‘El Gobierno está inflando las cifras y entregando tierras sin título’: Cecilia López
La ministra de Agricultura Martha Carvajalino y la exministra de esa cartera Cecilia López. Fotos: Colprensa.
La exministra de Agricultura sostiene que miles de hectáreas entregadas a campesinos aún no cuentan con el registro que consolida jurídicamente la propiedad. La ministra Martha Carvajalino defiende la transparencia del proceso. Detrás del debate hay una pregunta de fondo: qué significa realmente “entregar” una tierra.
Por: Armando Neira
Durante estos cuatro años, la escena se repitió en distintas regiones del país. En plazas, veredas y predios rurales, el presidente Gustavo Petro apareció rodeado de campesinos para anunciar la entrega de tierras como parte de la reforma agraria, una de las promesas centrales de su gobierno. Las imágenes se hicieron habituales: familias recibiendo carpetas, abrazos con el mandatario y la expectativa de comenzar una nueva vida como propietarias de la tierra.
“Es por la tierra que se han matado los colombianos. Esa violencia viene de siglos. Un problema así debió ser la prioridad de todos los gobernantes”, afirmó Petro en uno de esos actos públicos.
Las cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) muestran la magnitud del problema: el 1 por ciento de los propietarios concentra cerca del 50 por ciento del área rural del país, mientras el 10 por ciento con mayores extensiones controla más del 80 por ciento de la tierra productiva.
Desde su arribo al poder, Petro convirtió la reforma agraria en una prioridad política. Su administración anunció la compra de predios para adjudicarlos a campesinos sin tierra y el avance en la formalización de la propiedad rural en el marco del Acuerdo de Paz de 2016.
Incluso en los primeros días del gobierno hubo un acto que provocó ilusión general por lo que fue calificado como histórico. El Gobierno nacional y los ganaderos del país acordaron la compra de tres millones de hectáreas. El propósito era luego el presidente las entregaría a los campesinos.
Un globo que se desinfló
“Nosotros, los ganaderos, cumplimos. El Gobierno, lamentablemente, solo compró 24.000 hectáreas de los miles que se ofrecieron”, le dijo a CAMBIO José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).
Para este líder gremial, está fue una promesa que se quedó en el aire y que empezó como un globo gigante que con el tiempo se desinfló. “En el proceso de La Habana empezaron con 20 millones de hectáreas. Luego, en el Gobierno Petro, se habló de cinco, después de tres, y se terminó en 24.000 hectáreas”, dice. ¿Qué falló? Hay múltiples explicaciones. “A los campesinos no se les puede entregar un predio sin proyecto productivo ni condiciones que generen bienestar. Un campesino con un título de propiedad, pero sin apoyo, puede terminar más pobre que antes”, argumenta Lafaurie.
En este caso, como en otros, el balance divide opiniones. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma agraria avanza a un ritmo sin precedentes, exfuncionarios y analistas cuestionan la forma en que se presentan los resultados oficiales. El centro del debate no es solo cuántas hectáreas ha comprado el Estado, sino cuántas han culminado el proceso jurídico que consolida la propiedad en manos de los beneficiarios.
Una de las voces críticas es la de Cecilia López, exministra de Agricultura durante el primer año del Gobierno Petro. En conversación con CAMBIO, López sostiene que existe una diferencia entre entregar físicamente un predio y consolidar jurídicamente la propiedad. “Es como comprar un apartamento. Usted puede recibir las llaves, pero mientras la escritura no esté registrada, no es el propietario”, explica.
López sostiene que el problema no está en la compra de tierras, sino en su consolidación jurídica. Según su interpretación, de las cerca de 400.000 hectáreas adquiridas por el Gobierno para reforma agraria, solo una parte ha sido formalmente escriturada a nombre de los beneficiarios. En su lectura, alrededor de 87.000 hectáreas contarían con escritura registrada, mientras el resto estaría en distintas fases del proceso administrativo o de formalización.
La exministra advierte además que esta brecha tendría un impacto directo en la seguridad jurídica de los beneficiarios. Según su estimación, cerca de 22.000 familias campesinas habrían recibido predios sin escritura plenamente consolidada, lo que las deja expuestas a disputas futuras sobre la propiedad.
La defensa del Gobierno
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, rechaza esta interpretación. Sostiene que el proceso de reforma agraria no puede reducirse exclusivamente al registro inmediato de la propiedad y que existen distintas figuras jurídicas y etapas para la adjudicación y formalización de tierras.
El Ministerio de Agricultura argumenta que la política incluye compra de predios, adjudicación de baldíos, formalización y saneamiento de la propiedad rural, cada una con tiempos distintos de consolidación.
Carvajalino recuerda la historia de Colombia y afirma que aquí hubo una contrarreforma agraria violenta en la que los paramilitares intentaron construir un campo sin campesinos. “Nosotros les devolvimos la dignidad”, sostiene. La cuestión es: ¿con todos los papeles en regla? Porque la historia de Colombia también muestra que quien no tiene un documento firmado a la mano lleva las de perder.
La discusión se conecta con los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016, que estableció metas en materia de acceso y formalización de tierras rurales. Aunque el cumplimiento de estas metas ha sido progresivo, enfrenta dificultades institucionales, técnicas y de seguridad en distintas regiones del país.
El economista Aurelio Suárez cuestiona la forma en que se presentan los resultados de la reforma agraria. Entre sus observaciones señala que el volumen de predios adquiridos no siempre se traduce en entregas efectivas consolidadas y que persisten problemas en la ejecución administrativa del programa.
También advierte sobre la brecha entre recursos invertidos, capacidad operativa y ritmo de entrega de tierras, lo que considera un punto crítico del modelo actual. Aunque sus cifras y estimaciones varían según los informes que cita en sus intervenciones, Suárez insiste en que el problema central es la falta de correspondencia entre la compra de tierras y su consolidación efectiva en manos campesinas.
Denuncias de amenazas
En paralelo, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, ha denunciado ante la Fiscalía General amenazas y ataques contra beneficiarios de la reforma agraria en distintas regiones del país. Según la entidad, campesinos que recibieron predios hoy son objeto de intimidaciones por parte de grupos armados ilegales en zonas del Magdalena Medio, Meta y Córdoba, lo que pone en riesgo la permanencia de las familias en las tierras adjudicadas.
La ANT advierte que estos hechos están afectando la implementación de la política de tierras y solicita a las autoridades judiciales y de seguridad mayor intervención para proteger a los beneficiarios. Más allá del debate actual, el trasfondo apunta a un problema histórico del Estado colombiano: la dificultad para ejecutar reformas agrarias sostenidas en el tiempo.
La concentración de la tierra, la informalidad en la propiedad rural y la debilidad institucional en el campo han condicionado todos los intentos de redistribución agraria en el país. En ese contexto, la discusión trasciende al Gobierno Petro y se inscribe en una pregunta más amplia sobre la capacidad del Estado para convertir el acceso a la tierra en un derecho plenamente garantizado.
Para algunos analistas, este hecho representa un obstáculo adicional en la consolidación de la política de tierras. El Gobierno sostiene, por su parte, que la reforma avanza dentro del marco institucional vigente.
El economista Suárez se muestra escéptico sobre la implementación de la reforma agraria del Gobierno Petro, al advertir que los indicadores oficiales no reflejan necesariamente la consolidación efectiva del proceso de entrega de tierras.
La voz de los expertos
Según él, la Agencia Nacional de Tierras no ha cumplido las metas del Gobierno ni en materia de entrega de títulos ni en formalización de la propiedad rural. En el caso de la entrega de tierras, Suárez señala que, de acuerdo con la base Sinergia del Departamento Nacional de Planeación, el cumplimiento frente a los objetivos del Acuerdo de Paz —que establecía 3 millones de hectáreas— sería de alrededor del 4,5 por ciento.
Aunque posteriormente la propia Agencia habría ajustado la meta a 1,5 millones de hectáreas, el nivel de avance seguiría siendo, según su interpretación, bajo frente a los objetivos planteados.
En materia de formalización, el objetivo inicial de 7 millones de hectáreas habría sido ajustado a cerca de 3,9 millones, con un cumplimiento estimado del 33 por ciento, de acuerdo con sus cálculos.
Para Suárez, estas cifras muestran que el problema no es la falta de tierras disponibles, sino la capacidad institucional para convertir la compra en entrega efectiva y propiedad consolidada.
En esa línea, sostiene que el patrimonio de la Agencia Nacional de Tierras habría aumentado de aproximadamente 1,5 billones de pesos hace tres años a cerca de 4,5 billones actualmente, lo que, en su lectura, indicaría que la entidad está comprando más tierra de la que logra entregar.
Desde esa perspectiva, plantea que el centro del problema no es la adquisición de predios, sino su transformación en propiedad efectiva para los beneficiarios.
Asimismo, plantea la existencia de casos de compra de predios a precios elevados o con condiciones productivas limitadas —por suelos de baja calidad, falta de acceso a agua o terrenos anegables—, lo que a su juicio abre interrogantes sobre la eficiencia de algunas adquisiciones.
Mientras el Ejecutivo defiende los resultados de su política agraria y afirma que está corrigiendo rezagos históricos, sus críticos consideran que la forma de contabilizar los avances puede estar generando una percepción distorsionada del impacto real.
Entre ambas posiciones persiste una realidad compleja: miles de familias campesinas han accedido a tierras en los últimos años, pero la consolidación jurídica de esos procesos sigue siendo objeto de debate.
En el fondo, la controversia deja abierta una pregunta estructural: si el Estado colombiano está logrando transformar el acceso a la tierra en un derecho plenamente garantizado o si aún se encuentra en una fase intermedia, donde los avances administrativos no siempre se traducen en seguridad jurídica definitiva.
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