El nuevo director de la Función Pública enfrenta juicio por corrupción
César Manrique está acusado por presuntos actos de corrupción.
Crédito: Yamith Mariño
Se trata de César Manrique, quien ya había estado preso y condenado en primera instancia por la fallida compra de motos eléctricas durante la alcaldía de Gustavo Petro, en Bogotá. Por ese mismo caso, Petro también estaba siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia; pero, ahora que es presidente, el proceso pasará a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Por: Iván Serrano
El pasado 23 de agosto, el presidente Gustavo Petro nombró a César Manrique Soacha como nuevo director del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).
El DAFP es la entidad encargada de formular e implementar las políticas de empleo público en el país.
Manrique es un viejo aliado de Gustavo Petro. Su amistad viene desde Zipaquirá, lugar en el que se conocieron cuando Petro daba sus primeros pasos en la vida pública.
Con la llegada de Petro al Palacio Liévano, Manrique ocupó dos cargos directivos: el primero, como director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital; el segundo, como gerente del desaparecido Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá.
Fue en ese cargo donde suscribió un contrato para la compra de motos eléctricas, el cual lo tiene a él en juicio y al presidente Petro, investigado.
Los hechos ocurrieron en 2012, año en que el Fondo de Vigilancia suscribió un contrato para la compra de 100 motos eléctricas a la empresa Northbound Technologies S.A. Las motocicletas fueron adquiridas por un valor superior al del mercado; no contaron con un servicio técnico especializado y no cumplieron con los requisitos para los que habían sido adquiridas. Así, las 100 motocicletas terminaron arrumadas en una bodega del Fondo de Vigilancia y tuvieron que ser vendidas por chatarra.
Incluso, un patrullero de la Policía murió como producto de un accidente en una de ellas, lo cual motivó una demanda de sus familiares, que alegaron que ni él ni los demás uniformados habían recibido capacitación para operarlas.
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La Fiscalía pudo establecer que previo al inicio de la selección, el contratista tuvo acceso privilegiado al comandante de la Policía de Bogotá para ofrecerle las motocicletas y en dichas reuniones, se presentó como “referido” del director del Fondo, César Manrique.
La historia del contrato
El contrato fue entregado a dedo a la firma Northbound Technologies S.A. el 28 de agosto de 2012. Tuvo un valor de $4.537.000.000 y, según el Fondo de Vigilancia dirigido por Manrique, no se llevó a cabo licitación porque no existía pluralidad de oferentes.
La Fiscalía pudo establecer que, previo al inicio de la selección, el contratista tuvo acceso privilegiado al comandante de la Policía de Bogotá para ofrecerle las motocicletas y en dichas reuniones, se presentó como “referido” del director del Fondo, César Manrique.
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Pero además la Fiscalía demostró que en la compra de los vehículos hubo un sobrecosto de 1.600 millones de pesos.
El Fondo de Vigilancia tiene como fin proveer de los elementos necesarios para que la Policía de Bogotá cumpla sus funciones. En ese sentido, la Fiscalía logró establecer que en 2012 no hubo solicitud por parte de los uniformados de compra de motos eléctricas. Esto lo confirmó el propio comandante de la Policía Metropolitana, general Luis Eduardo Martínez Guzmán.
Además, la Fiscalía demostró que en la compra de los vehículos hubo un sobrecosto de 1.600 millones de pesos.
Los contratistas habían entregado una cotización inicial por 3.894 millones de pesos y luego otra por 4.357 millones. El Fondo de Vigilancia adujo que el sobreprecio tenía que ver con la adquisición de un kit de carga por cada motocicleta. Sin embargo, un peritaje de la Contraloría de Bogotá encontró que los kits eran en realidad cables que no tenían un valor superior a los 200.000 pesos por unidad.
Antes de que se firmara el contrato, el representante legal de Northbound Technologies S.A. estuvo con sus motos eléctricas en la Plaza de Bolívar, y allí el entonces alcalde Gustavo Petro, en un acto oficial de la alcaldía, presentó las motocicletas y dijo: "Se inicia otra época en el manejo tecnológico de los equipos de la Policía y de la seguridad, y es la del uso de la electricidad. Son motos sin ruido, sin contaminación, esas serán las motos que comprará el Fondo de Seguridad y Vigilancia de ahora en adelante".
Por este motivo, en septiembre de 2019 la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigara a Gustavo Petro por este caso.
Según consta en el proceso, la Policía no pudo hacer pruebas de las motocicletas antes de su adquisición. Cuando ya las motos habían sido compradas, descubrieron que los automotores no tenían capacidad para llevar a dos personas y que el ángulo de curva era muy limitado, por tal motivo había que reducir la velocidad antes de cada curva.
Estos hechos fueron investigados y llevados a juicio.
En su momento se le dictó orden de captura a César Manrique, quien estuvo prófugo de la justicia por cuatro meses y fue capturado en marzo de 2016 y recluido en la Picota.
En septiembre de 2019, César Manrique y su subalterno Jesús Hernando Amado fueron condenados por la juez penal 49 a diez años de prisión, por los delitos de peculado por apropiación en concurso con interés indebido en contratación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Pero por un tecnicismo, el juicio fue anulado por la Sala Penal del Tribunal de Bogotá en agosto de 2020.
De tal manera que el juicio volvió a comenzar en el mismo despacho y las próximas audiencias están citadas para el 12,13 y 14 de septiembre, en donde Manrique comparecerá en condición de acusado.
CAMBIO conoció que la abogada Martha Lucía Zamora, quien fue recientemente nombrada por Petro como nueva directora de la Agencia Jurídica del Estado, fungió como apoderada de Manrique.
En cuanto a Petro, por su calidad de presidente de la república, será ahora juzgado por la Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara.
