El debate entre la ANT y Fedemaderas por presunto perfilamiento en la recuperación de baldíos
Se generó una nueva controversia alrededor de la política de recuperación de baldíos en Colombia. Fedemaderas y el abogado Mauricio Pava cuestionaron la forma en que la Agencia Nacional de Tierras adelanta algunas investigaciones. La entidad rechazó las acusaciones y afirmó que sus actuaciones cumplen con la legislación vigente.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) le respondió a los cuestionamientos formulados por el abogado Mauricio Pava y por la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas), que aseguran que la entidad estaría realizando un presunto perfilamiento de empresas e inversionistas durante los procedimientos para recuperar terrenos baldíos de la Nación.
El debate se produjo luego de que Fedemaderas expresara su preocupación por documentos relacionados con procesos agrarios en los que, según el gremio, la ANT estaría identificando empresas mediante su NIT para rastrear su patrimonio rural antes de estudiar la situación jurídica de los predios involucrados.
La ANT niega que exista perfilamiento de empresas
El director de la ANT, Felipe Harman, rechazó las acusaciones y afirmó que las verificaciones realizadas por la entidad corresponden a las funciones legales de inspección sobre bienes baldíos.
Según explicó, las consultas a los registros inmobiliarios hacen parte de las herramientas utilizadas para establecer si existe una acumulación indebida de terrenos que pertenecen al Estado.
Harman sostuvo que estas revisiones buscan garantizar el cumplimiento de las normas sobre propiedad rural y evitar el acaparamiento de baldíos. Además, recordó que la entidad actúa bajo los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-288 de 2022, que establece criterios para proteger estos predios y priorizar su destinación a campesinos sujetos de reforma agraria.
En esa línea, el funcionario insistió en que cuando los ocupantes cumplen con los requisitos legales para acceder a la titulación, la ANT adelanta ese proceso. En los casos en que los terrenos estén ocupados por personas o empresas que no pueden ser beneficiarias del régimen de baldíos, la entidad inicia las actuaciones para recuperarlos.
Asimismo, la Agencia reiteró que no existe una política dirigida contra inversionistas nacionales o extranjeros y aseguró que todas sus actuaciones administrativas se desarrollan conforme a la Constitución y la ley.
Fedemaderas dice que hay riesgos para la seguridad jurídica
Desde Fedemaderas, su presidente Juan Miguel Vásquez manifestó que el gremio reconoce la facultad del Estado para investigar posibles ocupaciones irregulares de baldíos, pero cuestionó lo que considera una metodología que podría generar incertidumbre para las empresas del sector forestal.
El dirigente señaló que la preocupación surge porque, según la documentación conocida por el gremio, las investigaciones comenzarían con la identificación de empresas e inversionistas mediante su NIT para posteriormente reconstruir su patrimonio rural.
A juicio de Fedemaderas, este procedimiento podría afectar principios como la imparcialidad, el debido proceso y la seguridad jurídica, elementos que consideran fundamentales para mantener la confianza de la inversión privada en el campo colombiano.
El gremio también advirtió que una eventual vulneración de las garantías para inversionistas nacionales o extranjeros podría derivar en controversias internacionales e incluso en reclamaciones contra el Estado colombiano bajo tratados de protección a la inversión.
Mauricio Pava cuestiona el procedimiento de la entidad
El abogado Mauricio Pava, quien hizo públicas las denuncias, sostuvo que la ANT tiene competencias para investigar predios, pero no para elaborar perfiles de empresas o inversionistas.
Según explicó, los documentos conocidos por su equipo mostrarían una metodología mediante la cual se identificarían compañías a través de su NIT para rastrear posteriormente todas sus propiedades rurales e iniciar procedimientos agrarios.
Pava afirmó que esta situación podría generar cuestionamientos relacionados con el debido proceso, la seguridad jurídica y la protección de la inversión extranjera. En su opinión, si llegaran a comprobarse actuaciones irregulares, el Estado podría enfrentar litigios internacionales con importantes consecuencias económicas.
En medio de la polémica, Felipe Harman respondió a las críticas y sostuvo que consultar los registros públicos para verificar la situación de los predios hace parte de las funciones normales de la Agencia Nacional de Tierras.
La entidad reiteró que las actuaciones administrativas pueden involucrar tanto a personas naturales como jurídicas cuando sea necesario establecer la situación legal de un terreno y verificar posibles casos de acumulación indebida de baldíos.
Finalmente, la ANT insistió en que su objetivo es proteger el patrimonio público, evitar el acaparamiento de tierras baldías y garantizar que estos predios cumplan la función social prevista por la legislación colombiana, rechazando nuevamente que exista algún tipo de perfilamiento contra empresas o inversionistas.
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