Duque utilizó dineros de la paz para pagar la guerra

Desde hace 40 años hasta que Iván Duque fue presidente, todos los gobiernos intentaron procesos de paz con organizaciones al margen de la ley. Los costos administrativos han corrido por cuenta de la Presidencia de la República, lo que llevó a que, en 1997, se creara el Fondo de Programas Especiales para la Paz. Sin embargo, el gobierno anterior rompió esa tradición y utilizó el dinero de la paz como una caja menor del Ministerio de Defensa. 

CAMBIO analizó 40 contratos del Fondo Paz celebrados entre 2019 y agosto de 2022 cuyo objeto no fue conseguir la paz sino hacer la guerra. Suman más de 150.000 millones de pesos, de los casi 300.000 que tiene la entidad. La plata se gastó, por ejemplo, en la compra de carros y motos para Ejército y la Policía; botes y pirañas para la Armada Nacional, dotación de embarcaciones militares y estaciones de policía, drones, radares y fotografías satelitales para la georreferenciación de organizaciones al margen de la ley y cultivos ilícitos. 

La excusa se llama “paz con legalidad” y el programa Zonas Futuro. Allí el entonces presidente ordenó implementar una estrategia de estabilización del territorio desde una perspectiva esencialmente militar. En 2019, el Fondo Paz suscribió dos contratos. El primero, tuvo un valor de 1.154 millones de pesos y el objeto fue la adquisición de “camionetas tipo pick up destinadas para la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional”. El Segundo tuvo un valor de 10.677 millones de pesos y se celebró con la Corporación de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar). Esta vez los dineros se destinaron para la adquisición de “embarcaciones y artefactos navales flotantes” para actividades de “seguridad y defensa”, es decir lanchas pirañas artilladas con ametralladoras punto 50, algo que no parece muy relacionado con la paz.

En esas, entró la pandemia y el Fondo Paz, cuyo director en ese entonces era Juan Carlos Vargas Morales, tuvo que restringir sus gastos. Aun así, en 2020, hubo plata para la fuerza pública. El contratista caucano Andrés Felipe Astudillo Sanjuan suscribió un contrato por casi 435 millones de pesos para el “mantenimiento preventivo, correctivo y mejoras locativas de las instalaciones de uso policial que dependen administrativamente de la Policía Metropolitana de Popayán”.

2021 fue el año del desquite de tanta austeridad. Ese año, Vargas Morales gastó más de 77.000 millones de pesos en asuntos de seguridad y defensa. Con la Policía Nacional suscribió un contrato por 1.800  millones de pesos para garantizar los traslados del alto comisionado para la paz,  Miguel Ceballos y el director del Fondo Paz.  A la Armada, a través de Cotecmar, le dio un contrato de 11.440 millones de pesos para el “suministro de botes fluviales, botes marítimos y dotación”.

A la Fuerza Aérea Colombiana y a la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. las contrató por 33.749 millones de pesos “para fortalecer la observación aérea y espacial, la vigilancia y el reconocimiento aéreo sobre las áreas de implementación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral”. Otros 31.000 millones se gastaron en compra de equipos de comunicaciones mediante distintos contratos.  De igual forma cerca de 3.000 millones de pesos se fueron en carros, motos, cuatrimotos y hasta buses para la Policía y el Ejército. 

El director del Fondo Paz también asignó un contrato por 8.651 millones de pesos para la compra de carpas tipo "Shelter" y el mobiliario de los puestos de mando “militares del Comando Específico del Cauca en los municipios de Miranda, Guachené, El Patía y una base militar de San Bernardino (Popayán)”. Las compras de botes y lanchas para la Armada, en 2021 ajustaron 13.498 millones de pesos.  Para rematar el año compraron 2.950 millones en “equipo de radiolocalización” para fortalecimiento tecnológico en la dirección antisecuestro y antiextorsión de la Policía Nacional y se gastaron 1.724 millones en la adquisición y puesta en funcionamiento del sistema único de comparación balística Sucoba. Este software de alta tecnología para identificar rastros en las balas se le entregó a la Policía Nacional. En 2021 la plata de la paz también alcanzó para hacer hangares, alojamientos fluviales y hasta subestaciones de policía.

Y para finalizar el gobierno, en los últimos seis meses de la administración Duque se hicieron contratos por 20.079 millones de pesos en ocho contratos.  Dos para compra de carros eléctricos que suman más de 2.500 millones de pesos; otro de 3.425 millones para adquisición de equipos de geolocalización aérea y terrestre; 3.113 millones para carpas expedicionarias tipo pelotón. Este contrato se le dio al mega contratista Mauricio Dussan Medina, representante de la compañía Military Industries. 

El gobierno de Iván Duque que no hizo ningún esfuerzo para lograr una salida pacífica al conflicto que vive el país fue, en contraste, uno de los que más gastó en el Fondo Paz y usó la mágica palabra para justificar operaciones millonarias y no siempre bien explicadas como las de los Ocad Paz.