“Quisieron convertir el empalme en un juicio al presidente”: Juan Fernando Cristo

Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y miembro de la campaña del candidato de izquierda Iván Cepeda, afirma que, a pesar de la tormenta política, el presidente Gustavo Petro dejará el poder este 7 de agosto y que ese mismo día se posesionará el presidente electo Abelardo de la Espriella, porque esa fue la decisión que tomaron los electores en las urnas. Sin embargo, expresa su preocupación por el impacto que pueda tener para el país un mandato de extrema derecha, en especial por el poder que tendrá Carlos Alonso Lucio, condenado por la Corte Suprema de Justicia.

CAMBIO: ¿Cómo ve este accidentado proceso de transición entre el gobierno entrante y el saliente?
JUAN FERNANDO CRISTO: Con mucha preocupación. Creo que es un proceso inédito en nuestra democracia, incluso comparado con los momentos de confrontación más dura entre gobierno saliente y entrante. Recuerdo los casos recientes: el del expresidente Samper entregándole el poder al expresidente Pastrana, después de una pelea política y personal muy dura que se prolongó durante años y que en algunos aspectos todavía se mantiene. O la transición entre el expresidente Santos y el expresidente Duque, entre contrarios que veníamos de una disputa enorme alrededor del acuerdo de paz de 2016. Esos procesos se cumplieron de manera tranquila y organizada; obviamente, sin grandes abrazos ni demostraciones de afecto, pero con profesionalismo, seriedad y una entrega del poder absolutamente normal.

CAMBIO: ¿Y eso ya no ocurrió ahora? ¿Por qué?
J. F. C.: No. Hay que ser francos: no se dio. Lamentablemente, las circunstancias no lo permitieron, y creo que hay responsabilidades de parte y parte. Es la primera vez que un gobierno de izquierda, como el del presidente Petro, tiene que entregar el poder, a un gobierno elegido por un margen muy estrecho, pero que sin duda lo demostró en la campaña —y lo sigue haciendo en la conformación del gabinete y en sus declaraciones y acciones— es un gobierno de extrema derecha. Eso hace que las diferencias sean enormes y, lamentablemente, se ha reflejado en este proceso de transición.

CAMBIO: El presidente Petro no ha reconocido el triunfo del presidente electo. Más allá de que sea un gesto político, ¿es eso necesario técnica o jurídicamente?

J. F. C.: No, no es necesario; es una expresión política. El presidente Petro, el Pacto Histórico, la campaña de Cepeda —o algunos de sus integrantes, abogados o magistrados— tienen todo el derecho, como siempre ha sucedido en Colombia en cada elección presidencial, a presentar demandas sobre la elección, sobre la financiación de las campañas, sobre su desarrollo o sobre los resultados mismos. Eso es válido y legítimo, y serán los jueces, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado quienes definan esa situación.

CAMBIO: ¿Entonces?

J. F. C.: En la práctica creo que, precisamente por ese clima tan enrarecido, se generó una tormenta, una histeria colectiva que no corresponde a la realidad. Desde el primer día se anunció el empalme: el presidente Petro señaló que el ministro de Hacienda lideraría esa comisión por parte del Gobierno. Cuando un presidente nombra a su ministro de Hacienda para liderar el empalme, está reconociendo la elección; está reconociendo que el Gobierno entrante es el de Abelardo de la Espriella, no el de la campaña de Iván Cepeda. Y si había alguna duda, el presidente Petro hizo bien en señalar con claridad, más allá de todos los cuestionamientos al proceso electoral, que se iría del poder el 7 de agosto.

CAMBIO: Pero en el ambiente hay mucha preocupación.

J. F. C.: Hay que poner las cosas en sus justas proporciones. Va a haber una transición accidentada, en un clima que no es el deseable para el país —de confrontación muy aguda—, pero creo que la democracia colombiana y su institucionalidad salen fortalecidas de este proceso.

CAMBIO: ¿Por qué?

J. F. C.: Hace año y medio nos decían que el presidente Petro no se iba a ir del poder, que iba a aplazar las elecciones, que no iba a reconocer el resultado, que iba a expedir un decreto de conmoción interior para que una corte de bolsillo avalara esas intenciones antidemocráticas. Y el presidente entregará el poder el 7 de agosto, seguramente sin saludos, sin verse con el presidente electo, sin ningún gesto. De lado y lado no se ha sabido manejar esto: el gobierno entrante quiso convertir el empalme casi en un juicio al presidente Petro, lo cual también marcó el tono de esta transición.

CAMBIO: Usted se muestra tranquilo en medio de la tormenta…

J. F. C.: Tendremos un nuevo Gobierno el 7 de agosto y un nuevo Congreso el 20 de julio. Tuvimos unas elecciones tranquilas, seguras, sin incidentes de orden público, y el país sigue adelante. Vamos a esperar a que el nuevo Gobierno empiece a ejercer el 7 de agosto. Muchos no tenemos esperanzas sobre ese gobierno; no compartimos muchas de sus tesis, propuestas ni primeras decisiones, pero esa es la democracia colombiana y hay que respetarla.

CAMBIO: ¿Qué va a pasar?

J. F. C.: Lo que necesitamos es que, a partir del 7 de agosto, el Gobierno se dedique a gobernar y la oposición a ejercer oposición, más allá de juegos pirotécnicos sobre extradiciones, juicios políticos, fraudes o desobediencia civil. Eso lo iremos viendo, y espero que los medios de comunicación y la ciudadanía también hagan su parte para defender la democracia de este país.

CAMBIO: Usted ha participado en empalmes anteriores. ¿Se necesita o no el empalme?

J. F. C.: Creo que sí; por eso está contemplado legalmente. Creo que el Gobierno entrante comete una grave equivocación al negarse a hacerlo. Independientemente de todas las críticas y cuestionamientos al Gobierno saliente, hay procesos en marcha en materia de infraestructura, de desarrollo rural, de educación y de salud, más allá de las discusiones sobre las reformas.

CAMBIO: ¿Qué tan importante sería ese intercambio de información, como lo ha sido siempre entre los gobiernos?

J. F. C.: El empalme ayuda mucho, más si se tiene en cuenta que la primera tarea que debe acometer el próximo gobierno es empezar a preparar su plan de desarrollo. Y para prepararlo es fundamental tener claro qué es lo que se recibe. Ahora, si de lo que se trata no es de un empalme sino de un juicio político o legal contra Petro y los ministros que están saliendo, eso es un proceso completamente distinto a lo que debería ser un empalme técnico y organizado, de entrega de información, entre gobiernos con visiones distintas sobre muchos temas de la realidad nacional.

CAMBIO: A propósito, Carlos Alonso Lucio, quien es una voz muy importante en el gobierno entrante, dio una entrevista a CAMBIO en la que dejó abierta la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro sea juzgado e incluso extraditado a Estados Unidos.

J. F. C.: El doctor Carlos Alonso Lucio fue condenado por la Corte Suprema de Justicia; eso es un hecho judicial, no una opinión. Sin duda, va a jugar un papel importante en el Gobierno, y ya lo hemos visto en estos primeros días. Diría que la entrevista del doctor Lucio a CAMBIO fue, de alguna manera, la que generó toda la crisis en el empalme, que venía avanzando en medio de todas las dificultades. Ya había existido una reunión entre el ministro de Hacienda y el vicepresidente electo con sus respectivos equipos, y lamento que esas declaraciones hayan añadido, a las diferencias actuales entre los modelos de país del gobierno saliente y el entrante, diferencias personales, rencillas y mezquindades históricas al interior del M-19.

CAMBIO: ¿Por qué cree que hay esa posición tan dura de Lucio al presidente Petro?

J. F. C.: No sé. Quienes hemos estado en la vida política del país sin haber pertenecido a esos grupos alzados en armas desconocemos qué pasó allá, y no me parece justo que, 35 años después de la desmovilización del M-19, todos los colombianos tengamos que pagar los platos rotos de disputas internas cuyo origen desconocemos. Tampoco es justo para los trece millones de colombianos que votaron por Abelardo de la Espriella, o los más de doce millones y medio que votaron por Iván Cepeda, que esperan que el país siga avanzando y no que nos quedemos envueltos en disputas personales.

CAMBIO: La voz de Lucio se seguirá escuchando...

J. F. C.: Creo que la entrevista con CAMBIO fue una salida desafortunada del doctor Lucio, y ojalá, ya en el ejercicio del Gobierno —y como asesor cercano del presidente—, no siga alimentando esas pasiones que a lo largo de la historia siempre han llevado a desastres en el país.

CAMBIO: También en la entrevista lo señaló a usted, al calificar como un “acto de corrupción” suyo el haber “comprado a la Comisión Primera de la Cámara” para evitar el paso de un referendo que buscaba prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo. ¿Qué responde?

J. F. C.: Cuando yo era ministro del Interior de Juan Manuel Santos, la entonces senadora Viviane Morales, con la asesoría de Carlos Alonso Lucio, impulsó en el Congreso un referendo para convocar a los colombianos a pronunciarse sobre la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo. Era un referendo abiertamente inconstitucional, contrario a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que afectaba los derechos legítimos de las minorías sexuales y los derechos de los propios niños adoptados por esas parejas.

CAMBIO: ¿Y qué pasó?

J. F. C.: Se dio un debate democrático en el Congreso. Le confieso que en los primeros debates de ese proyecto el ministerio no participó, porque en ese momento estábamos concentrados en la implementación del acuerdo de paz con las FARC, que era prioridad del Gobierno. Cuando vimos que el referendo avanzaba, en su penúltimo debate, tomamos con el presidente Santos la decisión de fijar la posición del Gobierno ante el Congreso, posición que quedó consignada oficialmente en varios documentos de la época sobre la inconveniencia, la inconstitucionalidad y la ilegalidad de ese referendo.

CAMBIO: ¿Usted qué hizo en ese momento?

J. F. C.: Fui personalmente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde estaban el doctor Lucio y la doctora Morales. Allí fijé la posición del Gobierno y pedí a la Comisión que archivara el proyecto. Hubo garantías para todos los sectores, los partidarios del referendo y quienes no lo eran. La Comisión votó mayoritariamente en contra de que el referendo pasara a la plenaria de la Cámara.

CAMBIO: ¿Cómo interpretar la reedición de esta discusión?

J. F. C.: El doctor Lucio no puede salir a señalar impunemente que el ministro del Interior de la época compró la Comisión Primera para hundir el referendo. No sé en qué se basa una afirmación tan grave. Ojalá no ejerza el poder de esa manera, y ojalá esto no siente un precedente de que este gobierno, cada vez que el Congreso se pronuncie en contra de sus intereses, desconozca esas decisiones. Prefiero pensar que el doctor Lucio cometió una ligereza al hablar de que se compró al Congreso para archivar un referendo que atentaba contra los derechos de las minorías, cuando en realidad fue una deliberación democrática y una decisión libre de los congresistas.

CAMBIO: Usted menciona la relación del próximo Gobierno con el Congreso. El doctor Lucio y el ministro del Interior electo, Rodrigo Lara, han dicho que existe una comunión entre el pueblo colombiano y el presidente electo, y que habrá un Gobierno plebiscitario. ¿Qué significa eso para la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo?

J. F. C.: Así son la vida y las paradojas políticas. Eso tiene mucho que ver con el “Estado de opinión” del que hablaba el expresidente Álvaro Uribe a comienzos de este siglo, y también con la apelación directa al pueblo colombiano que hizo el presidente Petro en los últimos cuatro años. Es la discusión de siempre entre la democracia representativa y la democracia participativa, contempladas ambas en la Constitución de 1991.

CAMBIO: ¿Qué hacer en estas circunstancias?

J. F. C.: Hay que estar muy alertas a que en este gobierno se garantice la separación de poderes en Colombia; ojalá la institucionalidad, ese sistema de pesos y contrapesos diseñado por la Constitución del 91 —que ha funcionado de manera adecuada en los distintos gobiernos desde entonces y que se puso a prueba durante los últimos cuatro años del gobierno Petro—, se mantenga con la misma independencia durante los próximos cuatro años del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Eso sería muy importante para el funcionamiento institucional del país. Lo contrario sería saltarse todos los controles apelando al pueblo.

CAMBIO: La política es dinámica…

J. F. C.: Resulta paradójico, e incluso preocupante, que durante el último año buena parte de la campaña contra la candidatura de Iván Cepeda tuvo que ver con la llamada Constituyente. Esa Constituyente no la promovía el Gobierno, sino un comité promotor ciudadano que recogía firmas, aunque evidentemente el Gobierno lo respaldaba. Ahora, cuando en CAMBIO le preguntan al doctor Lucio por esta nueva iniciativa ciudadana —que buscaría, como en 2016, prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo—, él responde que el Gobierno no la va a promover, pero que si hay una iniciativa ciudadana, estaría de acuerdo con ella. Es exactamente lo mismo que le criticaban al Gobierno Petro sobre la Constituyente.

CAMBIO: Usted ha definido al nuevo Gobierno como de extrema derecha. ¿Qué significa eso para el país?

J. F. C.: Prefiero esperar las decisiones concretas de ese Gobierno antes que guiarme solo por los anuncios. Pero, sin duda, anunciar bloques urbanos de seguridad sin ningún desarrollo ni explicación de en qué consistirían, la eliminación de la justicia transicional y la JEP, o referendos de esta naturaleza frente a las minorías, en el marco de una campaña que dijo que iba a “destripar” a quien no estuviera de acuerdo, obliga a tener las alertas bien encendidas.

CAMBIO: En situaciones como esta, ¿cuál debería ser el papel de la ciudadanía?

J. F. C.: Es necesario que la ciudadanía, el control social y la separación de poderes garanticen que las libertades y los derechos consagrados en la Constitución del 91 no se vean amenazados, y que ese catálogo de derechos pueda seguir desarrollándose. Eso es lo que significaría, para mí, la materialización de un gobierno de derecha en Colombia, que obviamente no compartimos y al que habrá que ejercerle una oposición democrática y civilista: por ejemplo, la ley de orden público, que debe prorrogarse cada cuatro años y que fijará la política de seguridad y paz del Gobierno, el debate tributario, donde la orientación económica es clara. Habrá que estar alertas para que no se pretenda desmontar las conquistas sociales logradas: la reforma laboral, la reforma agraria, la reforma pensional, la educación gratuita, entre otras.

CAMBIO: Usted ha vivido de cerca el impacto del conflicto armado en Colombia; su padre fue asesinado, participó en el proceso de paz de La Habana y es autor de la Ley de Víctimas. Con esa experiencia, ¿cómo ve a un Gobierno que dice que le da un plazo de un mes a los grupos armados ilegales para que se sometan?

J. F. C.: Me pareció una ligereza que el presidente Petro dijera, hace cuatro años, que iba a lograr la paz con el ELN en tres meses. Ahora imagínese un presidente que espera que en un mes se sometan todos los grupos violentos del país, después de sesenta años de conflicto y del acuerdo de paz de 2016, que desmovilizó a 13.000 combatientes, un acuerdo que además cuestiona el propio presidente electo.

CAMBIO: ¿Un imposible para cualquier gobierno?

J. F. C.: Es una frase más de campaña, de publicidad y de marketing político, que sabemos no se va a cumplir. Ojalá el presidente electo no tome decisiones en contravía de los derechos humanos de los colombianos. Si algo se ha avanzado en los últimos años en Colombia —no solo durante el Gobierno Petro, sino desde el acuerdo de paz— es el respeto a los derechos humanos y la civilidad de nuestras fuerzas militares y de policía, gracias a su formación en la materia.

CAMBIO: Pero a los criminales hay que combatirlos…

J. F. C.: Claro que sí, eso es indiscutible. Hay que combatir a los grupos criminales, sí, pero respetando los derechos de todos los colombianos. Ojalá el Gobierno avance en la implementación del acuerdo de paz, que tiene mucho que ver con la paz territorial y el desarrollo de los territorios, y tiene todo el derecho —así fue elegido— a replantear la política de Paz Total. Yo mismo lo he dicho: la Paz Total fue un fracaso y debe replantearse. Espero que no se cierren las puertas a una negociación política, ya sea de sometimiento a la justicia o de acuerdo de paz con los distintos grupos criminales del país. Bienvenido el combate a estos grupos, siempre dentro del respeto a los derechos humanos.

CAMBIO: Hay un hecho simbólico: el presidente electo acaba de nombrar como ministro de Defensa a un militar retirado que dice que va a volver a ponerse el uniforme, y anuncia que se posesionará en una guarnición militar. ¿Qué mensaje transmite eso?

J. F. C.: Un mensaje de militarización de la sociedad colombiana, una responsabilidad muy grande para los militares, y tal vez la idea de que solo las armas, solo los fusiles, solo las balas, van a traerles paz y seguridad a los colombianos. Eso ya se ha intentado antes, sin éxito. La clave de la seguridad y la paz en los territorios de Colombia —donde los grupos criminales se han multiplicado, no en los cuatro años del Gobierno Petro, sino desde el Gobierno Duque— está en la transformación de esos territorios, combinada, por supuesto, con el fortalecimiento de la capacidad operativa y de inteligencia de nuestras fuerzas militares y de policía, pero al mismo tiempo con la transformación de los territorios. Solo con balas no vamos a conseguir la paz en este país, y los militares son los primeros conscientes de que esa es una realidad.

CAMBIO: ¿Quién va a liderar y cómo va a funcionar la oposición en Colombia? ¿El candidato derrotado, Iván Cepeda? ¿El presidente Petro en la calle? ¿Ustedes?

J. F. C.: Va a haber muchas oposiciones: oposición en las calles, oposición en el Congreso y oposición, obviamente, en el debate político. Desde el día siguiente a la segunda vuelta arrancó el proceso de las elecciones regionales, la elección de gobernadores y alcaldes. Allí habrá una verdadera batalla de oposiciones y gobiernos; se liberarán las distintas fuerzas políticas. Eso no necesariamente es malo para la democracia de este país; no hay que tenerle miedo. Creo que aquí hay claramente definidas unas visiones que los colombianos, en los distintos territorios, tendrán que definir. Pero no creo que vaya a haber un solo jefe de la oposición en Colombia; no hay una línea única.

CAMBIO: ¿Y En Marcha?

J. F. C.: Quienes participamos en la Alianza por la Vida no pertenecemos al Pacto Histórico, no somos de izquierda: somos liberales, somos socialdemócratas, y tenemos una visión muy distinta de Colombia a la que ha planteado el señor De la Espriella.

CAMBIO: Finalmente, ¿cómo pinta el horizonte?

J. F. C.: Se vienen cuatro años muy duros, de mucha polarización en Colombia. Ojalá se pueda construir en un marco de respeto mutuo, de respeto a la Constitución y a la ley y, sobre todo, de manera pacífica, sin que estas circunstancias de polarización nos traigan nuevas épocas de violencia.