El comienzo o el fin

La victoria de Gustavo Petro es clara numéricamente. Logró 700.000 votos más que Rodolfo Hernández y nadie discute la legitimidad de su triunfo. Sin embargo, en términos porcentuales, el resultado es mucho más estrecho. Apenas superó a su contendor por el 3 por ciento y eso muestra una Colombia profundamente dividida, casi por mitades. La mitad ganadora piensa que la llegada de Petro al poder tiene un efecto revolucionario que logrará la justicia social, la consolidación de la paz y el cuidado del medio ambiente. En cambio, la otra mitad teme que el nuevo presidente arrase con la democracia, acabe con el capitalismo y revoque las libertades individuales. Ni los unos ni los otros tienen la razón. 

La elección de Gustavo Petro es un enorme paso en la vida institucional de Colombia. La mayor prueba de que apostarle a la paz tiene una recompensa.  De hecho, en su primer discurso a la nación el presidente electo afirmó: “La paz es que alguien como yo pueda ser presidente”. Y es que, desde la perspectiva democrática, es necesario reconocer que algo funciona bien en el sistema cuando un alzado en armas, que ha cumplido su compromiso con la ley, pueda ser elegido para el más alto cargo de la nación 32 años después de haberse desmovilizado. Esto desde luego tiene un enorme valor simbólico pero también supone grandes retos y es temprano para celebrar lo que todavía no se ha hecho.

Del otro lado, más de 10,5 millones de personas perciben la elección de Petro como una amenaza a la libre empresa y a las garantías democráticas. La verdad es que más allá de la propaganda aterrorizadora de la época electoral, los antecedentes del presidente electo lo muestran como una persona respetuosa de los mecanismos institucionales.  Durante su vida política afrontó el mayor reto con la suspensión y destitución, por parte del procurador Alejandro Ordóñez.  Petro nunca usó vías distintas a las jurídicas, internas y ante el sistema interamericano de derechos humanos, para defenderse. Acató la decisión que muchos, empezando por él, consideraban arbitraria y procedió en derecho hasta lograr que le dieran la razón.

Petro dista mucho de ser el redentor que pintan algunos de sus seguidores, pero está aún más lejos de ser el demonio que describen sus más fieros detractores. Su gran prueba de fuego serán los retos que debe afrontar en el campo político, económico, en su manejo de las Fuerzas Militares y de Policía, y en las relaciones internacionales. No existe forma de salir airoso de esos desafíos sin decepcionar un poco a quienes lo eligieron y sin tranquilizar bastante a quienes lo detestan.

El reto político

La primera victoria del Pacto Histórico consistió en la elección del mayor número de senadores que ha logrado la izquierda en Colombia. Veinte senadores componen la bancada del que será en unas semanas el partido de gobierno. El número es impresionante pero insuficiente para lograr la mayoría en el Senado, que es de 54 votos. Sumándole a los del Pacto, los indígenas, los cinco escaños del partido de los Comunes, como se conoce a los desmovilizados de las Farc, y los verdes cercanos, puede llegar a 44. La consecución de los diez votos restantes es crucial, tanto para aprobar las iniciativas, como para lograr el control de la mesa directiva de la Cámara alta, ya que con un presidente de la oposición manejando las sesiones, ningún Gobierno ha sido capaz de sacar adelante una ley. 

Así las cosas, la suerte de las reformas del presidente Petro pasa necesariamente por la conformación de una bancada mayoritaria y por la elección del presidente del Senado. Hasta ahora todos los gobiernos han logrado armar la mayoría con burocracia. Lo que usualmente se conoce como mermelada es también una forma de aproximarse a los más reticentes para lograr los votos necesarios. Esto que parece una perogrullada, en la práctica, es el ABC de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo nuevo es que ahora lo va a tener que lidiar un presidente de izquierda. Nadie duda, por ejemplo, que los conservadores quisieran mantener su poder burocrático y que para hacerlo están dispuestos a alinearse con el nuevo gobierno, pero ¿cómo lograr que un partido que históricamente ha sido el portavoz de los terratenientes quiera aprobar una necesaria reforma agraria? Y así tema por tema, tanto en Senado como en Cámara.

Alguien dijo que la política es el arte de lo posible y sin conformar esa mayoría ahora, cuando el mandato de Petro está fresco, la gobernabilidad se le puede complicar. En pocas palabras, para hacer posible sus reformas tiene que moderar sus aspiraciones y eso puede traer las primeras decepciones, sobre todo teniendo en cuenta las altísimas expectativas de muchos de los electores del nuevo presidente. 

Lo peor de este escenario es que si Petro no da los pasos adecuados y tempranos para conformar esa mayoría, la derecha puede armarle, con la misma ecuación, la misma mayoría pero en contra. Por eso tiene que moverse pronto y de la mano de alguien que le dé confianza a los viejos lobos del Congreso. No es lo mismo tratar de armar una presidencia del Senado para un Roy Barreras que para un Gustavo Bolívar. Aunque el segundo tendría un mayor valor simbólico, el primero sería más viable y seguramente también más efectivo en el plan para sacar adelante una agenda legislativa a la que quizá haya que recortarle un poco las alas para asegurarse de que camine aunque no vuele.

Además de ese desafío en el Congreso, el nuevo gobierno tendrá que aprender a manejar su relación con la rama judicial y con los organismos de control. En su primer discurso el presidente electo hizo un llamado a la Fiscalía y a la Procuraduría para liberar a los jóvenes de la primera línea detenidos. Las frases arrancaron encendidos aplausos en el Movistar Arena pero constituyeron una intromisión del recién elegido presidente en asuntos que solo le competen al ente acusador y al Ministerio Público. Petro tiene que aprender a ser presidente, a dejar de ser candidato y a saber que ese tipo de inquietudes no se pueden tramitar en las tarimas. 

El reto económico

Para muchos sonó tranquilizante que el primer discurso del presidente electo mencionara que su plan consiste en “desarrollar el capitalismo en Colombia”. Porque fue interpretado como un guiño a los empresarios que se han mostrado preocupados por la incertidumbre que les despierta la llegada al poder de un hombre de izquierda. Aunque los ramos de olivo, expresados en comunicados de la Asobancaria, la Andi y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, también llegaron del otro lado, lo cierto es que falta mucho para tranquilizar ese frente. Es necesario que Petro designe en cargos claves, como los ministerios de Hacienda, Comercio y Transporte, a personas que por un lado interpreten las reformas que quiere hacer y por otro tengan lenguaje común con los empresarios.

También es esencial que precise lo que significa su política energética. El petróleo y otros combustibles fósiles son la mayor fuente de ingresos de Colombia  y no se pueden suprimir sin reemplazarlos por otros ingresos. Ese reemplazo es más fácil de decir que de hacer y el nuevo gobierno podría quedar encerrado entre los palos: o incumple con su promesa de campaña de acabar progresivamente con la economía extractivista o se queda sin recursos para la inversión social. 

 
De cualquier manera, la sola expectativa de una menor inversión en el corto plazo en el sector minero-energético puede traer una presión grande sobre el peso y causar una devaluación mayor. Con lo cual se encarecen las importaciones, incluyendo las de bienes de capital, necesarios para el impulso de la producción, que es la columna vertebral de la promesa económica de Petro. 

Si el presidente quiere al mismo tiempo gravar con aranceles ciertos productos para proteger la industria nacional, subir el gasto social para ayudar a los más pobres y someter al peso a una mayor devaluación, necesariamente terminará lidiando con niveles de inflación más altos que los de hoy, que de por sí han subido. Los mayores afectados por la carestía siempre son los más pobres y esa inconformidad usualmente se convierte en protesta social. 

Por todas esas razones será indispensable que el nuevo gobierno adapte su plan para buscar la justicia social dentro de los márgenes de lo posible y sin desquiciar la economía. Esto, al final del día, significa que tendrá que dar menos de lo que ha prometido en campaña si quiere preservar una economía sostenible. 

El reto en el área de seguridad

Los 7 de agosto de posesión, después del juramento ante el Congreso, el primer acto oficial de un nuevo presidente consiste en recibir los honores militares de jefe de Estado, que de alguna manera son el primer reconocimiento de la tropa al comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que esas fuerzas armadas nunca han tenido como comandante a un antiguo guerrillero. Los militares constitucionalmente no son deliberantes y deben subordinarse a la autoridad civil, representada por el mandatario escogido democráticamente. 

Para nadie es un secreto que la elección de Gustavo Petro produce inquietud en los cuarteles. No es un tema que se quede en la alta oficialidad sino que llega prácticamente a todos los niveles de la fuerza porque en la lógica simplista de la guerra muchos ven al  presidente electo simplemente como un exguerrillero. La situación para ellos es comparable a la que surgiría si a la Iglesia católica le escogieran como papa a un ateo.

El ruido se había empezado a sentir con las encuestas y llegó a su punto más alto cuando el comandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, decidió controvertir con el hoy presidente electo a través de Twitter.  El tema habría vuelto a su cauce normal si el presidente Duque hubiera puesto orden en la casa, llamando la atención del deliberante general en lugar de estimular su salida de tono. 

Como si fuera poco, el comandante del Ejército anunció que cuando él se fuera —y desde luego se irá— lo sucedería una camada de “zapateiritos” como queriendo decir que el tema no terminaba con su retiro sino que sigue con sus subordinados. Lo cual, de hecho, es cierto. El presidente Petro tiene que encontrar un espacio para entenderse con la jerarquía militar y con los policías.

El reto es gigantesco, sobre todo, porque en su propósito de lograr la paz es previsible que se reanuden los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se intente un proceso de algún tipo con las disidencias de las Farc y se emprenda un plan de sometimiento a la justicia y desmovilización de grupos narcoparamilitares como el Clan del Golfo. Esa tarea es muy difícil sin contar con el Ejército y con la Policía, pero si además es contra el Ejército y la Policía, se vuelve sencillamente imposible. 

Una simple operación tortuga de los uniformados en la lucha contra esos grupos armados o contra el narcotráfico puede traer dos consecuencias indeseables y quizás hasta inmanejables para el nuevo gobierno: por un lado, puede acabar con la ya maltrecha paz interna y por otro afectar sustancialmente las relaciones con Estados Unidos por un aumento en los flujos de droga hacía ese país. La conclusión es obvia: Petro tiene que evitar un choque institucional con las Fuerzas Militares y para eso debe oírlos, considerar su experiencia, nombrar una cúpula y un ministro de Defensa que sean aceptados mayoritariamente por los militares y todo eso implica hacer algunas concesiones en su plan.

Para completar, Petro ha hablado de una reforma estructural a la Policía Nacional que iría desde la salida de esa fuerza del Ministerio de Defensa para ser puesta a órdenes del Ministerio del Interior hasta la eliminación del Esmad, un escuadrón cuestionado por abusos, brutalidad y muerte de civiles. La reforma que muchos reconocen como necesaria ya sería un esfuerzo mayor para un presidente que contara con la simpatía de la fuerza pública, para Petro va a ser aún más cuesta arriba. Justa o injustamente, entre los uniformados, Petro es visto como el jefe de la primera línea, y para sacar adelante una reforma real tendrá que librar una doble batalla para persuadir tanto a la fuerza pública, como al Congreso. Y para eso nuevamente tendría que morigerar su plan. En esa doble peluqueada es posible que la reforma termine siendo un pálido reflejo de lo que ha propuesto el nuevo jefe de Estado. 

El reto de las relaciones internacionales

La llegada de Gustavo Petro a la presidencia significa un cambio estructural en la forma tradicional de las relaciones exteriores de Colombia. Por años, la voz del país ha sido la discordante en la región latinoamericana y en cambio un aliado incondicional de Estados Unidos.  Esa postura de estudiante que le lleva la manzana a la profesora ha resultado muy impopular en el contexto regional pero muy productiva en ayuda y negocios con el país más rico del continente. El sacrificio en soberanía política se ha visto compensado, de alguna manera, en programas como el Plan Colombia y en el trámite del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pese a que algunos analistas consideran este último no ha resultado un buen negocio para el país.

El primer discurso de Petro presagió un movimiento en el sentido contrario al tradicional. El presidente electo planteó la necesidad de hacer frente común con los países de la región para hacer entrar en razón a Estados Unidos en el tema ambiental. La postura es audaz y original y quizás dé resultado pero gratis no va a salir. Puede ser que lo que se logre por un lado se pierda por el otro, especialmente ahora que está entrando a estudio del Congreso de Estados Unidos, un proyecto de ley, creado por el senador Bob Menendez, que regularía las relaciones entre ambos países y le daría ayuda a Colombia para impulsar el desarrollo, la educación y especialmente el bilingüismo. 

Apenas se conoció la elección de Gustavo Petro, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, anunció una curiosa renuncia diseñada para causar ruido en las relaciones. La carta dice que se va pero se queda hasta el 6 de agosto. Lo cual no es ninguna revelación pero hace aparecer la dimisión como una consecuencia de la elección presidencial. En pocas palabras, más que una renuncia es un show mediático del embajador, exministro de Defensa y uno de los mayores opositores del acuerdo de paz con las Farc.

La verdad es que Pinzón lleva meses dedicado a hacer lobby contra Petro en Washington. Una labor en la que, según algunas fuentes, ha estado asistido por miembros de las Fuerzas Armadas que han contribuido a demonizar el nombre del entonces candidato y ahora presidente electo. Todo con la aprobación del alto gobierno. 

A estas dificultades se le agrega que Estados Unidos está sumido en un proceso electoral que le hará perder el control de la Cámara de Representantes al Partido Demócrata y volverá más poderosos a los republicanos que ven en Petro a un izquierdista afín con gobiernos que consideran antiamericanos como los de Venezuela, Nicaragua, Perú y sobre todo Cuba. 

El tema cubano marca la agenda de las relaciones con Latinoamérica en el Congreso de Estados Unidos. Tres senadores muy influyentes en el manejo de la política estadounidense hacía Latinoamérica son de origen cubano: el demócrata Bob Menendez, y los republicanos Marco Rubio y Ted Cruz. Puede que haya muchas diferencias entre ellos en la política interna de Estados Unidos pero en lo que tienen una visión homogénea es en el rechazo al régimen cubano y a todo aquel que consideren su aliado. 

El saliente gobierno de Iván Duque ha hecho todo lo posible por presentar a Petro como un aliado de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esto hace que la relación del presidente electo con poderosos sectores políticos de Estados Unidos no arranque de cero sino mucho más abajo.  Si Petro quiere sacar adelante una agenda con Estados Unidos tendrá que viajar a Washington, someterse a preguntas hostiles, disipar dudas y empezar a construir una relación de confianza.

Todo esto implica paciencia, humildad y nuevamente la moderación del plan del nuevo gobierno. No debería ser así pero así funciona. El presidente Petro tiene que hacer gala de gran pragmatismo para entender esta circunstancia y manejarla. Sin tener bajo control la relación con Estados Unidos  puede sufrir un desgaste rápido, que le reste gobernabilidad interna. Si la cosa es aún peor, y la relación acaba volviéndose confrontacional, Colombia puede terminar en el club de países parias, excluido de los programas de ayuda y estigmatizado internacionalmente. 

Por supuesto el inicio de un gobierno trae un viento de optimismo pero por las mismas razones que Petro llena de esperanza a más de 11 millones de colombianos que lo escogieron este domingo con la votación más alta de la historia, también llena de preocupación a otros 10 millones y medio que estuvieron a punto de elegir presidente a un personaje de muy dudosos méritos para llegar al cargo, solo por cerrarle el paso a la izquierda. Petro debe entender las señales para que su gobierno sobreviva a los múltiples retos que enfrenta sin abandonar sus sueños pero dándoles la dimensión que permiten estas realidades.