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¿Qué es el caso Poligrow? La deforestación en Mapiripán, Meta, que equivale casi al tamaño de Bogotá
Carlo Vigna Taglianti, representante legal de Poligrow, es imputado por deforestación en Mapiripán. Créditos: Pablo David - CAMBIO / Redes sociales
Medio ambiente

¿Qué es el caso Poligrow? La deforestación en Mapiripán, Meta, que equivale casi al tamaño de Bogotá

El caso de Poligrow volvió a ser el centro de atención tras la solicitud de medida de aseguramiento contra el empresario italiano Carlo Vigna Taglianti, director de la multinacional señalada por la presunta deforestación en Mapiripán. Esta es la historia de la investigación por la presunta tala de más de 52.000 hectáreas en Meta, un área que equivale casi al tamaño de la zona urbana de Bogotá.

Por: Carol Tatiana Gómez

Tras casi veinte años de operación en Mapiripán, Meta, un proyecto de palma de aceite quedó en el centro de una investigación de la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador señala a un grupo de personas por presunto acaparamiento ilegal de tierras baldías y deforestación. Entre ellas está el empresario italiano Carlo Vigna Taglianti, representante legal del proyecto, a quien identifica como el presunto líder de la organización. Su situación judicial se definirá el 22 de julio.

Según la investigación, se habrían acaparado ilegalmente 60 predios baldíos de la Nación, equivalentes a más de 165.000 hectáreas; abierto 68 kilómetros de vías ilegales y deforestado más de 52.000 hectáreas de bosque. Solo el área deforestada supera la superficie urbana de Bogotá, que abarca cerca de 42.000 hectáreas.

Los delitos que le imputan a Vigna

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 El grupo de personas se habría repartido presuntamente la posesión de decenas de predios pequeños para pasarlos a manos de Poligrow. Créditos: Poligrow

La Fiscalía acusa a Vigna de haber liderado, junto con otras personas, un esquema para acaparar terrenos baldíos: tierras públicas que, por ley, están destinadas principalmente a ser adjudicadas a campesinos y cuya concentración en manos de un mismo propietario está restringida. Por estos hechos, le imputó los delitos de concierto para delinquir, daño en los recursos naturales y ecocidio, deforestación y fraude procesal, según reportó Blu Radio, medio que tuvo acceso a la audiencia.

En Colombia, el Estado puede adjudicar estos predios a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la ley. Además, cada beneficiario solo puede recibir hasta una Unidad Agrícola Familiar (UAF). Su extensión varía según la región y busca garantizar que una familia campesina tenga suficiente tierra para vivir de su trabajo, al tiempo que evita que los baldíos se concentren en pocas manos.

Según la investigación, ese límite se habría eludido mediante un esquema en el que distintas personas aparecían como adjudicatarias o propietarias de predios por separado. En los documentos, ninguna superaba la extensión permitida. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que todos esos terrenos habrían terminado bajo el control de Poligrow, donde hoy también se investigan hechos de presunta deforestación.

Uno de los predios señalados por la Fiscalía es Santa Ana. En ese terreno, el Ideam identificó 624 focos de deforestación en áreas de bosque natural y sabanas y que fueron transformadas para sembrar palma de aceite y desarrollar ganadería extensiva, de acuerdo con una investigación de El Espectador.

Los otros capturados, que ya están libres

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Las autoridades estiman que la red abrió cerca de 68 kilómetros de vías ilegales para facilitar la ocupación de los terrenos intervenidos. Crédito: Policía Nacional.

Vigna no es el único capturado en este caso. El 10 de junio, un juez ordenó también la detención de otras catorce personas, entre ellas cuatro hermanos del congresista William Aljure Peña y el exalcalde de Mapiripán, Jorge Iván Duque. Sin embargo, ellos ya quedaron en libertad. En dos decisiones distintas, los jueces concluyeron que no había pruebas suficientes para acreditar un acuerdo criminal ni su participación directa en los hechos investigados. La audiencia de Vigna, en cambio, está programada para el 22 de julio.

El daño ambiental

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Se habrían acaparado ilegalmente más de 165.000 hectáreas.

La investigación también documenta el impacto ambiental del caso. Según reportó Blu Radio, la Fiscalía sustenta sus acusaciones en informes técnicos y sobrevuelos realizados sobre 918.200 hectáreas de Mapiripán, en los que se identificaron daños ambientales en predios como Santa Ana y Macondo.

De hecho, el 10 de junio, día de la captura de los implicados, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, afirmó: “Lo que se esta investigación revela es la dimensión real de las redes criminales que están detrás de la deforestación en Colombia: una estructura que habría acaparado ilegalmente 60 baldíos de la Nación, equivalentes a más de 165.000 hectáreas; deforestado más de 52.000 hectáreas de bosque; abierto 68 kilómetros de vías ilegales; y destruido nuestros bosques para instalar actividades ilegales agroindustriales y ganaderas”.

La deforestación masiva y la apertura de carreteras clandestinas también han afectado directamente los parques nacionales naturales Cordillera de los Picachos, Tinigua, Sierra de La Macarena y Serranía de Chiribiquete, así como la Reserva Nacional Natural Nukak.

Los antecedentes de Carlo Vigna

No es la primera vez que Vigna enfrenta un proceso por presuntas irregularidades en la adquisición de tierras en Mapiripán. En 2015, la Fiscalía lo llamó a juicio por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, fraude procesal y falsedad en documento público, en un caso relacionado con la presunta apropiación fraudulenta de cerca de 1.000 hectáreas en zona rural del municipio de Mapiripan. En 2017 fue absuelto, luego de que un juez concluyera que no existían pruebas suficientes para condenarlo.

¿Qué sigue?

La Fiscalía apeló la decisión que dejó en libertad a seis de los procesados, entre ellos los hermanos Aljure. La audiencia de segunda instancia, prevista inicialmente para el 7 de julio, fue aplazada y ahora está programada para el 12 de agosto.

Antes de esa fecha, el 22 de julio, un juez definirá la situación de Carlo Vigna Taglianti. Ese día decidirá si le impone una medida de aseguramiento o si enfrentará el proceso en libertad, como ocurrió con los otros catorce procesados. 
 

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