Manifiesto del centro político

Uruguay nos dio recientemente a los latinoamericanos una lección de alto valor democrático. En medio de los últimos comicios electorales, todos los expresidentes del período post dictatorial miembros de las tres fuerzas políticas principales de la nación: Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional, firmaron un acuerdo en torno a los temas centrales que requería el país para mantener la democracia, la estabilidad política y el crecimiento económico. El nuevo presidente, Yamandú Orsi, en su discurso de posesión el 1 de marzo de 2025 afirmó sin titubeos que ese gran acuerdo nacional iba a constituir uno de los ejes principales de su mandato presidencial.

Colombia debería replicar esta experiencia excepcional. Este documento contiene una propuesta de los temas centrales de lo que podría contener un gran acuerdo nacional para evitar que nuestro país caiga en la trampa de la polarización política extrema y el agravamiento de la violencia que de manera creciente hoy afecta al país.

1. Respeto a las autoridades electorales y a sus pronunciamientos

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha adelantado los recientes comicios con eficiencia y transparencia, tal como lo ha hecho a lo largo de muchos años y lo han reconocido sin ningún titubeo todos los observadores internacionales. Resulta inexplicable que el mismo sistema electoral mediante el cual Gustavo Petro fue escogido, ahora resulte cuestionable. El supuesto fraude denunciado por éste carece de veracidad, le hace daño a las instituciones democráticas y genera un clima de pugnacidad que puede terminar en actos de violencia.
 

2. Defensa de la Constitución de 1991

La Constitución de 1991 es producto del más amplio pacto político de la historia de Colombia. Basta recordar que hubo una presidencia colectiva integrada por dirigentes de diversas tendencias ideológicas que debe preservarse, así sea susceptible en el futuro de reformas derivadas de amplios consensos nacionales.

3. Ajustes a las políticas de orden público

La creciente desaparición de motivaciones políticas por parte de los grupos armados derivados de las guerrillas del pasado y la multiplicación de organizaciones criminales exige, de manera urgente, el diseño de una nueva política para el manejo del orden público en el país, fundado en un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, una presencia del Estado en todo el territorio nacional (ante todo, en las fronteras marítimas y terrestres más vulnerables) y el debilitamiento de las rentas ilegales.

4. Una nueva política antidrogas

Aun cuando, es indispensable debilitar las rentas ilegales que alimentan a la totalidad de los “actores armados no estatales”, al mismo tiempo deben adoptarse estrategias adecuadas para proteger a los sectores pobres de la población que viven de los cultivos ilícitos, su procesamiento y transporte. ¡Tenemos alrededor de un millón de campesinos que viven del cultivo de coca. Su suerte no puede sernos indiferente!

5. Plena vigencia de los derechos humanos

La plena vigencia de los derechos humanos en ningún caso puede ponerse en entredicho. Los criminales, salvo que resistan la acción de las autoridades, deben ser capturados y puestos a disposición de la Justicia. Darlos de baja sin fórmula de juicio es inadmisible.

6. Lucha contra la corrupción

La abrumadora corrupción que padecemos no se resuelve con más normas y nuevas instancias decisorias. El uso de la contratación directa para esconder la transferencia de cuantiosos recursos a clientelas políticas es hoy un delito. También es contrario a la ley la proliferación de contratos transitorios en el gobierno central. La laxitud moral que padecemos en muchos casos ha sido propiciada por la acción del gobierno o por su negligencia. Es fundamental fortalecer, no debilitar, la carrera administrativa.

7. Superar la pobreza;  lograr equidad en la distribución de los ingresos

La preocupación por la pobreza y la equidad en la distribución del ingreso deben ser elementos esenciales de una agenda nacional y no el monopolio de ningún partido o ideología. El nuevo gobierno debe revisar las acciones adelantadas por el actual teniendo en cuenta su progresividad, eficacia y sostenibilidad.

8. Una revolución educativa

El acceso a la educación es un elemento central de la dignidad humana. Garantizar el acceso a este bien público por excelencia es tarea del Estado. La pretensión de monopolizarlo por el gobierno nos devuelve a un debate estéril que resolvimos, ojalá para siempre, en la Carta de 1991. La educación en todos sus niveles debe ser mixta y, en todo caso, de buena calidad. En promedio, y con notables excepciones, la estatal adolece de severos problemas de calidad. La deserción escolar es un problema grave, indicativo de fallas en la pertinencia curricular, y de un deterioro en la percepción de los estudiantes sobre el valor de la educación. La baja cobertura de la educación preescolar es causa eficiente de que la pobreza se transmita de una generación a la siguiente. He aquí una de las principales fuentes de la inequidad social. El nuevo gobierno debe darle a este déficit de desarrollo humano atención preferente.

9. Austeridad fiscal

En materias fiscales, la administración Petro nos ha conducido a una crisis que se hará plenamente visible tan pronto se produzca la transición hacia el siguiente gobierno. Esa crisis obedece a un crecimiento desmesurado del gasto público a nivel nacional, especialmente destinado a un aumento desmedido de la burocracia. Dada la insuficiencia del recaudo de impuestos, ese gasto ha sido financiado asumiendo volúmenes cuantiosos de deuda por la que todos los colombianos estamos pagando, sin advertirlo, costos elevados. Actuando con veracidad frente a sus electores, los candidatos están obligados a explicarnos de qué manera se proponen enfrentar este enorme reto.

10. Incentivar el crecimiento económico

La corrección de los déficits estructurales de las finanzas públicas será menos dolorosa si la economía recupera tasas adecuadas de crecimiento. Si esto ocurre, se producirán efectos virtuosos tanto en la reducción de la pobreza como en mejoras en la distribución del ingreso. Restablecer los flujos de inversión privada, que se han deteriorado en cifras significativas en estos años, es una tarea urgente; serviría para incrementar el acervo de la riqueza nacional y se traduciría en nuevos empleos en el sector productivo. En este contexto, hay que advertir la conexión virtuosa entre empleo formal, cobertura de la seguridad social, incremento de los salarios reales y mejoras en la productividad.

11. Enfrentar la crisis de la salud

La administración Petro deja como herencia al nuevo gobierno crisis muy complejas de resolver, tales como la que afecta al sistema de salud. Los candidatos deberán decirle al país cuales son las causas de la crisis y la manera de resolverla. Desde nuestra óptica, así se hayan producido actos de fraude, que en todo caso son marginales frente a la magnitud del desastre, la razón principal consiste en que los recursos que destinamos a la salud son insuficientes para garantizar a los colombianos el óptimo servicio al que aspiran.

12. Reactivar el sistema eléctrico

El gobierno actual no estableció reglas claras para estimular inversión nueva en los diferentes módulos de un sistema eléctrico que era muy bien valorado por los colombianos. En ausencia de nuevos capitales, la oferta de energía no ha crecido al ritmo necesario para garantizar la satisfacción de la demanda a mediano plazo. Estamos, pues, al borde de un “apagón”; sus consecuencias sociales y económicas serían demoledoras. Esta situación crítica depende, en lo fundamental, de dos obsesiones ideológicas: el sesgo contra el sector empresarial como actor importante del sistema; y la preferencia por ciertas fuentes de generación sin advertir que las nuevas energías, tales como la solar y la eólica, también tienen impactos sobre el medio ambiente y son inestables: dependen de si hay sol y viento. En esta fase de la campaña electoral no son admisibles declaraciones vagas y buenas intenciones. Los ciudadanos demandan, antes de decidir su voto, información clara y precisa sobre el rumbo que tomarían cada uno de los candidatos.

13. Proteger la autonomía del Banco de la República

Uno de los avances institucionales más importantes de la Carta de 1991 fue haber asignado la regulación monetaria a una entidad autónoma: el Banco de la República. Su primordial obligación consiste en velar por la estabilidad de los precios o, lo que es lo mismo, controlar la inflación. Esta institución, que existe en numerosos países, impide que los gobiernos, como consecuencia de su propensión a gastar más de lo que es posible con sus ingresos corrientes, no use la emisión de moneda como un recurso a su disposición. ¿Qué sucede cuanto esa “muralla china”, por así llamarla, se deteriora o derrumba? Una expropiación masiva (y, al comienzo, invisible) de los ingresos de los más pobres, tal como ha sucedido en Venezuela y Cuba. Teniendo en cuenta los recientes intentos del presidente Petro por debilitar al Banco, es indispensable que los candidatos expongan su posición ante esta crucial materia.

14. Una nueva política exterior para afrontar la recomposición del entorno internacional

La tradición colombiana en materia de política internacional ha consistido en mantener buenas relaciones con los distintos países del mundo, siempre en defensa del interés nacional, el cual mejor se sirve mientras mayor sea el espectro de nuestros lazos con el exterior. El gobierno actual ha arrasado con ese modelo. Ha utilizado las relaciones internacionales como instrumento de identificación ideológica con otros gobiernos, sin considerar sus efectos sobre el interés nacional. Igualmente, ha intervenido, sin escrúpulo alguno, en los asuntos internos de otros países, en especial en nuestra región. Por ejemplo, en Ecuador y Bolivia. Los candidatos deberían ilustrarnos en detalle si introducirán o no correctivos a una política internacional tan disruptiva como la actual.

Un tema de especial importancia en el terreno internacional son las relaciones con los Estados Unidos -nuestro principal socio comercial-, cuya política exterior fundada en un reavivamiento de la Doctrina Monroe ahora denominada por la prensa como la Doctrina Donroe, está generando fuertes tensiones en la región. Por ello, es indispensable un rediseño serio de las políticas bilaterales entre Washington y Bogotá.

15. Fortalecimiento de la moral pública

El país debe restablecer el valor de la verdad en los debates públicos, el respeto por los antagonistas, la moral en el ejercicio de responsabilidades estatales y la profesionalización del Estado.

Bogotá, junio 9 de 2026

Suscriben este documento los siguientes ciudadanos:

* Los candidatos que representaron las propuestas que hacen  parte de nuestro ideario político, no tendrán participación directa en la segunda vuelta electoral. Por esta razón, este grupo de ciudadanos, afines desde el punto de vista ideológico, pero sin asumir representación alguna, ponemos a consideración de los candidatos estas  ideas que nos parecen valiosas para el país .