El Monumento a la Resistencia: una batalla por la memoria
El Monumento a la Resistencia de Cali. Foto: Colprensa
Mientras el movimiento Defensores por la Patria, del presidente electo Abelardo de la Espriella, promueve la idea de derribar lo que considera una “oda al terrorismo”, artistas, víctimas y defensores del patrimonio advierten que una decisión de ese tipo abriría una nueva y profunda herida en el país. ¿En qué consiste esta pugna?
Por: Armando Neira
El Monumento a la Resistencia de Cali es el primer símbolo de la batalla cultural que promete librar el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. La obra, levantada durante el estallido social de 2021 en el sector ahora llamado Puerto Resistencia, pasó de ser una expresión artística nacida de una protesta ciudadana a convertirse en el centro de una disputa política sobre la memoria y la manera como Colombia decide contar su propia historia.
Desde las redes sociales del movimiento Defensores por la Patria, la plataforma política que impulsó la campaña del nuevo mandatario, se impulsa la idea de un “borrón y cuenta nueva”. Sus promotores sostienen que el país debe recuperar valores asociados al orden, la seguridad y la institucionalidad, y consideran que varios símbolos surgidos durante el Gobierno de Gustavo Petro y las movilizaciones sociales representan una ruptura con esa visión.
En esa narrativa quedó incluido el Monumento a la Resistencia. El propio De la Espriella lo ha calificado como una “oda al terrorismo” y como una representación del “desorden y la ilegalidad”. Algunos de sus seguidores han ido más lejos y han planteado que debería ser derribado el mismo día de su posesión presidencial, el próximo 7 de agosto.
La discusión, sin embargo, supera la existencia física de una estructura de concreto y acero. Lo que está en juego es qué memorias tienen espacio en el paisaje público de Colombia y quién tiene la autoridad para decidir qué símbolos permanecen y cuáles desaparecen.
“El monumento muestra una forma diferente de entender la memoria. Estamos acostumbrados a estatuas de bronce que parecen intocables, pero este es un monumento vivo, que expresa lo que siente una comunidad y que cada año puede renovarse con nuevos mensajes y nuevas luchas”, explicó a CAMBIO Carlos Rodríguez, artista del barrio Unión de Vivienda Popular y uno de los creadores de la obra.
Para Rodríguez, la mano que domina la escultura resume varias historias al mismo tiempo. Es la mano del encapuchado que lanza una piedra, pero también la de quien intenta protegerse de los gases lacrimógenos y los disparos con un escudo; es la mano campesina que trabaja la tierra y la de quienes, según él, salieron a las calles para reclamar mejores condiciones de vida.
“Es una mano que representa resistencia, pero también solidaridad”.
El Monumento a la Resistencia nació después del estallido social, un periodo que dejó profundas fracturas políticas y sociales en el país. Sobre las cifras de víctimas de esas jornadas no existe una única contabilidad aceptada: distintas instituciones han presentado registros diferentes según los periodos y los criterios utilizados.
La Fiscalía reportó en su momento 29 fallecidos, mientras organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e Indepaz presentaron cifras superiores, algunas hablan de más de 100. La diferencia entre esos registros continúa siendo parte del debate público sobre lo ocurrido.
Una obra, miradas distintas
Para sus defensores, la obra representa precisamente esa disputa: la necesidad de conservar la memoria de quienes consideran que fueron víctimas de abusos durante las manifestaciones. Para sus críticos, en cambio, simboliza los bloqueos, los hechos de violencia y las afectaciones que también sufrieron miles de ciudadanos durante las protestas.
El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes inició el proceso para evaluar su posible declaratoria como Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, bajo el argumento de que la pieza tiene un valor patrimonial asociado a un momento determinante de la historia reciente del país.
Esa posibilidad abrió una nueva dimensión del debate: más allá de las posiciones políticas, existen procedimientos legales que regulan la intervención o modificación de bienes con algún tipo de protección patrimonial.
“Lo que ocurriría si se derriba el monumento es que se abriría una nueva guerra por la legitimidad de las memorias”, advierte Juan David Correa, exministro de las Culturas, las Artes y los Saberes. “Quienes sienten que su historia fue borrada podrían reaccionar buscando hacer lo mismo con otros símbolos”.
Entre varios seguidores del presidente electo, “no se trata de una obra sino de una cosa muy fea”. Para Correa, los monumentos no existen únicamente por su valor estético. Su importancia está en lo que representan para una sociedad y en los debates que generan alrededor de su pasado.
“Puede haber monumentos que gusten o no gusten, pero ese no es el punto. Las sociedades no conservan sus símbolos porque sean bellos para todos, sino porque condensan momentos históricos, conflictos, dolores y transformaciones”, sostiene.
El valor de la memoria
La controversia alrededor de esta obra no es un episodio aislado. Forma parte de una discusión más amplia sobre la manera como Colombia ha construido sus relatos públicos y sobre qué sectores de la sociedad han tenido históricamente mayor capacidad para decidir qué merece ser recordado.
Para Correa, el problema de fondo es que durante décadas la memoria nacional se construyó principalmente desde una mirada centralista y andina, dejando en segundo plano las experiencias de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y otros grupos sociales que también participaron en la construcción del país.
“Colombia no es una nación de una sola cultura. Es una nación intercultural, así lo reconoce la Constitución. Si la cultura es la base de nuestra identidad, tenemos que reconocer esas otras historias”, afirma.
Desde esa perspectiva, el exministro considera que el Monumento tiene un significado particular porque está ubicado en uno de los sectores populares de Cali que vivieron con mayor intensidad el estallido social. Puerto Resistencia, como fue rebautizado durante las protestas el sector conocido originalmente como Puerto Rellena, se convirtió en uno de los principales puntos de concentración del movimiento social.
Allí confluyeron jóvenes, organizaciones comunitarias, colectivos artísticos y habitantes de barrios cercanos que reclamaban cambios sociales y económicos. Pero también fue escenario de enfrentamientos, bloqueos y hechos violentos que generaron rechazo en otros sectores de la ciudad.
Esa doble lectura explica la dificultad del debate. Para unos, la obra representa una expresión legítima de una comunidad que reclamó ser escuchada. Para otros, se convirtió en un símbolo asociado a una protesta que afectó la movilidad, la economía y la tranquilidad de miles de ciudadanos.
Patricia Ariza, quien hace seis décadas fundó junto con Santiago García el Teatro La Candelaria, se muestra sorprendida de que algunos sectores lleguen al poder con la idea de que la memoria puede borrarse de un plumazo y que es posible empezar de nuevo sobre una página en blanco. A su juicio, derribar el monumento sería un grave error. “Eso produciría mucho dolor, y el dolor puede convertirse en rabia, y la rabia en violencia”, afirma.
La eliminación no es el camino
La disputa por los símbolos, dice Correa, no debería resolverse mediante la eliminación física de las expresiones de una parte de la sociedad. “Las discusiones sobre la memoria deben darse de manera pública, democrática y argumentada. Lo contrario es entrar en una lógica en la que cada grupo destruye los símbolos del otro cuando llega al poder”, señala.
Como ejemplo menciona otros debates históricos alrededor de monumentos vinculados con procesos coloniales o figuras controvertidas. Si un sector de la sociedad considera legítimo derribar una representación porque no comparte su significado, advierte, otros podrían sentirse autorizados a hacer lo mismo con símbolos de distintas corrientes políticas, religiosas o culturales.
La experiencia internacional muestra que esas disputas pueden adquirir dimensiones profundas. La destrucción de símbolos del pasado ha acompañado procesos revolucionarios, guerras civiles y transformaciones políticas en diferentes países. Por eso, para Correa, el Estado debe actuar con especial cuidado.
“No se trata de defender todos los monumentos por el simple hecho de existir, sino de entender que una sociedad democrática debe ser capaz de convivir con las huellas de su historia, incluso cuando esas huellas incomodan”, explica.
No olvidar las ejecuciones extrajudiciales
Esa misma preocupación aparece en otros procesos de memoria que se adelantan en el país, como el Parque Monumento a la Memoria de las Madres de Soacha, una iniciativa surgida a partir de la lucha de las familias de jóvenes asesinados por miembros del Ejército Nacional y presentados falsamente como bajas en combate.
La obra, actualmente en construcción en el centro de Bogotá, busca convertirse en un espacio de reparación y reconocimiento para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”. Su diseño se hizo a partir de la experiencia de las madres, que quisieron representar la relación entre la vida, la pérdida y la memoria.
Gloria Astrid Peláez Martínez, integrante de la organización Mafapo, Madres de Falsos Positivos de Colombia, ha acompañado ese proceso. Su hijo, Daniel Alexander, fue asesinado cuando tenía 19 años y presentado como muerto en combate.
Para ella, los espacios de memoria no son únicamente construcciones físicas. Son lugares donde las víctimas pueden reconstruir una historia que durante años fue negada. “El arte nos ha unido. Es como una terapia, nos ayuda a sanar. La memoria no nos la pueden quitar”, dice.
La preocupación de Peláez es que el cambio político en el que entra el país pueda afectar iniciativas construidas durante muchos tiempo por las víctimas. Teme que proyectos de memoria impulsados por la administración del Pacto Histórico pierdan respaldo institucional con la llegada del nuevo gobierno.
El valor de la cultura
Ese temor conecta con una de las discusiones centrales del próximo gobierno: cuál debe ser el papel de la cultura en la sociedad. De la Espriella ha planteado que su administración buscará transformar el sector cultural para convertirlo en un motor de prosperidad, empleo y proyección internacional. Sus críticos consideran que esa visión reduce la cultura a una lógica económica y desconoce su dimensión simbólica y social.
Correa cuestiona esa mirada. “La cultura no es solamente una industria. Tiene una relación con la identidad, con la historia, con la manera como una sociedad se reconoce a sí misma”, afirma.
Para él, convertir toda expresión cultural en un asunto de rentabilidad implicaría confundir cultura con entretenimiento o industria creativa. “La cultura también tiene que ver con las preguntas que una sociedad se hace sobre su pasado y sobre su futuro”, sostiene.
Durante la campaña, el mandatario electo insistió en que su gobierno buscará recuperar una idea de orden institucional y fortalecer una identidad nacional que, según sus seguidores, habría sido debilitada durante los últimos años.
La discusión, sin embargo, enfrenta un límite: el patrimonio público no puede modificarse simplemente por una decisión política. Existen normas, procedimientos y autoridades encargadas de determinar qué puede ser intervenido, trasladado o retirado.
Correa recuerda que, si el monumento avanza en su proceso de declaratoria como Bien de Interés Cultural, cualquier decisión sobre su futuro tendría que cumplir los procedimientos establecidos por la ley. “No puede llegar alguien con un bulldozer y resolver una discusión histórica por la vía de los hechos”, afirma.
El exministro explica que una eventual intervención requeriría la participación de las autoridades competentes, incluida la Alcaldía de Cali, además de los organismos encargados del patrimonio cultural.
La batalla política
La discusión jurídica, por ahora, avanza paralela a la disputa política. El choque de interpretaciones refleja una tensión que atraviesa a muchas democracias contemporáneas: cómo administrar una memoria colectiva en la que conviven relatos contradictorios.
Los monumentos tienen precisamente esa característica: fijan en el espacio público una interpretación del pasado. Por eso generan adhesiones y rechazos.
En Francia, por ejemplo, existen monumentos asociados a episodios y personajes que siguen generando debate. La existencia de esas controversias no ha llevado necesariamente a su destrucción, sino a nuevas conversaciones sobre su significado. “Los símbolos también pueden ser discutidos. Una sociedad madura no elimina todo aquello que incomoda; aprende a debatirlo”, señala Correa.
La diferencia entre las posiciones no está únicamente en la valoración artística de la obra. Está en la interpretación del propio estallido social. Mientras unos lo consideran una expresión ciudadana frente a problemas estructurales de desigualdad y falta de oportunidades, otros lo ven como un periodo de desorden que afectó la autoridad del Estado y la convivencia.
Esa fractura explica por qué un monumento ubicado en un sector específico de Cali terminó convertido en un símbolo nacional.
La disputa también se conecta con otros procesos de memoria que han generado discusiones en Colombia. Durante años, diferentes comunidades han reclamado reconocimiento para lugares asociados con hechos de violencia, resistencia y exclusión.
El nacimiento de La vorágine
En esta administración, por ejemplo, hubo iniciativas para blindar la memoria en Armero, San Basilio de Palenque y La Chorrera, en el Amazonas, donde permanecen huellas de diferentes episodios de violencia y resistencia. El argumento es que una nación democrática no puede construirse únicamente a partir de la historia de los sectores que tradicionalmente han tenido mayor poder para narrarla. “Si una sociedad solo conserva una memoria, termina negando una parte de sí misma”, afirma Correa.
Ese debate tendrá una nueva etapa con el cambio de gobierno. Para quienes apoyan al nuevo mandatario, se trata de recuperar una visión de cultura asociada al desarrollo económico, la promoción del talento y la identidad nacional.
Para sus críticos, existe el riesgo de que esa transformación implique relegar las políticas de memoria, reparación y reconocimiento de comunidades que han encontrado en el arte y el patrimonio una forma de reivindicación.
La controversia alrededor del Monumento a la Resistencia apenas comienza. Su futuro dependerá de una combinación de factores políticos, jurídicos y sociales que irán más allá de la voluntad del presidente electo o de quienes hoy piden su desaparición.
El mayor riesgo no está únicamente en la eventual eliminación de una obra, sino en la lógica que podría abrirse si el Estado decide resolver una disputa sobre la memoria mediante la destrucción de símbolos. “Cuando una sociedad empieza a eliminar las marcas del otro porque no comparte su significado, entra en una dinámica peligrosa”, advierte Correa.
A su juicio, la discusión debería orientarse hacia una conversación democrática sobre los símbolos que representan a Colombia, no hacia una competencia para determinar qué grupo tiene más fuerza para imponer su propia versión del pasado.
De Colón a Laureano
El exministro recuerda que durante el gobierno de Gustavo Petro no se produjo una política de destrucción de monumentos o de eliminación de nombres de espacios públicos, aunque existieron debates alrededor de figuras históricas asociadas con la conquista, la colonia o distintos episodios controversiales. Así, por ejemplo, el Teatro Colón conservó su nombre y la estatua de Laureano Gómez en el norte de Bogotá no se le tocó.
La diferencia está en que las discusiones sobre memoria deben tramitarse dentro del marco de la ley y las instituciones. Una sociedad puede debatir sus símbolos, puede cuestionarlos, puede reinterpretarlos. Lo que no puede hacer es resolver esas discusiones por la vía de los hechos.
En esa tensión está precisamente el valor simbólico del Monumento: representa una sociedad dividida sobre la interpretación de un mismo acontecimiento.
Los monumentos cumplen una función incómoda. No solo recuerdan aquello que una sociedad celebra; también conservan las huellas de sus conflictos. Por eso algunos generan orgullo y otros rechazo.
Una democracia no se define porque todos compartan la misma memoria, sino por la capacidad de convivir con memorias distintas y tramitar sus diferencias mediante la palabra, las instituciones y el debate público.
La memoria de un país nunca es una página en blanco. Es un territorio de disputa donde conviven dolores, reclamos, victorias y derrotas. La batalla alrededor del monumento no es solamente sobre una escultura. Es sobre quién tiene derecho a contar la historia de Colombia y qué parte de esa historia está dispuesta a reconocer la sociedad.
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