La declaración del capitán Óscar Mojica que pone a Laura Sarabia como autora intelectual del polígrafo a Marelbys Meza

Han pasado más de dos años desde que CAMBIO reveló que Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia, fue sometida ilegalmente a interceptaciones telefónicas después de denunciar el robo de un maletín con dinero y documentos en el apartamento de la entonces jefe de gabinete de la Presidencia. El caso es uno de los episodios más oscuros del gobierno nacional por el desenlace que tuvo la historia: una denuncia por un supuesto hurto terminó convirtiéndose en un caso de chuzadas ilegales, un polémico polígrafo practicado a una empleada doméstica y, finalmente, la muerte del coronel Óscar Dávila, coordinador de protección anticipativa de la presidencia y uno de los primeros investigados. 

A la fecha, la investigación que compromete a varios oficiales de la Policía tiene solo una cara visible sentada en los estrados judiciales: el coronel Carlos Feria, jefe de protección presidencial. Sin embargo, eso está a punto de dar un giro de 180 grados con la colaboración de uno de los oficiales que fue judicializado por el caso y que decidió decirle a la justicia que la que dio la orden de hacerle el polígrafo a Meza fue la entonces jefe de gabinete, Laura Sarabia. 

Se trata del capitán Óscar Leandro Mojica Cordón, uno de los oficiales que participó en la investigación del supuesto hurto a Sarabia y que, posteriormente, fue procesado por las interceptaciones ilegales. Mojica decidió acogerse a un principio de oportunidad y firmó un acta de compromiso con la Fiscalía en la que aceptó convertirse en testigo de cargo contra varios de los protagonistas del caso. 

El acuerdo, suscrito el pasado 2 de julio ante la Fiscalía 79 Delegada contra la Criminalidad Organizada y avalado por un juez, muestra cuáles son sus compromisos, qué es lo que declarará bajo juramento y quiénes serán las personas contra las que entregará su testimonio. Entre ellas aparece el de la hoy embajadora Laura Sarabia Torres; el coronel Carlos Feria, entonces jefe de protección presidencial, y el mayor Duván Andrés Muñoz Hernández, adscrito a la jefatura de protección de la presidencial. 

“Laura Sarabia dio la orden del polígrafo a Marelbys”: capitán Mojica

El primer nombre que aparece en la matriz de colaboración es el de Laura Sarabia Torres. Según el acta, Mojica declarará que todo comenzó el 29 de enero de 2023, cuando Sarabia, tras enterarse del supuesto hurto de un dinero en su apartamento, realizó una llamada telefónica al oficial al que se refería como "el Coronel". En ese testimonio sostendrá que durante esa conversación le pidió modificar su esquema de seguridad y que, posteriormente, impartió la instrucción para que Marelbys Meza fuera sometida a un examen de polígrafo. Esa será, según el documento, la versión que Mojica sostendría ante un eventual proceso contra Sarabia. En la matriz de colaboración, la Fiscalía dice que los delitos por los que sería investigada están por establecer. 

La segunda pieza de esa reconstrucción apunta al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago. Mojica se comprometió a declarar que fue precisamente Feria quien recibió la llamada de Sarabia aquella tarde del 29 de enero y que, después de esa comunicación, ejecutó la instrucción de cambiar el esquema de seguridad y coordinar la realización del polígrafo. También afirmará que el oficial era el responsable de la asignación del esquema de protección de Sarabia y superior directo de la teniente Sandy, quien hacía parte de ese dispositivo. Ese testimonio será rendido dentro del proceso por abuso de función pública y peculado por uso que actualmente enfrenta el coronel. 

El tercer eslabón de la historia, según el compromiso firmado por Mojica, corresponde al mayor Duván Andrés Muñoz Hernández. Allí el capitán asegura que fue Muñoz quien lo convocó para integrar el equipo que investigaría el supuesto robo denunciado en la residencia de Sarabia. Lo que, en apariencia, sería una ampliación de denuncia terminó convirtiéndose —siempre según la versión que Mojica dice que expondrá ante la justicia— en una reunión de un grupo de anticipativa que nunca había sido formalmente convocado para ese caso. En ese encuentro, sostendrá, comenzaron a cruzarse los números telefónicos de las personas más cercanas a Marelbys Meza y a las demás empleadas domésticas de la entonces jefe de gabinete, bajo la hipótesis de que alguna de ellas habría participado en el hurto. 

El acta va un paso más allá. Mojica afirma que declarará que fue ese mismo grupo de anticipativa, dirigido por Muñoz, el que socializó la información recolectada y el que concluyó que era necesario interceptar las comunicaciones de quienes aparecían en ese primer círculo de interés. Según el documento, también explicará que Muñoz accedió a cámaras de seguridad, incluidas las del municipio de Soacha; que coordinó la recolección de videos desde el mismo 30 de enero de 2023 para reconstruir los movimientos relacionados con el supuesto robo; y que fue él quien entregó esa información al investigador Quinchanegua, quien tomó nota de los datos en una agenda que luego haría parte de la investigación. Incluso sostendrá que el interés principal del grupo era recuperar el dinero denunciado como desaparecido y que, en desarrollo de esa búsqueda, comenzaron las verificaciones que terminarían desembocando en las interceptaciones ilegales. 

La reconstrucción que ahora promete hacer Mojica coincide, en buena parte, con la secuencia de hechos que CAMBIO reveló desde junio de 2023. Este medio mostró cómo una denuncia por un supuesto hurto terminó saliendo del cauce ordinario para convertirse en un procedimiento reservado de inteligencia en el que participaron funcionarios de la Dijín, se practicó un polígrafo a Marelbys Meza y, posteriormente, dos de sus líneas telefónicas fueron reportadas falsamente como pertenecientes a integrantes del Clan del Golfo para obtener las órdenes de interceptación. Aquellas revelaciones permitieron establecer que la investigación nunca estuvo orientada a un asunto de seguridad nacional, sino a esclarecer la desaparición del dinero denunciado en la residencia de Sarabia.

Meses después, CAMBIO también obtuvo el video de seguridad de la residencia de la entonces funcionaria, una grabación que registró el ingreso de una única maleta con dinero a la vivienda y que puso en duda varias de las versiones que hasta ese momento habían circulado sobre el supuesto hurto y en las que mencionaban muchas más maletas. Ese material se convirtió en otra de las piezas centrales del expediente y reforzó la importancia de reconstruir quién tomó cada decisión desde el momento mismo en que Sarabia reportó la desaparición del dinero hasta que la Policía puso en marcha un operativo que terminó involucrando interceptaciones ilegales, falsedad en documentos públicos y la utilización de capacidades del Estado para un asunto estrictamente particular.

Ahora, más de dos años después de que estallara el escándalo, la Fiscalía suma un nuevo elemento a esa reconstrucción: el compromiso formal de uno de los oficiales que estuvo dentro del operativo y que promete explicar, bajo juramento, cómo se tomaron las decisiones que marcaron el inicio del caso y cuál habría sido el papel que desempeñó cada uno de sus protagonistas.