ANT denuncia ante la Fiscalía una ola de ataques contra beneficiarios de la reforma agraria tras triunfo de Abelardo de la Espriella
El director de la Agencia Nacional de Tierras radicó una denuncia penal tras una semana en la que, según la entidad, grupos armados ilegales atacaron al menos seis predios entregados a familias campesinas. En algunos casos, según la propia entidad, con la excusa de la victoria de Abelardo de la Espriella.
Por: Juan David Cano
El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, radicó este martes una denuncia penal ante la Fiscalía por una serie de ataques registrados en menos de una semana contra familias que recibieron tierra a través de los programas de distribución y entrega provisional de predios del Gobierno.
Los hechos, según la entidad, ocurrieron en la subregión del Magdalena Medio y en los departamentos de Meta y Córdoba, y van desde amenazas y destrucción de bienes hasta actos de tortura.
El caso más grave tuvo lugar en la madrugada del 24 de junio en Puerto López, Meta. Cuatro hombres encapuchados y armados entraron a la finca La Primavera, asignada apenas el 28 de mayo pasado a una organización campesina, y golpearon con machetes y palos a cuatro adultos y a una niña de 14 años.
Los cinco fueron trasladados de urgencia al hospital del municipio. Antes de retirarse, los atacantes quemaron la planta eléctrica, los vehículos y los enseres de la comunidad.
El predio perteneció a Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado a Estados Unidos y condenado por vínculos con el narcotráfico.
Una semana, seis predios, tres regiones
La ANT documentó otros cinco casos ocurridos en el mismo periodo. “Ya hay un patrón de comportamiento de los predios que hemos recuperado. Son más de seis fincas a las que han llegado sujetos a amedrentar a los campesinos en tan solo una semana. No podemos pasar por alto lo que está sucediendo. De forma clara y concreta, he puesto en conocimiento de la Fiscalía General quiénes serían los presuntos responsables de estos hechos”, dijo Harman.
En el Magdalena Medio, hombres armados que se presentaron como abogados y supuestos propietarios ingresaron a dos predios llamados Los Alpes y exigieron el abandono de las parcelas y en uno de ellos sustrajeron dos portones.
En el predio Jamaica, una lideresa campesina recibió mensajes extorsivos atribuidos presuntamente al Clan del Golfo, firmados bajo las órdenes del alias Julio Pepe o Vegachí, en los que se exigía la salida de cuatro organizaciones de víctimas. "El Tigre ya tiene todo arreglado con el patrón para devolverle ese predio", contó la ANT que habrían dicho a la lideresa.
En el complejo Globo Las Brisas, en La Dorada, Caldas, las familias beneficiarias fueron presionadas para abandonar los predios con el argumento de que "esas tierras no son para los guerrilleros".
En Córdoba, el 28 de junio, hombres armados amenazaron a una comunidad en el predio El Llano, en Buenavista, con el ingreso inminente de treinta hombres bajo las órdenes de un individuo identificado como César Augusto González Álvarez.
Las familias abandonaron el lugar. Ese mismo mes, en el predio La Palmira, en Pueblo Nuevo, administradores vinculados a la empresa Ganadería de la Costa Ltda. sellaron los accesos con cadenas e impidieron el ingreso de dos asociaciones campesinas, advirtiéndoles que no respondían por sus vidas si intentaban entrar.
La ANT señaló que varios de los perpetradores habrían actuado bajo la expectativa del cambio de Gobierno tras la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.
En al menos dos de los casos documentados, el predio La Perla en Puerto Triunfo, Antioquia, y el predio Jamaica en el Magdalena Medio, los agresores aludieron en sus amenazas al resultado electoral como condición para recuperar los terrenos.
Alias Barco, señalado de intimidar a una asociación de mujeres en La Perla, afirmó que "estaban esperando que ganara el Tigre para recuperar el predio".
Harman pidió a la Fiscalía investigar los hechos con urgencia y solicitó protección inmediata para las familias afectadas.
"Queremos que la Fiscalía investigue estos hechos que no son asuntos menores, que se podrían incluso configurar como de lesa humanidad por el desplazamiento provocado. Este país jamás podrá naturalizar el despojo de la propiedad campesina", afirmó el director.
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