La propuesta del Gobierno Petro para delimitar 29.000 hectáreas en el complejo de Santurbán: estos son los proyectos
A menos de un mes del cambio de gobierno y con pocos días de maniobra, el Ministerio de Ambiente publicó para comentarios un proyecto de resolución y dos medidas complementarias como propuesta para delimitar y proteger el área de páramo con más de 29.000 hectáreas.
Por: Lina Cuitiva
El Ministerio de Ambiente presentó este miércoles tres proyectos de resolución con los que busca redefinir la protección del páramo de Santurbán, ampliar las áreas de reserva y reforzar las restricciones a la minería de mediana y gran escala en uno de los ecosistemas estratégicos para el abastecimiento de agua de Santander y Norte de Santander.
Las propuestas fueron puestas a consideración de la ciudadanía hasta el 29 de julio para recibir observaciones antes de su adopción definitiva. El anuncio se conoce a pocos días de que se lleve a cabo una reunión clave con las comunidades en Bucaramanga para discutir este tema.
El primer proyecto corresponde a una nueva delimitación progresiva del Complejo de Páramos Jurisdicciones–Santurbán–Berlín. Según explicó la ministra de Ambiente, la resolución comprende 19 municipios ubicados dentro del área de páramo e incorpora además nueve municipios beneficiarios del recurso hídrico, con el propósito de fortalecer la coordinación para la protección de las fuentes de agua. Serían en total 29.199 hectáreas.
Los municipios que quedarían incluidos en la nueva delimitación son Bochalema, Bucarasica, Cácota, Chinácota, Gramalote, La Esperanza, Labateca, Lourdes, Pamplonita, Toledo, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, San José de Cúcuta, Santiago, Villa del Rosario, California, Charta, El playón. Guaca, Matanza, Piedecuesta, Santa Bárbara, Suratá, Vetas, Floridablanca y Girón.
Con esta propuesta de delimitación progresiva, el gobierno pretende avanzar hacia decisiones jurídicas en los municipios donde ya se surtieron etapas de concertación, mientras continúan procesos participativos en otros territorios en los que no se ha logrado consenso.
La ministra aseguró que la propuesta se sustenta en estudios elaborados por el Servicio Geológico Colombiano, el Ideam y otras entidades científicas, los cuales concluyen que el páramo, el bosque altoandino y las aguas superficiales y subterráneas conforman un único sistema hídrico.
"Cualquier actividad lo va a afectar en su integralidad", afirmó la funcionaria al explicar que esa evidencia científica respalda una mayor protección del territorio para evitar nuevas presiones sobre el ecosistema.
Nueva reserva en la quebrada La Baja
El segundo proyecto de resolución propone declarar una reserva definitiva de 1.500 hectáreas en la quebrada La Baja, ubicada en el municipio de California (Santander).
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, esta medida busca garantizar la conservación de una zona considerada estratégica para el funcionamiento del sistema hídrico del macizo de Santurbán.
Ampliación de la reserva temporal hasta 2029
La tercera propuesta actualiza la reserva temporal creada en 2025 sobre el costado occidental del macizo. El Gobierno plantea incorporar 88 hectáreas adicionales, correspondientes a trámites mineros que fueron rechazados o terminaron recientemente, y extender la vigencia de la reserva hasta marzo de 2029.
Según la ministra Vélez, la prórroga permitirá continuar los estudios técnicos requeridos mientras se mantiene la protección del ecosistema.
Sin nuevos títulos para minería de mediana y gran escala
El Ministerio reiteró que en el área delimitada como páramo la minería continúa prohibida. En las zonas que quedarían bajo el régimen de reserva, la propuesta permite que continúen los procesos de pequeña minería y formalización minera. Sin embargo, el Gobierno anunció que no otorgará nuevos títulos, concesiones ni licencias para proyectos de mediana y gran escala, al considerar que representan un riesgo para el ecosistema y para el sistema hídrico regional.
La ministra también se refirió a la minería desarrollada por actores ilegales y señaló que ese fenómeno deberá ser atendido por las autoridades competentes conforme al Código de Minas.
En ese sentido, indicó que las alcaldías son las primeras responsables de controlar la minería ilegal y cerrar los frentes de explotación que no correspondan a minería tradicional. Cuando no cuenten con la capacidad institucional para hacerlo, deberán solicitar apoyo al Ministerio de Defensa.
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