25 Noviembre 2022

Francisco Barbosa pagó las empleadas del servicio de su casa con recursos públicos

El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, usó empleadas de servicios generales de la Fiscalía para los quehaceres de su casa.

Crédito: Jorge Restrepo H.

Empleadas de servicios generales pagadas por la Fiscalía fueron asignadas como trabajadoras domésticas a la casa del fiscal. CAMBIO presenta todas las pruebas y quejas de los empleados por supuestos abusos.

Por: Sylvia Charry

El fiscal Francisco Barbosa ha tenido como empleadas del servicio doméstico a funcionarias de una empresa contratista de la Fiscalía. En documentos oficiales del ente investigador dos empleadas de servicios generales de la empresa UT SOLOASEO- EMINSER aparecen asignadas a la “Casa” del fiscal general. Las trabajadoras son remuneradas por la empresa mencionada que, a su vez, ha tenido contratos con la Fiscalía, entre ellos, uno por más de 6.300 millones de pesos.

Ninguna norma faculta al fiscal Barbosa para usar contratistas pagadas con dineros públicos como servidoras de su familia. CAMBIO consultó con cuatro exfiscales generales de la nación y todos coincidieron en que es una situación exótica que no se presentó en sus respectivas administraciones. Uno de ellos, incluso, señaló que el uso de contratistas pagados por la Fiscalía para labores domésticas podría tipificar el delito de peculado.

Un correo electrónico enviado por CAMBIO al fiscal Barbosa este viernes preguntándole por la situación fue respondido cinco horas después por la jefe del Departamento de Construcciones y Sedes de la Fiscalía, Sandra Méndez, asegurando que “la prestación del servicio de aseo y cafetería no incluyen en ningún caso la prestación del servicio en la residencia del señor fiscal general de la nación y por tanto, esta supervisión no ha autorizado ningún pago con recursos públicos con este concepto”. La comunicación también señala que las operarias de aseo y cafetería “no tienen ningún vínculo contractual con la Fiscalía General de la Nación” y deja entrever que quizás, hayan decidido trabajar por cuenta propia, de lo cual la Fiscalía “no tiene conocimiento de las actividades o servicios que las mismas puedan realizar en su tiempo libre en el ejercicio de la autonomía de su voluntad”.

CAMBIO tiene en su poder un documento que prueba que al menos dos operarias de aseo y cafetería fueron asignadas a la casa del fiscal general de la nación. El papel titulado “Personal del despacho 2022” hace un listado de los funcionarios y contratistas asignados a la oficina del fiscal Barbosa. En el capítulo de cafetería hay ocho personas. Entre ellas, dos cuya ubicación laboral es “casa”. Se llaman Dora Priscila Muñoz Parra, que tiene cargo de operaria, y Sara Inés Segura Ortega, con el cargo de operaria de aseo y cafetería.


Personal cafetería

Las dos operarias remuneradas por la empresa contratista, a su vez pagada por la Fiscalía, han trabajado en realidad como empleadas del servicio en la casa del fiscal.

Para certificar la autenticidad del documento que muestra la asignación, CAMBIO buscó la metadata que demuestra que fue creado el viernes 31 de enero del 2022 a las 3:39 de la tarde. Su autor es Egidio Fajardo Ariza, quien es agente de Protección y Seguridad IV y, para ese momento, estaba asignado al esquema de seguridad del fiscal general de la nación.

Metadada
 

Al cierre de este artículo, CAMBIO contactó al señor Fajardo Ariza, quien admitió que el documento es de su autoría y que refleja lo que sucedía en ese momento en el despacho del fiscal general de la nación.

Según fuentes consultadas, las empleadas de la empresa contratista de servicios generales trabajaban cotidianamente en la residencia privada del fiscal Barbosa, vistiendo el discreto uniforme azul de la compañía.

La mezcla de contratistas de servicios generales, escoltas y choferes, ha producido una tensión considerable. Las mujeres que han desempeñado labores domésticas en la casa del fiscal general se quejan del número de horas que tienen que trabajar. Los encargados de los vehículos de seguridad han dicho que tienen que hacer largos recorridos para recoger a las empleadas del servicio en barrios apartados, y varios de ellos han dejado su inconformidad registrada en memorandos internos de la institución.

El 12 de marzo de este año, uno de los agentes de seguridad envió una comunicación de 15 páginas a la directora administrativa de la entidad, Astrid Torcoroma Rojas. Allí menciona que una de las contratistas asignadas como empleadas domésticas de la residencia del fiscal “pretende que se le ponga un conductor exclusivamente para ella cuando va al apartamento del jefe interponiendo a la doctora Walfa, pretensión que no es posible en primer lugar, no hay disponibilidad de personal, en segundo lugar, la señora Dora no es funcionaria, en tercer lugar la misión nuestra es cuidar la imagen del jefe y esto sería dar pie a los medios de comunicación y un posible escándalo para el señor Fiscal”.

Las comunicaciones dejan ver las largas jornadas de trabajo a las que son sometidas las contratistas que hacen los oficios de la casa del fiscal. En un chat, Dora explica que la recogen a las cuatro de la mañana en su lugar de habitación y que “hasta ahora voy para la casa”. El WhatsApp fue enviado a las 9:26 de la noche. Es decir, la empleada estaría a punto de cumplir 18 horas de trabajo.

Chat Dora
 

El escolta, en la carta dirigida a la directora administrativa de la Fiscalía, asegura que la empleada se queja “con el argumento de que la doctora Walfa la hace quedar hasta muy tarde en el apartamento, además, que ella tiene un hijo de 11 años de edad que debe cuidar”.

La situación se solucionó otra vez con cargo a los contribuyentes. Terminaron asignando a las dos empleadas que trabajaban en la casa del fiscal un carro oficial conducido por Jeny Noé Puentes Arévalo, uno de los doce conductores al servicio del despacho del fiscal general de la nación.

Los escoltas también dicen que surgieron choques entre las empleadas porque, algunas de ellas, llevan y traen chismes sobre la vida familiar del fiscal general.

“Esto es sumamente grave, doctora Astrid, estamos hablando del segundo hombre más importante de este país, lo que genera grave peligro para el señor fiscal. No sabemos si en su lugar de residencia, esta señora esté divulgando actuaciones del jefe, sus movimientos, sus viajes, cuando viaja, cuando no, quizás, solo lo haga por alardear que ella trabaja con el fiscal”, dice la carta.


La directora ejecutiva de la Fiscalía recibió otra carta de una empleada en la que se queja de recibir malos tratos de los hombres de seguridad, mientras hace mandados para el fiscal. “Para el mes de diciembre me enviaron a traer un medicamento para los ojos del señor fiscal general, medicamento que no había en algunas droguerías, en la única que pude conseguir fue en la de Farmatodo, que me demoraron por la fila que había para pagar. En ese momento llegó el señor conductor Camilo García, me gritó delante de las personas que hacíamos la fila, la señorita cajera le dijo al señor Camilo que no gritara que la señora ya la atendía, me sentí tan mal que le comenté al jefe Mauricio, quien no prestó mayor atención”.

Para profundizar

De acuerdo con una fuente de la Fiscalía, los problemas siguieron en aumento. En el primer semestre de este año, varios empleados, incluyendo las mujeres que desempeñaban labores de servicio en la casa de Barbosa, fueron reubicados.

CAMBIO consultó a una decena de funcionarios que han trabajado en el entorno de Francisco Barbosa. La mayoría de ellos accedió a dar su versión si se protege su identidad, porque aseguran que ningún fiscal general ha incurrido en los excesos que caracterizan al actual.

Uno de ellos dice que se sorprendió cuando el fiscal Barbosa pidió que empleadas de la empresa contratista de servicios generales fueran asignadas a las labores domésticas de su casa. “Nos quedamos estupefactos cuando un día nos informaron que estas dos niñas iban para la casa de él. Pensamos que iba a ser por una semana, pero no, era de tiempo completo. Eso desde que llegó, la misma semana, fue diciendo y haciendo. Inicialmente eran tres, luego quedaron dos porque a una la alternaban”.

Aseguran que la esposa del fiscal, Walfa Téllez, hace sentir su poder cotidianamente. “Al principio, Walfa parecía una funcionaria más porque iba y daba órdenes”. También dicen que era dura en la forma de relacionarse con las empleadas. “A veces, cuando Walfa estaba en el búnker y la atendían las otras empleadas de la entidad, les decía ‘ay, niñita, eso se sirve es por la derecha’, ni siquiera se tomaba lo que le pasaban, lo dejaba ahí y empezaba a regañar a las peladas y las miraba de arriba hacia abajo”. Dicen además que la esposa del fiscal se tomaba la atribución de indicarle a las funcionarias de la Fiscalía cómo debían vestirse para ir al trabajo. “Inicialmente, Walfa las mandaba hasta a cambiar a cualquier funcionaria que no le gustaba cómo estaba vestida”.

También se quejan de un tratamiento que algunos de ellos sienten como desconsiderado y sin límites de horario. “El fiscal de pronto amanecía mal con la esposa, se iba para el búnker y nos hacía ir a todos y él se ponía a trotar en el cuarto seguro o a leer. No teníamos vida familiar”.

La situación era especialmente difícil para las personas que trabajaban en el entorno doméstico de quien se considera el segundo funcionario de la nación. “No se tiene horario ni calendario. Se sabe la hora de entrada, pero no de salida. Nos recogían a las cinco pero nos dejaban a las diez u once de la noche”.

Las mascotas del fiscal, cuyo cuidado está a cargo de funcionarios de seguridad y servicios generales, también se convirtieron en motivo para prolongar los horarios de trabajo. “Él tiene dos mascotas entonces había fines de semana que nos llamaba simplemente por jodernos la vida porque tenía las mascotas allá y entonces, nos tocaba estar allá para atenderlo a él y a los perros. Era para que nosotros le subiéramos las mascotas al búnker, allá le tenía su cuidador, pero teníamos que estar pendientes por si teníamos que traerle algo a las mascotas, irnos en los carros para conseguir lo que los perros necesitaran”.

Así mismo, aseguran que rara vez pueden tener una jornada de descanso porque sus horarios no se pueden planear con anterioridad: “tenemos que estar pendientes los fines de semana de los perros y de la hija de Barbosa, porque le dictaban clases en el búnker, teníamos que recoger al profesor y abrir las salas para que le dieran clase y nos hacían ir a todos y quedarnos hasta que terminara clases dos o tres horas. Sábado, domingo y a veces los festivos”.

Para profundizar

El fiscal Barbosa ha sido cuestionado reiteradamente por el uso personal que le da a recursos de la Fiscalía. En plena pandemia, se fue de paseo familiar a San Andrés y trató de justificar el viaje como si fuera una actividad laboral. Cuando se le acabaron las excusas, concluyó que primero era padre que fiscal. Hace unos días, cuando el columnista Yohir Akerman reveló en CAMBIO que sus dos perritos mascota eran transportados en un carro de seguridad y paseados por escoltas, el fiscal explicó en entrevista con RCN que merecían la protección porque eran parte de su círculo familiar.

Semanas después, cuando CAMBIO reveló que su esposa Walfa sacó cinco maletas y dos máscaras venecianas de un piso arrendado por la Fiscalía y que comparte la Dirección de Protección con la subdirección de bienes, el departamento encargado de custodiar objetos decomisados o abandonados, el fiscal se limitó a expedir un comunicado grosero con los periodistas asegurando que el contenido de las maletas era parte de su trasteo. Jamás explicó por qué, si eso es cierto, usa una instalación oficial como depósito. Tildó de falsa la publicación que está sustentada en documentos oficiales. Desmintió lo que no se dijo, pero no pudo explicar lo que sí se afirmó.

Por este último evento, el fiscal fue denunciado penalmente ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que tiene la competencia para investigarlo. Esa comisión es un rey de burlas porque tiene como presidente a Wilmer Carrillo, un representante de Norte de Santander llamado a indagatoria por la Corte Suprema por presuntos delitos de corrupción. Su vicepresidente es Jorge Rodrigo Tovar Vélez, el hijo del paramilitar Jorge 40.