6 Febrero 2022

Feminicidios en Tibú, la Ciudad Juárez colombiana

Crédito: Wil Huertas

Al menos ocho mujeres fueron asesinadas en Tibú en el lapso de tres meses. Más de 50 huyeron desplazadas ante la amenaza de hombres con cascos y la circulación de videos que las recriminaban por sus supuestas vidas sexuales, por hipotéticos abortos o por presuntas relaciones con miembros de la fuerza pública. Ya se reanudaron los desplazamientos.

Por Isabel Caballero Samper

“La prepago”, “La come viejos”, “La quitamaridos”, “La come traqueto”, “La perra”, “La diabla”, “La agasapadita” (sic), decían los letreros de las fotos de mujeres que mostraban un video que circuló el año pasado en los WhatsApp de los habitantes del municipio nortesantandereano de Tibú. Algunas fotografías parecían tomadas de las redes sociales de las mismas mujeres. Otras, en las que ellas estaban en ropa interior, tal vez no eran de dominio público. Varias tenían la apariencia de ser menores de edad. Incluso a una le pusieron el mensaje de “La inocente de 13”. Otro video decía como portada: “A continuación las más putas del pueblo de Tibú Norte de Santander ”. Y mientras rodaba el carrusel de fotos, sonaba el reguetón La quemona, que cuenta la historia de una mujer que espera a que el marido salga a trabajar para recibir a su amante. 

En los videos aparecían las fotografías de 76 mujeres con epítetos e insultos soeces: a algunas las llamaban lesbianas, a otras las acusaban de haber abortado, a otras más de ser fáciles y a algunas de ser demasiado “difíciles”, como una jovencita a quien le decían “la santa de Calcuta”. Pero en este mar de insultos misóginos se destacaban algunas mujeres a quienes acusaban de tener relaciones sexuales y afectivas o familiares con miembros de la fuerza pública ⎯“La mosa de la policía” (sic), “La come soldados”, “La come policías y sijinetos” y “La hija del sargento”⎯. En un pueblo asolado por el conflicto, como Tibú, situado en el corazón del tumultuoso Catatumbo, esta puede ser una sentencia de muerte. Y, de hecho, lo fue. 

En este mar de insultos misóginos se destacaban algunas mujeres a quienes acusaban de tener relaciones sexuales y afectivas o familiares con miembros de la fuerza pública.

El año pasado, según estadísticas de la Policía Nacional, de 76 homicidios que hubo en Tibú, diez fueron de mujeres, es decir, que el 13 por ciento de las víctimas de homicidios pertenecían al género femenino, un porcentaje alto si se tiene en cuenta que, en todo el país, solamente el 7,6 por ciento de las víctimas fueron mujeres. 

Cuatro de los asesinatos de Tibú sucedieron en abril, dos en mayo, dos en junio, uno en noviembre y uno en diciembre de 2021. Todos, salvo tres, fueron con arma de fuego. La Fiscalía registra los diez homicidios y asegura que hasta ahora han sido esclarecidos tres. 

La situación podría ser peor: organizaciones sociales como la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz hablan de que hubo más muertes. Carmen Helena García, su presidenta, asegura que fueron 16 las mujeres asesinadas en 2021. Algunos analistas del conflicto en la región concuerdan con que es posible que no todos los homicidios hayan sido registrados por las autoridades, porque en esta zona del país los policías e inspectores tienen dificultades para salir de sus estaciones y, rutinariamente, dejan los levantamientos de los cuerpos en manos de las funerarias. Tal vez otras víctimas sean migrantes y sus familias las tengan como desaparecidas, o hayan decidido llevar sus cuerpos al otro lado de la frontera. En otros casos es posible que las familias callen por miedo. 

Marcha contra el feminicidio
Marcha en contra de la violencia hacia las mujeres. Crédito: Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz.

Además de las mujeres asesinadas, decenas han huido. La Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz ayudó a 56 mujeres a salir de Tibú en 2021, pero calcula que puede haber decenas más que salieron por su propia cuenta. Muchas de ellas recibieron amenazas de hombres armados provistos de cascos y otras, aparecieron en los videos y textos intimidantes que circularon por redes sociales. Según Carmen García, de la Asociación de Madres, unas tres mujeres de las que se veían en los videos fueron asesinadas. 

La Fiscalía solo ha tipificado como feminicidio uno de estos crímenes. Pero esas muertes, que ocurrieron en medio de amenazas con insultos misóginos, sí parecen ser casos de mujeres asesinadas por su condición de tales, a tal punto que una experta como María Camila Correa Flórez, profesora de Derecho Penal de la Universidad del Rosario, asegura que estos casos le recuerdan los feminicidios de Ciudad Juárez, México, donde la aparición de mujeres muertas, muchas veces con signos de violencia sexual, se volvió tan común que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por no proteger a las mujeres ni garantizar investigaciones efectivas sobre sus crímenes. 

María Camila Correa Flórez, profesora de Derecho Penal de la Universidad del Rosario, asegura que estos casos le recuerdan los feminicidios de Ciudad Juárez, México.

La definición de feminicidio en la norma colombiana —dar muerte a una mujer “por el hecho de ser mujer”— equivale, según explica la profesora Correa, a decir que se mata por razones de género, es decir, que se trata de una violencia que busca reafirmar el lugar inferior que históricamente ha tenido la mujer en la sociedad y de castigar a las mujeres que no se comportan como deberían, como en el caso de Tibú, las que disfrutan sus vidas sexuales, las que no se ajustan a la heterosexualidad, las que han interrumpido de manera voluntaria un embarazo, las que ejercen la prostitución y las que escogen como parejas a hombres que los grupos insurgentes de la zona consideran sus enemigos. 

Pero aún así, y a pesar de los ríos de tinta que han corrido de la Corte Constitucional para abajo, por cuenta del tema de los delitos de género en el conflicto armado, la Fiscalía no parecería estar analizando los homicidios de mujeres por parte de grupos armados como delitos de género. Adriana Pérez y Gabriela Chacón, codirectoras del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, critican que la Fiscalía no está utilizando un enfoque de género para investigar desde el comienzo los homicidios de mujeres, y solo pone la etiqueta de feminicidio al final. Como la mayoría de los casos nunca llegan a la imputación de cargos, se crea una  falsa ilusión de que los feminicidios son excepciones. “Hay casi que una resistencia de la Fiscalía a abordar las muertes violentas de mujeres como feminicidios,” dice Adriana Pérez.

Marcha contra el feminicidio
‘Ni una más’ es la consigna en Tibú. Crédito: Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz.

En el Catatumbo el control social lo ejercen los grupos armados. El analista del conflicto tibuyano, José Rodríguez Vaca, recuerda que históricamente las guerrillas le han prohibido a la población tener relaciones con los miembros de la fuerza pública, no solo de tipo sexual, sino que restringen, incluso, que les vendan hasta un tinto. Las guerrillas como, en su época, los grupos paramilitares de las AUC, impusieron normas de comportamiento y aplicaron  penas que llegaban hasta el ajusticiamiento de quienes las incumplían. Recientemente, dos jovencitos fueron sorprendidos robando ropa de una tienda, y después se les vio en un video pidiéndoles perdón por su crimen a las disidencias de las Farc. Luego aparecieron asesinados al borde de una carretera.

Las investigaciones no han aclarado quiénes son los responsables de los feminicidios de Tibú. Los videos y amenazas soeces no concuerdan con el modo de actuar de los grupos armados. Contribuyen en cambio a crear la idea de que hay mujeres que se salen de la norma y deben ser castigadas para que vuelvan al orden. La mayoría de los crímenes los cometieron sicarios provistos de armas de fuego, en un municipio controlado por grupos armados ilegales. Por ello, mucha gente de la zona opina que esos sicarios sí tienen relación con esos grupos, pero ninguno ha reivindicado su autoría. 

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo mantiene vigente la Alerta Temprana 050 de noviembre de 2020, que advierte sobre los conflictos y la presencia en el territorio de múltiples grupos ilegales: disidencias de las Farc a través del frente 33 y el comando Danilo García de la Segunda Marquetalia; el ELN con los frentes Juan Fernando Porras Martínez y Efraín Pabón Pabón; el EPL con el frente Libardo Mora Toro; Los Rastrojos; varias organizaciones dedicadas al narcotráfico (entre ellas el cartel mexicano de Sinaloa), y los Pategrillos, que se dedican a la sustracción de petróleo crudo de las tuberías del oleoducto Caño Limón-Coveñas.

Sin embargo, lo que está sucediendo con las mujeres tiene otra arista. Según varias  versiones, la fuerza pública las utiliza, las presiona, las coacciona e incluso les ofrece dinero o las enamora para conseguir información sobre los grupos que controlan el territorio. Es decir, pone en riesgo a mujeres vulnerables que viven en medio del conflicto. Y no es la primera vez que se ha dicho que esa es una estrategia generalizada de la fuerza pública. Por ejemplo, en 2014, varios asesinatos de mujeres en Arauca llevaron a una investigación de La Silla Vacía sobre si era una política del Ejército enamorar mujeres para conseguir información. 

En un reciente panfleto virtual se amenaza a tres mujeres por “sapas” y se les acusa de entregar información “a los pelusos y a la Fiscalía” sobre “unos milicianos de las Farc y de los elenos”. Aunque los asesinatos parecieron haberse detenido después de marchas y pronunciamientos de la población civil, el peligro continúa y el éxodo de mujeres se mantiene en Tibú, un municipio de 59.000 habitantes de los cuales solamente el 47 por ciento son mujeres, mientras que en el resto de Colombia ese porcentaje es el 51.

¿Será que en Tibú la proporción de mujeres es menor porque las han obligado a salir corriendo?