El tierrero por el norte del Cauca

El enfrentamiento que se registró hace un mes entre comunidades afro e indígenas en Caloto, Cauca, es apenas una expresión de un complejo conflicto que viene creciendo en esta región del suroccidente de Colombia. Allí convergen todos los elementos de tensión social que tendrá que conjurar el gobierno de Gustavo Petro para sacar adelante una reforma agraria, la llamada paz total y la nueva política de lucha contra las drogas.

El norte de Cauca tiene poco menos de 357.000 hectáreas, de las cuales 51.000 están sembradas en caña, 40.000 están destinadas para protección ambiental, 20.000 son resguardos indígenas constituidos pero aspiran a tener 100.000 hectáreas, 240.000 las pretenden las comunidades afro, mientras los campesinos piden 102.000 hectáreas para zonas de reserva campesina, los títulos mineros cubren 23.000 hectáreas y hay solicitudes sobre 66.000 más. En plata blanca, según los datos del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, no hay cama para tanta gente, y para cumplir con las expectativas el norte de Cauca necesitaría un segundo piso. Eso sin contar con que es un territorio atravesado por cultivos de coca, marihuana y minería criminal de oro, donde hacen presencia diferentes disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo, los carteles mexicanos y los narcos del Valle del Cauca y Antioquia. 

Un complejo panorama que no dejará contento a nadie y que requiere un esfuerzo institucional sin precedentes. Con el agravante de que, como lo dijo un conocedor de la región, “el norte de Cauca es el sur de Cali”, es decir, todo lo que allí se haga tendrá un impacto directo sobre una de las ciudades más grandes del país, y sus efectos repercutirán por el resto de Colombia. Para Carlos Duarte, investigador de la Universidad Javeriana de Cali, Cauca es uno de los departamentos con mayor diversidad étnica, de organizaciones sociales y de biodiversidad del país. Allí la concentración de la tierra es más alta que el promedio nacional y sus problemas son viejos como el mismo surgimiento de la república. “De esa envergadura son los conflictos que se vienen evidenciando y de esa dimensión deben ser las soluciones que este gobierno proponga”, señaló el profesor universitario.

Los liberadores de la madre tierra

En la hacienda La Margarita, un grupo de unos 100 indígenas tenía cita en la mañana del viernes para continuar con su proyecto de “liberación” de las tierras sembradas con caña de azúcar. El propósito era tomarse la hacienda La Península, en Caloto, en la cual ya se había cumplido el plazo de un mes que le dieron al administrador de la finca para que sacara sus cosas y permitiera la toma pacífica de la casa de la hacienda. El sol se levantaba sobre el cañaduzal y un joven de unos 30 años trepó a la copa de un árbol al tiempo que sus compañeros bromeaban sobre su repentino impulso.

“Jueputa ahí llegó la tanqueta y dos camiones del Esmad”, gritó y de un salto estaba en el suelo. El ambiente se hizo tenso, un grupo de niños arrancó a correr alertando al resto sobre la presencia de la Policía. Algunos se subieron en las motos que utilizaron para llegar hasta allí, otros corrieron hacia un pequeño camión y saltaron al platón de estacas; otros huyeron entre la caña advirtiendo a quienes incrédulos avanzaban sobre el terraplén que atraviesa la zafra. La gente retrocedió. Algunas mujeres evacuaron a los más pequeños, un niño de apenas 11 años llevó la moto de su padre hasta un surco que le servía de escalón para poder montarse. El padre le indicó que se fuera hasta la casa sin parar, “en primera y despacio”, le ordenó. El niño frunció el ceño en busca de claridad. Prendió la moto e intentó arrancar. Se le apagó. El padre lo interpeló con brusquedad: “¿No es capaz?” El niño volvió a encenderla y con la cabeza asintió. Le puso primera, la moto arrancó con un leve corcoveo.  Se alejó con evidente falta de pericia.

Evacuados los menores, los “liberadores”, como se conoce a estos grupos que están invadiendo las fincas de caña, empezaron a organizarse. Un hombre de unos 50 años, con la cara tapada con una pañoleta del Cric y un radio en la mano, empezó a organizar a la gente. “Guarden las motos porque si nos las cogen nos las queman. Parqueen bien ese carro que después nos jode si toca correr, unos mándense por la caña para rodearlos; traigan los fuetones”, agregó refiriéndose a unos tubos de PVC con los que disparan voladores. El grupo se dividió entonces, unos fueron a hacerle frente a la Policía, otros se dispersaron por el cañaduzal y otros se sentaron en una especie de retaguardia donde comentaban lo que venía ocurriendo.

El hombre del radioteléfono explicó ante la presencia de la cámara: “Estamos en la finca La Península, es una nueva liberación. Ya tenemos 24 fincas que suman cerca de 17.000 hectáreas en tierra plana. El gobierno nos da el trato de invasores, pero nosotros solo estamos recuperando lo que nos corresponde. Este corredor entre Santander de Quilichao y Corinto es de un resguardo colonial, y, además, esta es una de las fincas de la reparación que dijo la Corte que nos tenían que dar por la masacre del Nilo, en 1991. Porque este proceso nos ha costado más de 12 muertos y 300 heridos. Y donde cae sangre nasa la tierra nos pertenece”, aseguró.

La hacienda de la masacre 

El 16 de diciembre de 1991 un grupo de paramilitares, en asocio con la fuerza pública, entró a la hacienda El Nilo, en Caloto, la cual había sido invadida por indígenas nasas. La incursión paramilitar dejó 21 indígenas muertos y, según las investigaciones, la operación de desalojo fue planeada por Carlos Castaño, el paramilitar Orlando Villa y el propietario de la hacienda, Jorge Valencia, quienes citaron a los indígenas a una reunión para supuestamente negociar la tierra y terminaron perpetrando la masacre. El caso fue llevado ante el Sistema Interamericano de Justicia, que condenó al Estado colombiano, el cual se comprometió a entregar a los indígenas 15.563 hectáreas en esta misma zona. 

Una de las fincas que hacen parte del acuerdo entre indígenas y el Estado colombiano es La Emperatriz, la cual tiene 140 hectáreas y pertenece al ganadero Bernardo Jaramillo. La entrega del predio nunca se produjo, de manera que en 2005 los indígenas lo invadieron. Durante tres años esta hacienda cañera fue epicentro de enfrentamientos entre fuerza pública y comunidad indígena, incluso ha costado las muertes de tres policías y dos indígenas. El terreno de la hacienda hoy está en manos de las comunidades indígenas, mientras la casa se encuentra casi destruida y en custodia por una base de la Policía.

“La liberación de la madre tierra es una cuestión histórica. A nosotros los indios nos tocó resguardarnos en las montañas para salvaguardar nuestra pervivencia en la Colonia. Las tierras nuestras fueron invadidas por los españoles, que se las repartieron e incluso en ellas metieron a los hermanos afros esclavizados, a quienes luego de la independencia les pagaron su apoyo a Simón Bolívar con esas tierras. Desde esos tiempos el ordenamiento territorial ha sido producto de un proceso violento. Por allá en el siglo XIX, con Quintín Lame, hicimos conciencia de la necesidad de recuperar nuestras tierras, los resguardos coloniales”, rememoró Carlos Alberto Sánchez, dirigente indígena del Cric y exgobernador del resguardo de López Adentro.

Este resguardo también es producto del proceso de lo que los indígenas denominan recuperación de sus territorios. Fue la primera recuperación en terreno plano que realizó el Cric en 1982. Costó otra oleada de violencia y la masacre de seis comuneros a manos de la Policía en el segundo intento por desalojar a los indígenas. En esta tensión entre indígenas y terratenientes terminaron metidos los afros. En un importante sector del norte de Cauca, en los municipios de Caloto, Guachené, Puerto Tejada, Suárez y Buenos Aires hay una fuerte presencia de comunidades negras, las cuales se asentaron allí en los frentes de mina y para trabajar las fincas de caña.

En esa tensión muchos de los propietarios de las haciendas, como pasó en el Nilo, en la Emperatriz y en San Rafael, decidieron condicionar las ventas de los terrenos al Estado colombiano para que fueran ofertadas únicamente a comunidades afro. Con esta decisión, lo que era un conflicto de dos se convirtió en una batalla de tres. Con la particularidad de que muchos de los ingenios expandieron las plantaciones de caña incentivando la siembra y comprando la producción a campesinos y afros en otros casos tomándoles en arriendo la tierra. Según los datos del Instituto Intercultural de la Javeriana, de las 51.000 hectáreas de caña del norte de Cauca, solo 16.000 pertenecen a los ingenios. El resto se encuentra sembrado en fincas de terratenientes o de medianos y pequeños propietarios.

Los consejos comunitarios de comunidades negras

Caloto es conocida por algunos historiadores como la “ciudad fénix”. Tantas veces ha sido destruida como refundada. Allí las comunidades negras se asentaron y trabajaban en los frentes de mina. El oro y la caña de azúcar están unidos en una doble función: sirvieron para controlar el territorio, y a la vez para alimentar la mano de obra esclavizada, por eso se introdujo ganado y caña de azúcar. Carne, azúcar y guarapo fueron la base del sistema esclavista. 

A finales de los años 70 y en la década de los 80, la caña se extendió en esta región de la mano de los marimberos que buscaban lavar sus fortunas, al tiempo que disimulaban los laboratorios entre los enormes cañaduzales. Fue así como también aparecieron en la zona empresarios antioqueños y ejércitos privados. Más recientemente, otro hito sobre el que se pobló Caloto y toda la región del norte fue el terremoto del 6 de junio de 1994, que provocó la avalancha del río Páez que dejó más de 1.100 muertos y 500 desaparecidos. Los sobrevivientes de los municipios de Inzá y Páez tuvieron que abandonar sus tierras y el gobierno de Ernesto Samper impulsó la denominada Ley Páez, que buscaba la activación económica de la región mediante incentivos tributarios para los industriales que se asentaran en el norte de Cauca.

En este contexto histórico, Rosana Mejía, una destacada dirigente del ACONC, sostiene que las comunidades afro también tienen unos derechos ancestrales sobre este territorio. “Nosotros no somos los culpables de que los españoles nos hubieran secuestrado de nuestros pueblos y nos trajeran esclavizados a este territorio. Nosotros somos víctimas y también tenemos derechos sobre la tierra, no por lo que vale en sí misma sino porque aquí hemos hecho nuestras vidas y aquí desarrollamos nuestras tradiciones y cultura. Lo que quiere decir que para nosotros este no es un conflicto por la tierra sino por el territorio”, señala la dirigente afro.

Para ella, el pueblo negro se ganó este territorio con trabajo y sacrificio. “Nosotros fuimos los que sacamos el oro que alimentó la economía colonial. Fuimos los que le hicimos frente a los esclavistas, mientras los indígenas huyeron a las montañas. Fueron los negros de Haití los que financiaron a Bolívar y los que fuimos la primera línea de batalla de la gesta libertadora. Nos dieron la libertad y algunas tierras. En las guerras civiles también fuimos las víctimas de los ejércitos conservadores, ahí vino otro despojo de nuestros territorios. Los terratenientes nos corrían las cercas, nos mataban y nos sacaron de la tierra. Es cierto que los indígenas son originarios, pero quienes defendimos estas tierras fuimos nosotros. La historia nos dio un derecho”, asegura con vehemencia.

Sobre el conflicto actual sostiene que no fueron los negros quienes introdujeron la caña al norte de Cauca, y que, por el contrario, ellos también han sido víctimas de esta industria, pues fue impulsada también por narcos y terratenientes que se quedaron con tierra de la gente negra. “Yo crecí en la hacienda Japio. Allí pasé mi infancia y fui feliz. Mi abuelo fue mulero, y mi papá empezó a los 15 años de pajarero hasta llegar a ser mayordomo. El patrón, don Álvaro Garcés, fue como un tío, amable y generoso con nosotros. Allí aprendí a montar caballo y a leer. En la escuela de la hacienda me daban útiles y uniformes para estudiar. Ese es mi territorio, y por él también estamos luchando”, agrega.

"No es solo una lucha por la tierra, es por el territorio. Por la sangre que también hemos dejado aquí. La rebeldía de Pablo Mina para resistir a la imposición de las haciendas, los mayores  que maldecían las cosechas y la tierra en venganza por la esclavitud y el despojo. Los afros también sumamos en el Movimiento Cívico de 1986 y pusimos los muertos en la movilización contra la construcción de la represa de la Salvajina, de esa lucha viene Francia Márquez en Suárez", concluye Rosana.  

Los cañeros

Desde la perspectiva de Asocaña, su directora, Claudia Calero, asegura que el gremio que ella representa lleva años sufriendo los ataques por parte de algunas comunidades indígenas que desde 2014 han invadido 71 predios y se han apropiado de 6.600 hectáreas, de las cuales casi 5.000 han quedado completamente improductivas. Las afectaciones a este sector productivo también han significado la perdida de  6.000 empleos, de los casi 50.000 que la industria de la caña ofrece en el departamento de Cauca.

“Mucho cuidado con el norte de Cauca. Hoy le advierto al país que –Dios no lo quiera– aquí ocurra una tragedia. Hacemos un llamado a todas las instituciones, al país, a la región y al Gobierno para que le ponga atención. El norte de Cauca está que arde, aquí reina el caos. Están siendo vulnerados los derechos a la vida, a la libre empresa, a la propiedad privada y al trabajo”, refirió la empresaria tras conocerse un nuevo proceso de invasiones por parte de comunidades indígenas a haciendas cañeras.

Asimismo, Asocaña pidió al presidente Petro iniciar un ejercicio de diálogo regional en el norte de Cauca cuanto antes para frenar el conflicto social. “Hacemos un llamado a la sociedad colombiana a que manifieste su rechazo a estas acciones de hecho acompañadas de actos violentos, que ponen en vilo la vida y la integridad de quienes trabajan por el norte de Cauca, así como la productividad y la sostenibilidad de los miles de empleos que generan los sectores agropecuario e industrial en esa zona y, por ende, el desarrollo social y económico de la región”, expresó Asocaña. Igualmente alertó que esta situación se viene presentando con mayor frecuencia e intensidad y que incluso está ocurriendo en el oriente de Cali.

En estos términos, es evidente que lo que ocurre en el norte de Cauca ya toma la forma de un gran conflicto social con tintes étnicos y sectoriales que se desarrolla en una región donde los grupos armados pululan, con diferentes brazaletes e intereses, y en donde corren a chorros las armas y la plata del narcotráfico y la minería ilegal. En definitiva, lo que ocurre en el norte de Cauca tiene todos los ingredientes para servir como un prototipo en el que gobierno Petro debe intervenir para mostrar cómo se pondrá en práctica el plan de paz total y la reforma rural integral, pues en esta región el conflicto por las tierras amenaza con estallar.