”Ninguna mayoría aplastante está en posibilidad de negar derechos a una sola persona”: presidenta de la Corte Constitucional
La presidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Paola Meneses, habló con CAMBIO por los 35 años del tribunal más importante del país. Advierte que serán un árbitro riguroso e imparcial: ”El país puede estar dividido en sus opiniones políticas, pero debe permanecer unido en torno al respeto a las reglas institucionales. La Corte garantizará que ese piso común no se agriete”, dice.
Treinta y cinco años después de su nacimiento, la Corte Constitucional enfrenta uno de esos momentos en los que el prestigio de una institución deja de medirse por sus sentencias y empieza a medirse por su capacidad para sostener las reglas del juego. El tribunal que amplió el alcance de los derechos fundamentales, que puso en el centro a las minorías y a las poblaciones históricamente excluidas, y que obligó al Estado a mirar de frente sus fallas estructurales, llega a este aniversario en medio de un país profundamente polarizado.
En conversación con CAMBIO, su presidenta, la magistrada Paola Meneses, asegura que la Corte ejercerá el mismo papel que ha desempeñado en los momentos más complejos de la historia reciente: el de un árbitro independiente e imparcial. "El país puede estar dividido en sus opiniones políticas, pero debe permanecer unido en torno al respeto a las reglas institucionales. La Corte garantizará que ese piso común no se agriete", afirma.
CAMBIO: En estos 35 años, sin duda, la Corte ha sido fundamental para garantizar derechos a minorías y para profundizar en aquellos derechos que, si bien reconocidos, se encuentran con fallas estructurales en la sociedad. ¿Cuáles destaca?
Paola Meneses: Primero, quiero destacar dos cualidades invaluables de nuestra Constitución. La primera consiste en una apuesta decidida por los derechos, no solo a través de su enunciación amplia y detallada sino de la posibilidad de incorporar otros; por ejemplo, los derivados de los tratados de derechos humanos debidamente ratificados por Colombia. La segunda recae en el mandato ineludible de garantizar su efectiva protección a través de la tutela.
Con esta carta de navegación, las y los jueces constitucionales han logrado transformar la vida de las personas y el catálogo es amplio. La Corte sacó de la marginalidad jurídica a millones de colombianos. Si listamos los hitos, debemos empezar por el reconocimiento integral de los derechos de la población LGBTIQ+, pasando por el matrimonio igualitario y la protección patrimonial de estas uniones, debates en los que el país fue pionero.
En segundo lugar, la protección reforzada a las comunidades étnicas e indígenas a través de la consulta previa, libre e informada, entendiendo que sus territorios no son solo tierra, sino parte de su identidad ancestral.
En tercer lugar, la histórica Sentencia T-025 de 2004 sobre el desplazamiento forzado, en la cual la Corte visibilizó una tragedia humanitaria oculta y obligó al Estado a articular una política real de atención a las víctimas. Y, por supuesto, la evolución del derecho a la salud (Sentencia T-760 de 2008) y las decisiones sobre los derechos de la naturaleza y el río Atrato, catalogándolo como sujeto de derechos. La Corte no inventó estos derechos; lo que hizo fue escuchar el clamor social y abrir la cerradura jurídica para que pudieran ingresar al ordenamiento.
CAMBIO: No le hago esa pregunta únicamente por recordar fallos que son hitos, sino porque a veces se olvida que esos derechos son resultados de la lucha de comunidades, de voces excluidas que no encontraban en sus representantes naturales, el Congreso, soluciones a sus problemáticas. Hoy hay quienes dicen que esas decisiones de la Corte, por ser la Corte contramayoritaria, no tienen legitimidad. ¿Qué les responde?
P.M.: Una verdadera democracia se define por el respeto absoluto a las reglas de juego y a los derechos de todos, especialmente de los que no tienen representación o votos suficientes en el Legislativo. El carácter contramayoritario de la Corte es, precisamente, su mayor virtud y su razón de ser.
"Nuestra legitimidad no proviene de los aplausos de las mayorías en las urnas, sino de nuestra estricta sujeción a la Constitución"
Cuando la Corte defiende a una minoría o frena un abuso de poder, no está desafiando a la democracia, la está salvando, porque está garantizando que el pacto social que nos une a todos en el artículo 13 (la igualdad) se cumpla, sin importar quién tenga el poder político de turno. Ahora bien, aunque entre académicos y juristas es usual escuchar que los tribunales constitucionales cumplen una función contramayoritaria, yo quisiera plantear este asunto desde un punto de vista menos técnico. Todas las personas son titulares de derechos y, por ello, ni siquiera una mayoría aplastante está en la posibilidad de negar uno o varios de esos derechos a una sola persona. Esto obedecería a lo que el teórico Luigi Ferrajoli denominó la esfera de lo indecidible. Y, precisamente, esto último es lo que la Corte Constitucional garantiza: que a todas y cada una de las personas le sean garantizados sus derechos.
CAMBIO: La elección presidencial nos mostró un país dividido. ¿Qué rol tendrá la Corte en estos cuatro años?
P.M.: El rol de la Corte será el mismo que ha tenido en los últimos 35 años: ser el eje de estabilidad y el puerto seguro de la institucionalidad. En momentos de intensa división o polarización política, ese papel se vuelve aún más crucial. Nosotros no entramos en las disputas partidistas ni en las lógicas de la coyuntura electoral. Nuestra misión es asegurar que, sin importar las corrientes políticas que gobiernen, los debates y las reformas se tramiten bajo las reglas de la Carta Política.
"La Corte será un árbitro riguroso e imparcial. El país puede estar dividido en sus opiniones políticas, pero debe permanecer unido en torno al respeto a las reglas institucionales. La Corte garantizará que ese piso común no se agriete"
La Corte debe continuar garantizando la supremacía constitucional, esto es, la garantía de los derechos, la defensa del principio de separación del ejercicio del poder, el funcionamiento adecuado del sistema de frenos y contrapesos, entre otros mandatos, todo ello al amparo de la idea general que sustentó nuestro pacto de 1991: alcanzar la paz y hacer de la dignidad nuestra bandera. Creo que es indispensable que todas las autoridades del Estado y la ciudadanía en general reafirmemos nuestro deber de actuar con la mayor responsabilidad ética, promoviendo y practicando la tolerancia.
CAMBIO: Las tutelas no se cumplen. Van 12 millones en 35 años, reciben casi 5.000 al día y buena parte de estas son de temas de salud, al punto que desde 2008 tienen una sala que le hace seguimiento a la crisis del sistema. ¿Cuál sería su llamado para hallar una solución real?
P.M.: El volumen de tutelas en salud nos muestra una realidad innegable: la tutela se convirtió en el mecanismo más expedito para tener acceso a un servicio que debería estar garantizado por defecto. Es un síntoma de fallas estructurales de gestión y de flujo financiero que el país arrastra por décadas.
"Mi llamado para una solución real es que dejemos de usar la rama judicial como la ventanilla de quejas del sistema de salud. La solución no es jurídica, es de política pública estructural"
La Corte emite órdenes de seguimiento técnico (como en la Sentencia T-760), pero el diseño logístico y la ejecución presupuestal les corresponden a las ramas competentes. El derecho a la salud no puede ser una promesa de papel: requiere gerencia y voluntad institucional.
CAMBIO: La Corte chocó con el Gobierno Petro por el tema de la UPC, por ejemplo, por decisiones que no se cumplían y tocaba abrir desacatos. ¿Hay que ajustar el modelo de seguimiento? ¿Qué invitación haría?
P.M.: Es importante destacar que la Corte no choca con ningún gobierno. Lo que el país presenció fue el ejercicio natural de nuestras competencias de control. El cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no es un asunto menor: de este depende la viabilidad financiera de la atención médica de millones de colombianos.
"Cuando la Corte evidencia dilaciones o incumplimientos en los autos de seguimiento, su deber constitucional es activar las herramientas legales, incluidos los incidentes de desacato. No es un capricho; es la defensa del derecho fundamental a la salud"
CAMBIO: ¿Le preocupa que se haga normal el uso de los estados de excepción?
P.M.: Los estados de excepción fueron diseñados por el constituyente del 91 como herramientas para situaciones extraordinarias y sobrevinientes que no pueden ser atendidas con las leyes y facultades ordinarias del Estado. La anormalidad no puede convertirse en la forma ordinaria de gobernar.
"El uso recurrente o desmedido de estas figuras altera el equilibrio de poderes, porque desplaza temporalmente la facultad legislativa del Congreso hacia el Ejecutivo"
Por eso, el control que hace esta Corte sobre los decretos de excepción es sumamente estricto, evaluando los principios de necesidad, proporcionalidad y conexidad. Si la causa de una crisis es estructural o histórica, la solución debe ir al Congreso, no tramitarse mediante decretos de emergencia. Por ello lo que sería importante reconocer es la existencia de una regulación e institucionalidad robustas, que han funcionado y continuarán funcionando como garante de la democracia para todas y todos los colombianos.
CAMBIO: Estamos en un país dividido, en confrontación armada en algunas regiones todavía, con muchas víctimas y problemáticas sociales. ¿Qué les diría a los colombianos que dudan de la Corte o que creen que una decisión no es judicial sino política?
P.M.: Les diría que entiendo profundamente sus dolores y sus frustraciones, porque las deudas sociales del país son inmensas y la violencia sigue golpeando muchas realidades territoriales. Pero les pediría que miren la historia de estos 35 años: cuando el panorama ha sido más oscuro, la Corte ha sido la institución que ha mantenido a salvo el tejido democrático.
A quienes creen que nuestras decisiones son políticas, les aseguro con total convicción que en la Sala Plena de la Corte Constitucional no se evalúan cálculos electorales ni encuestas de opinión pública. Nosotros fallamos con base en expedientes, pruebas técnicas, doctrina del derecho y la lectura estricta de la Constitución.
"Es importante confiar en la institucionalidad y para ello se requiere, no solo el servicio comprometido de quienes nos dedicamos a lo público sino una ciudadanía vigilante, defensora de sus derechos y cumplidora de sus deberes"
Hoy le digo a los más de 53 millones de colombianos y colombianas que la Corte Constitucional continuará ejerciendo su misión, defendiendo los derechos y mandatos constitucionales, acercando la dignidad y la justicia a la vida de cada uno de ustedes.
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