“La apropiación masiva de tierras es la gran sombrilla de la deforestación en Colombia”: Rodrigo Botero

Acaparar tierras es un fenómeno de vieja data en el país y ha sido uno de los motores del conflicto armado. La expansión de la frontera agraria y la creación de extensas unidades agrícolas ha ido de la mano de masacres y desplazamiento forzados de campesinos. Según los distintos investigadores de conflicto, el acaparamiento de tierras se agravó con la expansión del paramilitarismo de las décadas de 1990 y 2000 y dejó como saldo a un país con una profunda concentración de tierras que, de acuerdo con el economista alcanza el 0,88 del coeficiente GINI, el más alto de Suramérica.

Acumular tierras ha sido la estrategia de propietarios nacionales e inversionistas extranjeros para promover la agroindustria y la ganadería extensiva. En principio, comprar tierras para crear grandes extensiones no es ilegal, el problema es que acá una parte de las personas dedicadas a este negocio lo hizo con métodos criminales. Se adueñaron de baldíos de la nación o expulsaron a la fuerza a campesinos de sus parcelas y luego, con la ayuda de funcionarios corruptos, legalizaron los títulos de propiedad. Sobre la historia de ese despojo se ha escrito bastante y es uno de los ejes del informe de la Comisión de la Verdad.   

El acaparamiento de tierras, lejos de acabar, continua, se ha extendido por la altillanura colombiana y ha llegado a la Amazonía y se ha convertido en el principal motor de la deforestación. Esta actividad es, a todas luces ilegal, porque se apropia de las tierras de zonas de reserva forestal, parques naturales y resguardos indígenas, es una sombrilla que cobija los demás motores de deforestación. Se quema y tala bosque para abrir vías, sembrar pastos, introducir ganadería extensiva o cultivos ilícitos, crear grandes haciendas… En últimas, se quema y tala para privatizar los baldíos y ampliar la frontera agrícola.

Para entender este fenómeno, antiguo en la historia colombiana pero reciente en la Amazonía, CAMBIO habló con Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible.

CAMBIO: El acaparamiento de tierras y su relación con la deforestación es un tema que hasta ahora comienza a salir a la palestra, ¿podría explicarnos en qué consiste?
RODRIGO BOTERO: En Colombia la gran sombrilla de la deforestación está dada por la apropiación masiva de tierras, en especial las baldías. Para acaparar se necesita deforestar y para hacerlo se utilizan dos mecanismos: la construcción de vías y el poner algunos animales en las tierras.

Nosotros decimos que el acaparamiento de tierras aporta más a la deforestación es porque, si bien los cultivos de coca y la minería ilegal contribuyen de manera importante a la degradación de la Amazonía, esta actúa con una la lógica que en últimas se traduce en mayor deforestación. Me explico, la coca tiene una mayor rentabilidad en la medida en que se siembren áreas más pequeñas y de mayor productividad, por eso el foco de estos cultivos está muy concentrado en ciertas zonas e, inclusive, han disminuido en algunos lados, pero ha aumentado la productividad. En cambio, el acaparamiento opera al revés. No se necesita una gran cantidad de ganado en un pedazo de tierra, por el contrario, es más rentable pocos números de animales y mayor extensión de tierras.

CAMBIO: ¿Por qué?
R.B.: Porque el ganado cumple la función de consolidar esa apropiación. Acá no hay una ganadería intensiva sino extensiva en donde los animalitos tienen una o dos hectáreas para pastar. Y aquí entra otro elemento fundamental. Tierra y ganado dependen de la conectividad vial. Por eso donde se presenta la mayor deforestación es en los lugares cercanos a las vías. 

CAMBIO: ¿Esta apropiación de tierras en la Amazonía está relacionada con la colonización interminable que vive el país?
R.B.: Sí, los acaparadores utilizan población vulnerable y es ahí donde vienen los otros elementos. Estos nuevos colonos llegan, deforestan, establecen sus fincas e introducen algunas vacas, siembran coca y alimentos o sacan algo de madera para sobrevivir. Digamos que son actividades muy puntuales de la colonización, pero que en el mediano plazo estas finquitas pasan a ser parte de grandes predios. Lo que vemos acá es que esta colonización tiene como fin abrir un mercado de tierras donde no debería haberlo.

CAMBIO: Por lo general cuando se habla de deforestación siempre se señala la tala de árboles y al narcotráfico, ¿por qué se habla poco del acaparamiento de tierras como motor de deforestación?
R.B.: Ha habido una lucha conceptual sobre cuáles son los motores de la deforestación. Creo que, hasta hace algún tiempo, todavía seguía primando en algunos sectores del gobierno la idea de la principal causa de la deforestación era la coca, pero hoy por hoy los datos nos muestran que eso no es así. Es tan fuerte la evidencia que el mismo Ideam, que monitorea la pérdida de bosques en Colombia, lo pone como el factor más importante. Los diferentes estudios internacionales también nos muestran que es el gran motor y lo que la fundación ha evidenciado que el fenómeno es mucho más complejo y que tiene subactividades que lo complementan. Por ejemplo, parte de las rentas que deja la coca van a financiar la apropiación de tierras.

CAMBIO: Si es tan importante, ¿por qué casi no se persigue el acaparamiento de tierras en la Amazonía? 
R.B.: Recordemos que hasta el año pasado la apropiación ilegal de baldíos no estaba tipificado como un delito ambiental. Y la ley que lo hace rompe un paradigma. En el siglo pasado pensábamos que el delito estaba solamente en cortar un arbolito, no se pesaba en que la cortada de ese árbol era para quedarse con la tierra. Era un problema que se veía como un árbol disociado del territorio.

Eso ha cambiado y este nuevo foco jurídico implica unas transformaciones importantísimas porque no se hace énfasis en perseguir la flagrancia de la deforestación, que es cuando se tumba (y que en realidad no ha dado buenos resultados porque solo se termina apresando al motosierrista, a la cocinera o al carbonero), sino que se busca perseguir a los que financian toda esa operación. Ahora se va más allá de cortar el árbol y se introduce un cambio conceptual en el que la deforestación hace parte de un proceso de apropiación del suelo, además de la transformación de su función ecológica.

CAMBIO: ¿Pero esta ley no es un saludo a la bandera? Porque, como usted dice, uno ve es a campesinos apresados, pero nunca ha visto una noticia sobre la captura de los financiadores del acaparamiento…
R.B.: Lo que pasa es que la nueva ley no coge muy bien preparada a la institucionalidad para entender ese fenómeno y atacarlo. Eso significa que habrá que desarrollar muchas capacidades, por ejemplo, hacer énfasis en investigación financiera para ver de dónde vienen esos flujos de dinero, crear unas instancias de investigación que se encarguen de la trazabilidad de los productos que salen de estos territorios deforestados.

Hay que fortalecer la capacidad jurídica y operativa de las instituciones colombianas. Acá no han hecho ni una sola recuperación de tierras por motivos de delitos ambientales. Porque no se cuenta con los medios jurídicos ni operativos. En ese sentido, ¿qué hay que hacer? Lo principal, tener un catastro, saber dónde están los baldíos. Recuerde que, hasta el último minuto del gobierno anterior, sus ministros decían sin sonrojarse que no sabían cuántos baldíos tenía Colombia.

CAMBIO: Hablemos del parque nacional Tinigua, uno de los casos más dramáticos de deforestación asociada al acaparamiento. Allí medio parque está a punto desaparecer. ¿Cómo sucedió esto?
R.B.: La gran colonización del Tinigua comenzó hace cinco años y se derivó de la falta de implementación del acuerdo de paz. Antes había unos campesinos, muchos de ellos llegaron allí producto de una colonización armada. Hubo presencia de un ejército irregular que puso las condiciones de dominio territorial y sobre eso se generó un modelo de ocupación del territorio que impidió la degradación. La salida de las Farc, la pésima implementación del acuerdo, específicamente en el tema de tierras y con el poco interés del Estado por cuidar los parques abrió la puerta a la deforestación sin precedentes en el Tinigua.

CAMBIO: El problema del Tinigua se presenta en los demás parques naturales, reservas forestales y resguardos indígenas del piedemonte amazónico. Allí es donde se concreta la mayor deforestación de la Amazonía colombiana. ¿Hay alguna solución? 
R.B.: Sí, pero es un proceso largo y que requiere años. Primero hay que entender que los parques y demás territorios protegidos con alguna figura de conservación no son zonas de colonización. Aquí hay un problema con la gente que habita parques como el Tinigua. Ellos buscan en el corto plazo acuerdos de conservación que les permitan mantener parte de sus actividades económicas, pero no son lo ideal porque en los próximos años habrá crecimiento poblacional que afecta el ecosistema, además, los sistemas agropecuarios convencionales que ellos practican lesionan áreas de extrema diversidad y críticas en el modelo de seguridad climática del país.

Yo vería viable lo que plantea el gobierno de hacer un proceso de largo plazo, a 20 años, para que la gente tenga posibilidades de hacer restauración y recuperación de la selva y sobre eso tener un proceso de inversión económica que les permita nuevos modelos productivos.

CAMBIO: ¿Qué tan real es eso? 
R.B.: Reconozco el escepticismo que siempre acompaña a los colombianos, pero lo cierto es que hay países que han tenido más limitaciones que nosotros y han sacado adelante esos nuevos modelos productivos. El caso guatemalteco es del que siempre hablo. Ellos tienen el 10 por ciento de su territorio en concesiones forestales comunitarias, más de medio millón de hectáreas en bosques manejados por organizaciones sociales y que tienen una economía exportadora. ¿Por qué Colombia no puede? ¿Por qué no puede ser una apuesta de cooperación internacional de largo plazo? ¿Por qué no se puede generar un proceso de tradición productiva? ¿Por qué no puede haber un reconocimiento a las comunidades como actores y gestores sociales? ¿Cuál es la maldición que nos acompaña para que esto no pueda ser?

CAMBIO: Suena optimista… 
R.B.: Puede ser. Creo que en este momento hay una oportunidad de oro a partir de la paz total. Yo veo signos muy claros dentro de algunos de los grupos armados ilegales en términos del cambio del modelo productivo en la Amazonía. Me llama poderosamente la atención que estos grupos hoy por hoy estén hablando con lujo de detalles de la necesidad de pasar a un modelo económico forestal y de un freno al proceso de avance ganadero. Que estos temas estén por lo menos en el terreno discursivo significa una grandísima oportunidad. 

A la par de ese discurso, coincide con el discurso desarrollado por diferentes sectores de la sociedad en el que plantean la necesidad de cambiar hacia un modelo forestal. Estamos hablando de crear ya no una línea de frontera agropecuaria sino más bien un gran cordón de restauración de la frontera amazónica, en donde se puedan focalizar todos los esfuerzos de restauración y manejo forestal sostenible con las comunidades que actualmente viven allí.

CAMBIO: ¿Y el nuevo gobierno sí le apostaría a eso?
R.B.: Pues en el discurso parece que sí. Petro, en sus intervenciones de Puerto Leguízamo y San José del Guaviare habló de la necesidad de crear esa gran zona de restauración de 2 millones y medio hectáreas que hay desde Puerto Leguízamo hasta San José de Guaviare. Este es un hecho, allí se concentra la deforestación y la apropiación de tierras. 

Creo que se conjugan tres factores para lograr por fin sacar estas tierras del mercado, pero no dejarlas en manos de un Estado invisible sino en manos de unas comunidades visibles y con unos derechos de largo plazo. Mantener las tierras baldías pero que los derechos de su uso y administración sean de estas comunidades que viven ahí y que sean heredables. El tema de la heredabilidad de los usos, pero no de la tierra es fundamental para que el campesinado tenga una claridad sobre su futuro. Esta forma particular de propiedad sacaría las tierras amazónicas del mercado y daría pie para establecer proyectos a largo plazo de reforestación y de sustento económico para las comunidades.

CAMBIO: ¿El tema de la deforestación en la Amazonía colombiana debería esta en la paz total y en las negociaciones con los grupos armados ilegales?
R.B.: Por supuesto que sí. Hay la necesidad imperativa de poner ese decálogo ambiental para la paz total en la región amazónica. Yo creo que el comisionado de paz va por muy buen camino en el sentido de que ha puesto este elemento en juego. Falta afinarlo y bajar a la minucia qué significaría el tema ambiental en la paz total y cómo se desarrollarían los derechos sociales de los campesinos que viven en la Amazonía para que podamos llegar a la reconversión productiva, el cierre de la frontera agrícola y unas condiciones de vida dignas para las comunidades.

Este artículo hace parte del especial periodístico 'Amazonía, la tierra perdida', realizado por CAMBIO Colombia con el apoyo del proyecto Unidos por los Bosques, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la embajada de Noruega, con el apoyo de las embajadas de Unión Europea, Reino Unido, Andes Amazon Fund y ReWild.