
¿Gobierno no podrá salvarlos? El lío con el hundimiento de la Jurisdicción Agraria y el Ministerio de Igualdad
Los dos proyectos vencieron el plazo constitucional del 20 de junio sin completar su trámite. El Gobierno anunció sesiones extras y acudió a la Judicatura, pero al parecer ninguna de las dos rutas cambia lo que ya se archivó en el Congreso.
Por: Juan David Cano
Los proyectos de ley de Jurisdicción Agraria y el que buscaba revivir el Ministerio de Igualdad se hundieron definitivamente al cierre de la legislatura de este 20 de junio, sin haber completado el trámite que exige la ley.
El Gobierno anunció que convocará sesiones extras al Congreso para intentar rescatarlos, y en paralelo acudió al Consejo Superior de la Judicatura en busca de una ruta alternativa para la Jurisdicción Agraria.
Sin embargo, ninguna de las dos salidas lograría revertir lo que constitucionalmente ya está archivado.
El problema de fondo es de plazos. La Jurisdicción Agraria agotó sus dos legislaturas sin haber sido aprobada.
El Ministerio de Igualdad, por su parte, no alcanzó a superar siquiera un primer debate antes del 20 de junio, lo que lo archiva automáticamente para esta legislatura.

Según reportó La FM, la senadora Paloma Valencia aclaró que el Gobierno no tiene facultad legal para incluir estas iniciativas en una eventual convocatoria a sesiones extras.
"La Corte Constitucional fue clara en la Sentencia C-133/22 que tumbó el Código Electoral: la legislatura finaliza el 20 de junio. Después de la segunda legislatura, ningún proyecto puede ser discutido, ni siquiera en extras. La Jurisdicción Agraria ya estaba en su segunda legislatura. Y si un proyecto no fue aprobado en primer debate durante la primera legislatura, se archiva automáticamente. MinIgualdad no fue aprobado en primer debate durante la primera legislatura", explicó Valencia.
La senadora también calificó la intención del Gobierno de convocar sesiones extras como algo que "es ilegal y viola la Constitución, la ley y la jurisprudencia".
La ruta por la judicatura tampoco revive la ley
En paralelo, y ante las dificultades en el Congreso, los ministerios de Justicia y de Agricultura le enviaron una comunicación al Consejo Superior de la Judicatura solicitando una ruta institucional para poner en funcionamiento la Jurisdicción Agraria y Rural antes de 2027.
El argumento del Gobierno es que la jurisdicción, creada mediante el Acto Legislativo 03 de 2023 como parte de la Rama Judicial, ya cuenta con bases constitucionales, legales y jurisprudenciales suficientes para operar, aunque el Congreso no haya aprobado la ley que reglamenta sus competencias y procedimientos.

El Gobierno recordó en esa comunicación que la Corte Constitucional ha ordenado a las ramas del poder público adoptar medidas para garantizar la puesta en marcha progresiva de la jurisdicción, y que la ausencia de una ley específica no puede convertirse en un obstáculo para su funcionamiento.
Por ello, le pidió a la Judicatura diseñar una ruta transitoria con medidas administrativas, presupuestales y organizacionales, así como lineamientos para el traslado de procesos y la definición de competencias de los futuros jueces y tribunales agrarios.
Esta vía, sin embargo, no equivale a revivir el proyecto de ley hundido. Como el mismo gobierno explicó, en el mejor de los casos abriría una ruta operativa parcial para la jurisdicción, pero no le daría el marco legal completo que el Congreso no alcanzó a aprobar.
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