La eterna pelea por tierras del norte del Cauca

Esta semana empezó a circular en redes sociales un video en el que un grupo de trabajadores afro de un cañaduzal –entre Corinto y Caloto, en el departamento de Cauca– ayudan a uno de sus compañeros, que tiene una herida en la cara. En el video, quien habla dice que la herida fue causada por un disparo que le hicieron los indígenas: “Miren cómo los indígenas matan al pueblo”, añadió.

Es un hecho más de una tensión histórica en esa zona del país por el manejo de las tierras y la asignación de territorios en la región. Sin embargo, el conflicto ha escalado y ahora líderes afro pertenecientes a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), consideran que, con estas nuevas acciones, los indígenas buscan la erradicación étnica de su pueblo.

En este río revuelto pescan las organizaciones armadas ilegales, que se aprovechan la disputa para ganar poder en la región.

Los orígenes de la tensión

El conflicto empezó con la Ley Páez. En 1996 el Gobierno nacional instauró la Ley 218, más conocida como la Ley Páez. Con ella, intentó dar respuesta a una emergencia natural que había sucedido dos años atrás: el terremoto del 4 de junio de 1994 que dejó 1.100 muertos y 500 personas desaparecidas, y borró las poblaciones que rodeaban al río Páez al norte del Cauca. 

La tragedia provocó el desplazamiento de miles de personas, principalmente indígenas, afro y campesinas. Con el tiempo, las condiciones de vida se volvieron imposibles. La inversión privada y estatal disminuyó y los grupos armados ilegales llenaron ese vacío de poder.

La Ley Páez fue pensada como un plan para reactivar la región mediante la inversión privada en predios asignados por el Estado. Pronto, llegaron los ingenios azucareros, motivados por las exenciones fiscales que les permitió montar infraestructura a precios mínimos y contratar mano de obra a bajo costo. Sin embargo, hubo algo que la Ley Páez no tuvo en cuenta en la asignación de tierras: la propiedad ancestral. 

Muchas de las tierras otorgadas empezaron a ser reclamadas por pueblos indígenas, afro y campesinos, con la justificación de que esas tierras les pertenecían desde antes de la tragedia. En respuesta, el gobierno de Ernesto Samper inició una nueva reasignación de tierras, otorgando a los indígenas tierras que eran de los afro; a los afro tierras que eran de los campesinos; y a los campesinos tierras que eran de los indígenas; eso sí, siempre respetando las tierras que ya habían quedado en manos de las empresas privadas. 

De ayer a hoy

Las agresiones de esta semana tienen relación con la hacienda Japio, que actualmente es uno de los predios utilizados por ingenios azucareros para plantar caña.

“Este historial es largo y complejo, pero ahorita ha ocurrido un nuevo fenómeno: los ingenios azucareros, cuando ya no logran explotar más una tierra, se la arriendan a comunidades campesinas, que usualmente también son afros, para que la trabajen. Esto termina creando tensiones con los indígenas, pues estos, en sus procesos de liberación de la madre tierra, entran a los ingenios y terminan teniendo roces es con las comunidades afro, lo que deriva en este tipo de situaciones cada vez más tensas”, aseguró Alhena Caicedo, antropóloga y profesora de la Universidad de los Andes. 

Con el nuevo Gobierno, las comunidades indígenas del norte del Cauca buscan terminar de reivindicar el acceso a las tierras que perdieron. Por eso, los ejercicios de liberación de la madre tierra, como ellos los llaman, se han vuelto más comunes.

Nos están exterminando

“Estas últimas intervenciones han implicado que la comunidad en general denuncie atropellos de muchos tipos. Entre ellos, la quema desmedida no solamente de la caña de azúcar, sino de otros cultivos de pancoger que tiene la gente que vive cerca de estas fincas, pero sobre todo el ataque desmedido con piedras, con bolas con pedazos de acero, con armas de fuego y atacan la integridad de nuestra gente y a las viviendas. Se han intentado inclusive incinerar viviendas y todo esto, pues ha ido generando más indignación en el pueblo negro”, aseguró un vocero de la ACONC, quien prefiere mantener su nombre en reserva. Para esta asociación, la violencia de los indígenas en contra de su comunidad solo ha ido escalando. 

Señala, a su vez, que han encontrado las casas de ellos marcadas con las siglas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y que esto está causando mucho miedo entre los habitantes que también reclaman su derecho a trabajar la tierra. “Creemos que esto se vio reforzado por la elección de Giovanni Yule en la Unidad de Restitución de Tierras. Nosotros sentimos que esto fue una forma de apoyar las acciones de los indígenas para que continúen vulnerando a los demás habitantes de la región”, aseguró el vocero de ACONC. 

Edwin Capaz, coordinador regional del CRIC en el norte del Cauca, aseguró que estas acciones no están dirigidas en contra de la comunidad negra y que, por el contrario, han intentado articularse con ellos para que, en conjunto, reclamen el derecho que tienen sobre la zona: “Desde nuestros ejercicios de liberación de la madre tierra, lo que menos hemos querido ha sido crear disputa con los hermanos afro. Para nosotros es importante mantener la armonía y conseguir a la vez que nuestros derechos sean restituidos”, aseguró.

Capaz dice que el CRIC nunca hace uso de armas de fuego durante los procesos, así como tampoco ataca a otras personas para conseguir sus objetivos. “Es importante notar dos cosas: por un lado, no todos los indígenas que están en la zona pertenecen al CRIC, por lo mismo es fácil que algunas personas estén aprovechando nuestro nombre para cometer actos delictivos que nosotros jamás haríamos; recordemos que esta continúa siendo una zona con mucha presencia de grupos armados ilegales que más de una vez han intentado involucrarnos en sus conflictos. Por otro lado, nosotros alejamos al compañero Yule de nuestras actividades, dado su nuevo cargo. Por eso, lo que él haga o no haga no tiene injerencia sobre nuestros ejercicios como comunidad”. 

Angela Olaya, investigadora de la Fundación Conflict Responses (CORE), consideró que no es descartable la incidencia de la columna Dagoberto Ramos, de las disidencias, en medio de todo este conflicto. Ella explicó que al conflicto histórico en la asignación de tierras se ha sumado una nueva arista: el acceso al agua. Así, los grupos armados ilegales, como la columna Dagoberto Ramos, que tiene una presencia muy fuerte al norte del Cauca, ha empezado a buscar dominar las regiones donde hay más agua, y eso ha ocasionado una nueva guerra con las comunidades de la zona. 

“Este tipo de actuaciones violentas, con uso de armas de fuego y pintas de siglas, no coinciden con la manera en que el CRIC ha adelantado procesos de liberación de la madre tierra. En cambio, sí coincide con la forma de actuar de muchos grupos armados ilegales. Por eso, no sería descabellado pensar que estos grupos estén aprovechando este vacío de poder para sembrar el caos que termine por profundizar esa lucha histórica que ha dividido al territorio”, señaló. Olaya agregó que ya antes se ha registrado este tipo de intervenciones por parte de los ilegales, que solo ha deteriorado, incluso más, la convivencia en el norte del Cauca.