“Ninguna rama del poder público lo puede todo”: las reflexiones de las altas cortes sobre democracia y control institucional

Tras la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo, en la que los colombianos eligieron a los dos candidatos que disputarán la Presidencia en segunda vuelta el próximo 21 de junio, el país atraviesa semanas de discusión política, polarización y debate público sobre el papel de las instituciones democráticas.

En ese contexto, la Procuraduría General de la Nación convocó la Cumbre Internacional de Instituciones Autónomas y de Control, un espacio que reunió a representantes de las altas cortes, organismos de control, medios de comunicación y líderes de opinión para reflexionar sobre los límites del poder, la vigencia de los contrapesos institucionales y los desafíos que enfrentan las democracias contemporáneas.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del académico y exministro Fernando Cepeda Ulloa, quien centró su intervención en una pregunta que atravesó toda la jornada: ¿cómo evitar los excesos del poder? 

Para desarrollar su argumento, recurrió a una de las reflexiones más conocidas de James Madison, uno de los padres fundadores de Estados Unidos: “Si los hombres fueran ángeles ningún gobierno sería necesario. Si los ángeles gobernaran, no serían necesarios ni los controles externos ni los internos”. Según explicó, la existencia de organismos de control e instituciones autónomas responde precisamente a la necesidad de establecer límites al ejercicio del poder.

Cepeda también se refirió a los desafíos contemporáneos para esos sistemas de control. Entre ellos destacó el avance de la inteligencia artificial, que  calificó como uno de los grandes “temas de nuestro tiempo”, y recordó las advertencias hechas tanto por el papa Francisco como por el papa León XIV sobre la necesidad de proteger a la humanidad frente a los riesgos asociados a estas tecnologías.

El control al poder en tiempos de polarización

El primer panel del encuentro reunió a los presidentes de las tres altas cortes del país. Durante su intervención, Alberto Montaña Plata, presidente del Consejo de Estado, defendió la importancia de la jurisdicción contencioso-administrativa como uno de los principales mecanismos de control al Ejecutivo.

“Hay una peculiaridad colombiana que debe tenerse en cuenta cuando se habla del poder judicial ejerciendo un control sobre el poder. Colombia es el único Estado con una jurisdicción de lo contencioso administrativo, con un Consejo de Estado en su cabeza, y eso no es una formalidad”, afirmó.

El magistrado recordó que históricamente el país optó por fortalecer el control judicial sobre las actuaciones del Gobierno. “Desconfiamos del Ejecutivo controlándose a sí mismo y confiamos en los jueces controlando al Ejecutivo”, y añadió que la existencia misma de estas instituciones constituye una garantía democrática, especialmente en momentos de alta polarización política.

El presidente del Consejo de Estado también insistió en que las decisiones judiciales pueden ser discutidas públicamente, pero deben cumplirse. “Constitucionalmente el presidente de la República y el Gobierno no tienen el deber de estar de acuerdo con las decisiones, pero sí tienen el deber de acatarlas”, afirmó.

Durante el mismo panel, Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que los tribunales cumplen una función esencial en contextos de alta tensión política y desinformación: “En estos momentos de alta tensión, polarización y desinformación las cortes cumplen un papel de garante sereno del orden constitucional”.

El magistrado rechazó la idea de que los controles institucionales deban interpretarse como obstáculos para la acción gubernamental y defendió la necesidad de que todos los actores políticos se mantengan dentro de los límites constitucionales. “Nadie está por encima del poder, y ningún poder está por fuera del control constitucional y legal así tenga el respaldo de las mayorías”, afirmó.

Para Lenis, las tensiones propias de los procesos democráticos deben “tramitarse en el marco del Estado social de derecho”. No con la fuerza, con desinformación ni con abuso de poder.

Además, hizo un llamado a fortalecer la pedagogía democrática y el conocimiento ciudadano sobre las instituciones. “A nosotros nos hace falta explicarle a la ciudadanía las instituciones primordiales de la Constitución y los valores esenciales de la democracia”, aseguró.

La Constitución como principal garantía

Por su parte, Paola Meneses Mosquera, presidenta de la Corte Constitucional, insistió en que la principal garantía para la estabilidad democrática sigue siendo el respeto a la Constitución Política de 1991.
"En estos momentos tenemos que tener la tranquilidad absoluta de que el respeto irrestricto a la Constitución Política y sus normas es la garantía más grande", afirmó. 

Meneses recordó que la Asamblea Nacional Constituyente decidió crear la Corte Constitucional precisamente para garantizar la supremacía de la Carta Política y proteger los principios fundamentales del Estado de derecho. “El mandato del artículo cuatro de la Constitución, según el cual la Constitución es norma de normas y está por encima de cualquier otra, no es gratuito”, explicó.

La magistrada defendió además la independencia de la función judicial frente a presiones políticas o coyunturales y añadió que las decisiones de las cortes no se toman buscando la aprobación de los gobiernos de turno ni de la opinión pública: “La actuación judicial no se hace buscando aplausos de quien está en el poder”, señaló.

Coincidió con los demás panelistas en la necesidad de fortalecer la pedagogía institucional para que la ciudadanía comprenda mejor las decisiones de los tribunales y el funcionamiento de las instituciones democráticas, y afirmó que “en una democracia están bienvenidas las críticas”.

Al cierre del panel, los presidentes de las altas cortes compartieron sus reflexiones sobre los retos que enfrentará el próximo gobierno y la importancia de preservar los contrapesos institucionales. Lenis destacó que la Constitución de 1991 contiene herramientas suficientes para avanzar en equidad e igualdad, pero recordó que “ninguna rama del poder público lo puede todo”.

Montaña recordó que la colaboración armónica entre los poderes públicos no es simplemente una recomendación constitucional, sino un mandato.

Por su parte, Meneses dijo que “cuando se gobierna un país se tiene que saber que es una tarea de honor y responsabilidad”, y concluyó diciendo que “la verdadera fuerza de un gobernante no se demuestra desafiando o debilitando los contrapesos institucionales, sino se demuestra con la grandeza de acoger y de actuar en el marco de la Constitución Política y de la ley”.

La mirada internacional sobre las instituciones colombianas

El encuentro también contó con un espacio para representantes de organismos internacionales y expertos electorales, quienes destacaron la solidez de las instituciones colombianas y advirtieron sobre los desafíos que representan la desinformación y la pérdida de confianza ciudadana.

José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, aseguró que una de las primeras impresiones que deja el sistema colombiano es la fortaleza de sus mecanismos de control. “La arquitectura constitucional es ciertamente compleja”, afirmó. Sin embargo, señaló que esa complejidad se traduce en una “enorme cantidad de capas de control” que permiten supervisar el ejercicio del poder.

Por su parte, Kristin Wesemann, directora en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), destacó que las instituciones no se sostienen únicamente por las normas que las crean, sino por las personas que las hacen funcionar.

La experta insistió en que la democracia requiere un compromiso permanente de ciudadanos e instituciones. Fue enfática en que “el voto es el inicio de la democracia” y añadió que “las democracias no se mueren así no más, de un día para el otro”, sino que su deterioro suele ser el resultado de múltiples factores acumulados.

Finalmente, dijo que el pluralismo político debe entenderse como una fortaleza democrática y no como una amenaza. “En Colombia podríamos ser mejores en entender que el pluralismo en realidad es una fortaleza muy grande”, aseguró.

Por otro lado, Alejandro Tullio, secretario electoral permanente de la provincia de Chubut, en Argentina, recordó que el constitucionalismo nació precisamente para limitar el poder.

Según explicó, la autonomía institucional debe entenderse no sólo como una fórmula jurídica, sino como el resultado de normas y prácticas que garanticen la rendición de cuentas. En ese sentido, advirtió que quienes ejercen poder sin controles suficientes tienden a exceder sus competencias.

Tullio también destacó que, desde su experiencia como observador electoral, Colombia cuenta con mecanismos de control y gestión que generan garantías para los procesos democráticos: “Como observador externo de los procesos electorales puedo decir que deberían estar satisfechos los colombianos con sus mecanismos de control y de gestión electoral”.

Los panelistas coincidieron en que uno de los principales retos para las democracias contemporáneas es fortalecer la confianza pública. Para María Gabriela Serrano, directora de misión y programas para Colombia del Instituto Republicano Internacional (IRI), las instituciones enfrentan hoy el desafío de comunicar con mayor rapidez y eficacia en entornos digitales donde la desinformación circula con facilidad.

Las reflexiones terminaron reforzando que la fortaleza de las democracias depende tanto de la existencia de instituciones sólidas como de la confianza ciudadana en ellas, y de la capacidad de los distintos poderes para actuar dentro de los límites establecidos por la ley.