La alerta roja por la dirección del ICBF

En una carta dirigida a Gustavo Petro y Francia Márquez, publicada el 13 de agosto pasado, distintas figuras públicas le piden al nuevo gobierno seleccionar a una persona competente en la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues, aseguran: “No queremos que nuevamente el ICBF sea entregado como cuota política para pagar favores a amigos, como ha ocurrido en varios gobiernos. Tampoco que las regionales sigan siendo la caja menor de los congresistas”.

Para la abogada Viviana Vargas, experta en derechos humanos e infancia, el instituto ha perdido su ruta: “Hoy genera más miedo y desconfianza que sentido de protección y pertenencia”. Directora de la fundación Yo sí te creo, Vargas ha acompañado en los últimos años a víctimas que han denunciado a los hogares del ICBF por violencia física, sexual y psicológica.  

Colcha de retazos

Hasta 2006, la función principal del ICBF era la atención a la niñez en riesgo (de cero a 18 años) y la atención integral a la primera infancia (de 0 a cinco años). Pero a raíz de la creación del Código de Infancia y Adolescencia, bajo la presidencia de Álvaro Uribe, el instituto asumió muchas más responsabilidades. 

Tuvo que acoplar a sus protocolos la atención integral, no ya a los niños entre 0 y cinco años, sino a todos los niños, niñas y adolescentes del país, incluso a los que no están en riesgo; los programas de alimentación, que antes asumía el Ministerio de Salud; el cuidado de niños y adolescentes con responsabilidades penales, entre muchas otras funciones. 

Según Pedro Quijano, director técnico del ICBF durante la administración de Cristina Plazas (2014-2017), la sobrecarga de labores obligó al ICBF a tercerizar la atención de los hogares. Dentro de su afán por tener una mayor cobertura en todo el territorio nacional, empezó a preocuparse más por la cantidad de niñez que cubría, que por la calidad de la atención: “Estos servicios tercerizados significan el 80 por ciento del presupuesto manejado por el instituto. Ante semejante presupuesto, los clanes políticos buscaron apropiarse de esta cartera, ofreciendo servicios muy económicos, para que les asignaran la atención a las entidades puestas por ellos, las cuales, por supuesto, no cumplían con los mínimos de cuidado”.

La abogada Viviana Vargas sostiene algo parecido: “La entidad deja de ser un doliente cuando delega toda la atención en un modelo que parece tener más un enfoque comercial y de negocios, donde se favorecen a los grandes operadores sobre aquellos que sí tienen el mérito, la experiencia y la vocación pero quizás no tanto el músculo financiero o político”.

Para completar, durante el gobierno de Iván Duque, el ICBF comenzó a encargarse de la gestión de los programas para la niñez de Familias en Acción. “Para ponerlo en palabras muy sencillas, el ICBF se convirtió en una colcha de retazos. Por eso, a pesar de que la misión es proteger primordialmente los derechos de niños, niñas y adolescentes en riesgo, en este momento no podemos decir que los esfuerzos del instituto estén encaminados a lograrlo”. 

Una puja política

Estas cargas administrativas no pasarían de ser un problema burocrático si no fuera por las denuncias alrededor de los hogares del ICBF, que deberían ser un lugar de alivio para los niños y no un motivo de angustia adicional al abandono. “El instituto ha incrementado el presupuesto año tras año. Sin embargo, cada vez encontramos más denuncias de abusos, violencia física, violencia sexual, incluso torturas, por parte de personas afiliadas al instituto a través de los hogares de paso. Esto es absolutamente insostenible porque el ICBF es ahora un terror para las familias. Se convirtió en una amenaza. Por eso le hemos venido exigiendo al presidente Petro que no se deje arrastrar por la tradición de asignar esta dirección como un favor político”, asegura Ángela María Robledo, exsenadora y excandidata vicepresidencial. 

Los nombres que suenan para la dirección son Ángela Benedetti y Claudia Romero Náder. Benedetti, hermana de Armando Benedetti, fue concejal de Bogotá y embajadora de Colombia en Panamá durante la administración de Juan Manuel Santos. El último cargo público que ocupó fue el de defensora delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, en la Defensoría de Carlos Camargo. Romero Náder, por su parte, es una activista social que hizo parte de la Secretaría de Salud de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro y cuenta con el respaldo del sindicato de madres comunitarias.

Astrid Eliana Cáceres, consultora de Unicef y quien hizo parte del empalme entre el gobierno de Duque y Gustavo Petro en los remas relacionados con el ICBF, le dijo a CAMBIO: “Encontramos una serie de denuncias de demoras en procesos de atención en adopciones y restablecimiento de derechos, situaciones de mucho dolor en las comunidades frente a respuestas urgentes que habían requerido y no llegaron; cifras de garantía de derechos muy bajas y mapas territoriales de afectación críticos".

Quizás por eso los firmantes de la carta pública le recomiendan a Petro nombrar una directora, no por conveniencia, sino por conocimiento, preparación, capacidad, antecedentes y convicción sobre los derechos de los niños. "Es muy importante que el presidente Petro comprenda que acá no podemos seguir con favores políticos, sobre todo cuando hay tanta vulnerabilidad dentro de los niños, niñas y adolescentes del país”, concluye Robledo.