13 Mayo 2022

General Zapateiro, investigado por peculado

El comandante del Ejército es investigado por presunto desvío de recursos públicos cuando era comandante de la brigada en Bucaramanga. De acuerdo con los primeros indicios, pagos de servicios del Ejército habrían llegado a cuentas de terceros.

Por: Alianza Noticias UNO - Cambio

El general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, comandante del Ejército Nacional, es investigado en medio de un secretismo absoluto por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema. El proceso penal del cual es protagonista el alto oficial se identifica con el Código Único de Investigación, CUI que termina en 2020-00045. Es decir, el expediente respectivo fue recibido en ese despacho el año de la pandemia, cuando el general Zapateiro ya era el máximo líder del Ejército.

A Zapateiro se le investiga por peculado por apropiación. Según el Código Penal (Art. 397) incurre en tal ilegalidad “el servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte... o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones”. Este delito contempla una pena de 8 a 22 años de prisión.  

Los hechos investigados sucedieron cuando Zapateiro, entonces brigadier general, era comandante de la Quinta Brigada en Bucaramanga. Entre 2013 y 2014, a las múltiples tareas del militar cartagenero, se sumaba la de supervisar el cumplimiento de la directiva vigente para la fecha sobre un servicio especial que prestan las unidades militares “empleo de columnas motorizadas para escoltas de material reservado, explosivos, sus accesorios, y sustancias químicas controladas para su uso en explosivos”.

Se trata de una labor reservada, clasificada internamente como “secreta” por los riesgos de seguridad que conlleva. Sin embargo, se encuentra reglamentada en cada detalle. Está dispuesta para apoyar a empresas que utilicen explosivos en sus procesos industriales. El servicio requiere transporte terrestre pero también incluye la vía aérea. El peligro y la necesidad de usar personal especialmente entrenado hacen que el servicio sea costoso para los particulares que lo usan. Los fondos recaudados por esa actividad están regulados en las  “políticas para la administración de los fondos internos” que debe manejar cada unidad militar, un documento de circulación restringida contiene las directrices del Comando General sobre el tema.

En esos manuales se describen las normas operacionales que guían el transporte de los explosivos. También se fijan las tarifas a cobrar por el servicio especializado, entre otros los costos de uso del personal militar, el valor por el equipo de transporte y gastos administrativos. 

En la cartilla vigente se ordena, por ejemplo, que “el pago de los derechos para escoltas militares será del 2 por ciento de un salario mínimo legal mensual vigente por soldado, por kilómetro recorrido...” Y así, se encuentran muchas otras especificaciones, de tal manera que la contabilidad en cada batallón sobre el número y valor de los contratos, cobros, pagos, ingresos y gastos, tiene que ser rigurosa y transparente.

Los recursos percibidos por estas misiones tienen destinación precisa y están sujetos al Estatuto Orgánico de Presupuesto y Control Fiscal que vigila la Contraloría General. Por esto mismo, el cobro de los derechos se puede realizar únicamente a través de un formato del Comando Financiero y Presupuestal (COFIP) y se prohíbe la elaboración de facturas y cuentas de cobro en las unidades prestadoras. 

Este marco regulatorio no salió de la nada. Aunque siempre ha habido uno, lo cierto es que los comandantes en las regiones se tomaban -más por el relajamiento de la costumbre que por la inexistencia de normas-  la libertad de recibir dineros de modo informal y en efectivo. El expediente judicial busca establecer si el general Zapateiro manejó alegremente los pagos de las mineras y otras empresas contratantes.

Zapateiro
Foto: Colprensa

Presuntamente el destino final de los recursos por ese servicio especializado percibidos en la época en que el hoy comandante del Ejército Nacional tenía a su cargo la Quinta Brigada, fue caprichoso en contravía de las instrucciones vigentes. De acuerdo con las pesquisas iniciales, de carácter disciplinario, que se adelantaron en la Inspección General del Ejército, en los dos años referenciados se desarrollaron actividades para escoltar material reservado “sin el lleno de los requisitos administrativos y operacionales”. Así se desprende de un documento que tiene en su poder la alianza informativa Cambio – Noticias Uno. 

Este proceso penal no solo involucra al general Eduardo Enrique Zapateiro, sino a dos cercanos subalternos suyos, hoy retirados: el coronel Jaime Humberto Pongutá Silva, actual funcionario de la Contraloría General, y el también coronel Juan Carlos Buitrago Ramírez. La investigación avanzó hasta encontrar que los controles previstos nunca se activaron y que, en consecuencia, tales recursos públicos se desviaron para otros usos.

Se ha establecido, por el momento, que se realizaron consignaciones directas a terceros  por parte de las empresas que contrataron la escolta de los batallones de la Quinta Brigada, pese a que claramente se sabía que debían entrar a la cuenta oficial de los fondos internos de cada unidad. Aún está por definir quiénes fueron esos terceros que se quedaron con los dineros públicos provenientes del trabajo del personal militar y del uso de los vehículos oficiales, o bien, en qué los gastaron.

Pero los indicios son abundantes y certeros. Por eso la Inspección General del Ejército compulsó copias para empezar un proceso penal. Inicialmente el proceso llegó al Juzgado 34 de Instrucción Penal Militar de Bucaramanga, a cargo de la mayor  Lorena María Restrepo. Luego de recibir el expediente, el despacho de la mayor Restrepo fue objeto de un fallido robo, pero ella aún está a su cargo de la investigación a los coroneles Pongutá y Buitrago, segundo comandante de Brigada y jefe de Logística o B4 en la época de los hechos. Y aunque la jueza 34 se negó a hablar con la alianza informativa Cambio-Noticias Uno, sí contestó un derecho de petición que le enviamos. De acuerdo con sus respuestas, el proceso penal militar que se adelanta contra los oficiales retirados, paralelo al que involucra al general Zapateiro en la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema, se identifica con el radicado #1197, también por el delito de peculado por apropiación.  

La investigación militar continúa en etapa de instrucción pero ya se definió la situación jurídica de los procesados. Amparándose en la reserva del  sumario, la mayor Restrepo no contestó algunas de las inquietudes de Cambio y Noticias Uno pero la alianza informativa pudo establecer, con otras fuentes, que uno de estos dos coroneles fue calificado como autor material del peculado. Por analogía, se puede afirmar que si hay un autor material también hay un autor intelectual, o determinador como se llama de acuerdo con las normas vigentes. 

Por los hallazgos de la investigación penal militar y los testimonios recopilados por su despacho, la jueza 34 fue quien decidió compulsar copias a la Fiscalía para que asumiera el proceso del general Zapateiro por su fuero como general y como comandante del Ejército Nacional para la fecha de la compulsa, en el 2020.

Entre tanto, en la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema, a cargo de Miguel Eduardo Martínez Rivera, donde se encuentra el proceso contra el comandante del Ejército, no se mueve una hoja. No se reportan diligencias hace meses. 

Martínez es conocido en el ente investigador por ser funcionario de plena confianza del coordinador de fiscales delegados ante la Corte, Gabriel Ramón Jaimes. En el sonado proceso al expresidente Álvaro Uribe por soborno de testigos y fraude procesal, Martínez actuó como fiscal de apoyo de Jaimes. De manera insólita, la Fiscalía actuó como un miembro más de la defensa y la juez que negó la preclusión llamó la atención en algunos casos por la desidia de los acusadores –en la práctica defensores– y en otros por la omisión de pruebas que hacían necesario que el caso prosiguiera. Según fuentes de la Fiscalía, quien escribió los alegatos del fiscal Gabriel Ramón Jaimes fue, precisamente, Eduardo Martínez Rivera.

Consultado sobre la existencia de este proceso, el general Zapateiro respondió en un mensaje de texto: “No tengo nada que decir. Publique, no hay problema”.