respondió a Noa que tenían declaraciones juramentadas de tres trabajadoras sexuales que laboraban en el establecimiento y les reveló sus nombres.

En enero de 2005, el ciudadano Roberto Camargo le envió un derecho de petición a la entonces secretaria de Planeación, Concepción Baracaldo. Allí le expresó que la comunidad de Fagua llevaba más de un año solicitando que se cerrara el prostíbulo La Hermosa, que funcionaba a metros de un colegio y un jardín infantil. También contó que a pesar de las más de 25 comunicaciones enviadas a la administración, el establecimiento seguía funcionando. 

Le pidió que le comunicara por escrito si las normas vigentes en Chía permitían el funcionamiento de este tipo de establecimientos en las veredas. También le pidió un informe elaborado a partir de las inspecciones hechas por los funcionarios de la Alcaldía y le solicitó que desde su área tomara las medidas correspondientes para que el prostíbulo, en donde vecinos aseguran que había niños, fuera sellado y dejara de funcionar.

Según Camargo, Baracaldo nunca contestó. CAMBIO intentó hablar con la exfuncionaria sobre el tema, pero ella no permitió que se le formularan preguntas. Aseguró: “Me parece que ustedes están inventando una cantidad de cosas que no son ciertas y que son mentira”, dijo. Sin embargo, los documentos en poder de CAMBIO dicen otra cosa.

Finalmente, el prostíbulo fue cerrado el 10 de febrero de 2005.