El ‘bocato’ que tiene frenado el nombramiento del director en la Aerocivil

El nombramiento del director de la Aeronáutica Civil se ha convertido en un problema para el presidente de la república, Gustavo Petro. Aunque es un hecho que la entidad seguirá bajo el dominio de los conservadores, una puja contractual tiene frenado ese nombramiento. Lo que está en juego es, sobre todo, un enorme contrato para la vigilancia de los aeropuertos. Aunque debe ser adjudicado antes de finalizar el año -mediante licitación- todo indica que se podría extender hasta por dos años a los actuales concesionarios que vienen disfrutando ya de una prórroga concedida en julio pasado por el gobierno anterior. En todo caso, hay una contrarreloj por la contratación, que se mantiene en una puja entre quienes quieren seguir mandando en la entidad y quienes quieren llegar a poner a los suyos.

La Aaeronáutica Civil es la entidad encargada de regular y controlar la aviación en el país, es pieza clave en la lucha contra el narcotráfico y tiene un presupuesto anual superior a los 2 billones de pesos. Por eso, se convierte en un 'bocato' para quienes la manejan. 

La disputa contractual

Por tiempos, es casi un hecho que los contratos para la seguridad aeroportuaria terminarán en nuevas prórrogas para los contratistas actuales, pero el punto clave es que esa extensión podría ser ya no de meses sino de años. Por eso, según fuentes de CAMBIO, la puja para tener el dominio de la entidad y, en consecuencia, de la contratación, es intensa.

De un lado están quienes quieren que el nombramiento del nuevo director se demore y que sus fichas políticas en la entidad puedan prorrogar los contratos existentes. Del otro, lejanos del sector conservador que domina actualmente la entidad le apuntan a nombrar rápidamente un nuevo director que ponga a los suyos. Sin embargo, el “mix” que deben conseguir no es tan fácil. No solo debe tener afinidad política con el sector conservador sino que el presidente quiere que tenga experiencia en el sector. 

En el medio de la disputa se ha quedado durante meses el actual director encargado, Francisco Ospina, quien llegó a la entidad en la administración del actual secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional, Juan Carlos Salazar Gómez, nombrado en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Ospina ya ha hecho movimientos interesantes; por ejemplo, en los primeros meses de su gestión, le pidió la renuncia a la exdirectora administrativa de la entidad, Martha Seidel Peralta, quien fue secretaria general de la Alcaldía de Cartagena en la administración del alcalde conservador Pedrito Pereira.

Sin embargo, como su estadía se ha alargado, tendrá que poner a gente de su confianza en cargos tan importantes como el de la dirección de estructuración de contratos, si es que quiere garantizar la transparencia de los procesos que se avecinan. Esa dirección, actualmente, está en manos de María Consuelo Durán, una funcionaria de carrera que lleva 30 años en la entidad pero que llegó a ese puesto por encargo del exdirector de la Aerocivil Jair Fajardo, cuota del expresidente del Congreso, el conservador Juan Diego Gómez.

En todo caso, la disputa es por el mayor ‘bocato’ de la entidad: el contrato matriz de seguridad que se firmó el 29 de diciembre de 2019 y que tiene como objeto “contratar la prestación de los servicios de seguridad destinados a la operación de seguridad aeroportuaria en 127 aeropuertos y estaciones (vigencias futuras)”.

Esa contratación se divide en 6 subcontratos, que consisten en proveer la seguridad para los aeropuertos de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Valle del Cauca. Cada regional fue adjudicada a diferentes empresas de seguridad y vigilancia y, aunque el valor inicial del contrato sumaba 200.000 millones de pesos, después de 6 adiciones, terminó costando 240.000. La ejecución inicial tenía un plazo de 43 meses, es decir, se vencía en mayo del 2021, pero se prorrogó hasta el 15 de diciembre de este año y, como van las cosas, hay una gran posibilidad de que se tenga que prorrogar nuevamente. Sin embargo, horas antes de publicar este artículo se subieron los prepliegos, lo que significa que empezó la contrarreloj.

El contrato más jugoso en ese paquete es el de seguridad para los aeropuertos de Cundinamarca, que se firmó por 60.864 millones de pesos, pero que con las 6 adiciones quedó en 72.460 millones. La empresa contratista es Servisión de Colombia, de la familia de Luis Oswaldo Parada Prieto, actual cónsul en México. Parada fue candidato al Senado por el Centro Democrático y, como se quemó, el gobierno de Iván Duque lo nombró cónsul como premio de consolación. Su hermano, Óscar Alexander Parada Prieto, fue quien firmó el contrato y es la cabeza visible de la compañía que ha sido favorecida con contratos de vigilancia en muchas entidades públicas. Entre otras, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Procuraduría General de la Nación, la Universidad Militar Nueva Granada y la Contraloría de Cundinamarca. Al momento de firmar el millonario contrato con la Aerocivil el actual cónsul era gerente comercial. Actualmente, sus dos hijos son accionistas.

El contrato con el gobierno de Iván Duque se firmó el día de los inocentes, 28 de diciembre de 2018. Once días antes, el 17 de diciembre, el gerente comercial de la empresa ganadora había sido nombrado cónsul por el presidente, y se posesionó en marzo de 2019. 

Aunque la empresa de la familia del cónsul tiene una trayectoria de 40 años en el sector de la seguridad, el nombramiento le llegó justo un año después de que se lanzó al Senado y de que apoyó públicamente la candidatura del expresidente Duque. 

La seguridad de los aeropuertos del país, que es la más jugosa de la Aerovicil, costará cerca de 330.000 millones de pesos en la nueva contratación que compromete las vigencias futuras y que se mantiene en la puja del poderío. El presidente Gustavo Petro tiene en sus manos el futuro del contrato.