La Escombrera y el croquis de la muerte

Lo que llaman La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín es, además, una cantera de material con el que se ha construido la mitad de la capital paisa. A pocos metros de la entrada a la mina de Agregados San Javier hay dos huecos, cada uno del tamaño de un campo de fútbol. El más viejo es tan hondo que se ha convertido en una laguna de aguas verdes. A su alrededor, los camiones que entran y salen como hormigas han labrado un surco que abraza los huecos en un movimiento ascendente hacía lo alto de una montaña, desde donde se observa toda la ciudad. Allí, una plataforma y una carpa blanca decorada con fotos de hombres y mujeres marca el lugar donde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo hace unos días la audiencia de medidas cautelares e inició la excavación forense de miles de metros cúbicos de tierra que cubren los restos de personas que desde hace dos décadas están desaparecidas y aún son buscadas por sus familiares.

Un monje franciscano con su túnica café y un cordón blanco amarrado a la cintura se para frente al atril. “En este momento estamos ante un camposanto. Un lugar al que hemos recurrido tantas veces. Hemos venido a escarbar la tierra en busca de la verdad. Lo hemos hecho entre fuerzas claras y oscuras. Esta cruz que traigo nos debe recordar la indolencia del Estado, su desidia con la justicia. Marca nuestro dolor y la insensibilidad de tantos funcionarios públicos. Hace diez años, por estos mismos días, nos reunimos en otra conmemoración que nos dio una bocanada de esperanza. Ese día clavamos otra cruz, que después fue derribada. Ojalá que esta que traigo hoy se erija como un monumento”, declamó el fraile Alfonso Morales ante los familiares de las víctimas de las operaciones militares, y paramilitares, que hace 20 años asolaron todos los barrios de la Comuna 13 de Medellín. 

Entre octubre de 2002 y enero de 2003, el recién iniciado gobierno de Álvaro Uribe lanzó una ofensiva militar contra las milicias de las Farc, el ELN, el EPL, y los llamados Comandos Armados del Pueblo que controlaban la comuna nororiental. La operación más emblemática, pero no la única, fue Orión, que se inició el 16 de octubre y se prolongó por varios meses. La operación, según testimonios de paramilitares desmovilizados, fue realizada en alianza con el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia y dejó 459 víctimas de desaparición forzada. Los relatos de desmovilizados como Carlos Estrada Ramírez o Jorge Enrique Aguilar están en poder de las autoridades desde 2004 y 2013, respectivamente, y ofrecen escalofriantes detalles de cómo militares y paramilitares se concertaron y ejecutaron graves violaciones a los derechos humanos. Uno de esos casos, el de Arles Edinson Guzmán, ya está ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que anunció que el próximo 30 de enero de 2023 realizaría la primera audiencia.

El camino de la impunidad

El acompañamiento y representación judicial de la familia de Arles Edinson lo ha hecho desde el primer día el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, cuya presidenta es la abogada María Victoria Fallon. Una mujer que ha acompañado en todo este trance a Luz Enith Franco, la esposa del desaparecido. Ese día, frente a los magistrados de la JEP, la defensora de derechos humanos narró la secuencia de portazos institucionales que han recibido en estas dos décadas. 

“Seguir buscando y esperar cualquier otro resultado” fue la escueta conclusión que el 29 de septiembre de 2003 un investigador judicial le entregó a la fiscal 108 seccional tras hacer una visita a La Escombrera. Ocho meses antes, Luz Enith Franco, acompañada de su padre, le había entregado a la Fiscalía un croquis que indicaba el posible enterramiento de Arles Edinson dibujado por un paramilitar anónimo. El CTI visitó ese posible lugar de inhumación, pero lo hizo meses más tarde, y el informe del investigador dice que como hay al menos dos volquetadas de escombros en ese lugar se necesita maquinaría pesada por lo que es difícil la búsqueda. Renglón seguido, escribió a modo de conclusión: “que se siga buscando y se espere cualquier otro resultado. Esperamos 20 años, y ese lugar donde había dos volquetadas de escombros fue donde estuvimos esta mañana. Suspéndase y archívese esta investigación”, narró María Victoria Fallon con la voz entrecortada, haciendo pequeñas pausas para tomar aire y no entregarse al llanto.

Por su parte, Luz Enith no pudo contener las lágrimas. Un llanto seco, quizá después de tanto llanto derramado. “Me conmovió ver a la doctora María Victoria con la voz quebrada. Me conoció a los días de que desaparecieron a mi esposo. Ha estado conmigo desde un principio y verla resistiéndose al llanto me devolvió el casete de mi vida. En el 2003 llevé un croquis a la Fiscalía y no me prestaron atención, y en ese "no" se me fueron 20 años. Hasta hoy que se inició la búsqueda en ese punto. Eso me pone ansiosa. Siento los mismos impulsos de cuando se lo llevaron: ganas de ir a escarbar la tierra yo misma, con las uñas, pero también sé que no serviría de nada. Que si era difícil cuando había dos camionados de tierra sobre su cuerpo, será peor hoy que tiene encima 17.000 metros cúbicos, una montaña tan grande como un edificio de nueve pisos”, sostiene Luz Enith.

El 30 de noviembre de 2002, Luz Enith Franco y Arles Edinson Guzmán se levantaron temprano para limpiar el asadero de pollo del que vivían. Tenían la ilusión de que el diciembre que asomaba sería próspero y que el siguiente año comprarían una casa, ella empezaría a estudiar, vendrían hijos y muchos proyectos más. Ella tenía 20 años y él 29. A las cinco de la tarde, cuando Luz Enith limpiaba las mesas de afuera del local alquilado, tres hombres llegaron a preguntar cuánto costaba un pollo y quién era el dueño del negocio. A la joven le pareció raro y le comentó a su esposo. Arles de inmediato pensó que los iban a robar y fue hasta la habitación para dejar la mitad del producido. Pasadas las ocho de la noche los mismos hombres, esta vez en un taxi, volvieron al negocio y lo llamaron por su nombre. 

Así recuerda Luz Enith lo que empezó esa noche de sábado:

Él salió, habló unos segundos con ellos y volvió a entrar, me miró y me dijo: “mami, me tengo que ir con ellos. Me van a hacer unas preguntas”. Yo me asusté, le pedí que no se fuera, le rogué a uno de los hombres que le hicieran las preguntas frente a mí, pero Arles me detuvo: “No, mi amor, me tienen que hacer las preguntas a mí, yo no me demoro. Solo quiero que sepa que yo la amo”. Uno de los hombres lo tomó por la camiseta y lo metió al taxi. Yo pensé de inmediato que lo iban a matar, empecé a gritar y me desmayé del susto.

Cuando recuperé la conciencia me fui a buscar a la Policía. Me dijeron que ya me tomaban la declaración, que esperara, y ahí me quedé esperando. Esa noche me fui a buscarlo por todo el barrio en un taxi.  La Policía solo fue hasta el otro día a las diez de la mañana. Luego fui a la Fiscalía.  Después alguien me contó de una finca en la que los paras llevaban a la gente a torturarla y matarla. Me llené de valor, le pedí a mi papá que se quedara atendiendo el negocio, y me fui a buscarlo.  Fui con el hermano de mi esposo. Llegué preguntando por Arles, y una persona que me abordó por detrás me preguntó a quién buscaba. Le dije que necesitaba saber qué habían hecho con mi esposo, que se lo habían llevado del barrio 20 de julio, que yo necesitaba saber qué había pasado con él, por qué se lo habían llevado, que a dónde, qué el que había hecho. Esa persona me dijo estas palabras que nunca se me van a olvidar: "tiene 5 minutos madrecita para que se vaya de aquí, y tranquila que a su esposo se lo enviamos bien picado en una bolsa de basura". 

Ahí se me acabó el mundo. Me arrodillé. Le grité, le pedí que me contara qué pasó, que cómo así que me lo iban a mandar picado, que mi esposo era un buen hombre, que la gente lo conocía así. El hermano de Arles me levantó del suelo y me ordenó: "vámonos". El hombre repitió la orden: "tienen 5 minutos para largarse". Entregamos el asadero y me fui a vivir con mis papás. Mi papá era vigilante, vio que yo estaba muy afectada, muerta en vida.  Él iba a trabajar y yo a buscar a Arles. Pegué fotos en todas partes, lo saqué por todos los canales que pude, y un día mi papá me dijo que un amigo suyo había visto que allá en La Escombrera entierran a la gente que desaparece. Me pidió la foto de Arles y se la llevó para dársela a su amigo. Fue él quien dibujó el croquis y nos lo entregó con la promesa de nunca decir quién lo había hecho. Dibujó el paso a paso, los árboles, la laguna, el camino, las piedras del lugar. Ese mapa concuerda con las coordenadas del polígono que la JEP reconstruyó de La Escombrera, y dónde hoy finalmente se inició la excavación. Yo no conocía La Escombrera. Le mostré el papel a la doctora María Victoria y nos fuimos para la Fiscalía, y desde ese día, a fuerza de insistir, de preguntar, de interponer recursos hemos llegado hasta aquí”. 

Los testimonios de los paras

El croquis entregado por Luz Enith se fue embolatando en los despachos de diferentes fiscales, pero sus coordenadas coinciden con los testimonios que paramilitares dieron a las autoridades. Uno de esos testimonios, entregado a la Fiscalía el 18 de mayo de 2004, es el de Carlos A. Estrada Ramírez, un exintegrante del Bloque Cacique Nutibara que detalló la manera como asesinaron a decenas de personas que luego eran enterradas en la escombrera. La declaración tiene 15 páginas de horror en las que hace un recuento de no menos de 30 crímenes, en los que recuerda la edad, el lugar donde los encontraron, quién los mató y hasta cómo. Estrada detalla las torturas a las que sometían a sus víctimas, cómo los amordazaban, a los que asesinaron de un tiro de gracia, a las que descuartizaron a cuchillo, las que mataron a corrientazos y hasta dio cuenta de las relaciones que sostenían fuerza pública y paramilitares.

“Recuerdo un caso en el que escuché por el radio que el comando Negro llamó a Kinkong y le dijo que tenía el objetivo listo que qué hacían con él. Entonces Kingkong le dijo llevárselo para la Arenera y no se olviden de echarle tierra. El negro contestó que listo, y eso fue todo. Yo no sé dónde quedó finalmente este muerto, ese objetivo era el dueño del billar”, declaró. Estrada reconoció decenas de asesinatos y dio nombres de sus cómplices y víctimas. Narra un caso en el que la Policía detuvo a un presunto miliciano pero que por ser menor de edad lo tuvo que soltar. Antes de dejarlo en libertad le avisaron a los paramilitares, al propio Kinkong, que era el comandante del sector, a quien llevaron a la misma estación de policía para que viera al joven y pactaron que al siguiente día a las ocho de la mañana lo soltarían para que los paras pudieran cogerlo y matarlo. Así ocurrió, y fue delante de su mamá.

Son incontables los crímenes narrados por Estrada y detallados sus aportes en materia de verdad, por ejemplo, en la colaboración que les brindó a los paras un comandante de la Policía a quien señaló como el teniente Rojas. Al final de la declaración el paramilitar sostiene: “Temo por mi vida por dar esta declaración. Yo decía si me traen un fiscal como el que le tocó al Diablo Rojo me matan”. Y así fue, Estrada fue asesinado meses después. Otro paramilitar que relató todo lo ocurrido en la Comuna 13 en la Operación Orión fue Jorge Enrique Aguilar Rodríguez, quien también perteneció al Bloque Cacique Nutibara, al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna. 

Aguilar, quien desde los once años vivió en el barrio 20 de julio de la Comuna 13, declaró el 5 de enero de 2015. Su testimonio tiene 29 páginas y narra paso a paso cómo se planeó y ejecutó la operación Orión. Cuenta que varios meses antes de iniciar la operación los paramilitares infiltraron gente suya en los barrios y en las milicias que allí operaban. En este proceso de infiltración el Ejército ingresó el armamento que fue utilizado en la retoma de la comuna; después viene el operativo conjunto que convirtió a las calles de los barrios en campos de batalla y finalmente el plan de asesinatos selectivos, cuya lista la dieron miembros del Ejército.

La JEP en la escombrera

En 2019 la JEP realizó una audiencia pública sobre los hechos ocurridos en la Comuna 13. Ese día el magistrado Gustavo Salazar expresó su preocupación por hechos que han promovido la impunidad en los cientos de crímenes cometidos en desarrollo de las operaciones militares que se realizaron en este sector de la capital antioqueña entre 2002 y 2005. En ese momento se identificó que Medicina Legal había extraviado los cuerpos de tres personas que fueron inhumadas en la escombrera como N.N. También denunció la falta de un listado definitivo del universo de víctimas, así como la prórroga de los contratos de explotación de la mina donde se cree estarían enterrados los cuerpos de varias personas dadas por desaparecidas.

Desde entonces la justicia para la paz ha encontrado situaciones que han ocultado muchos casos de desaparición forzada en la Comuna 13. Sus pesquisas arrojan que en el sitio denominado La Escombrera podrían haber enterrado entre 200 y 260 personas. Algunos de estos cuerpos fueron posteriormente trasladados al Cementerio Universal de Medellín, cuyo desorden administrativo ha dificultado la búsqueda de restos, ya que los cuerpos no corresponden a la numeración de las tumbas.

Otra anomalía es un convenio interadministrativo firmado entre la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia para que restos de personas enterradas como N.N en el Cementerio Universal de Medellín fueran entregados al Departamento de Osteología Forense para investigación y práctica de los estudiantes. Allí la JEP encontró 76 cuerpos que tienen evidentes rastros de muerte por causa violenta. Una situación que viola los protocolos de uso de cuerpos pues las sustancias con las que practican los estudiantes, disminuyen la posibilidad de identificación genética de los cadáveres.

Todas estas situaciones reposan en el expediente que el magistrado Salazar entregó a la sala de reconocimiento de responsabilidad para que su colega, Oscar Parra Vera, incorpore la investigación al macrocaso 08, que indaga sobre las alianzas entre grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública, así como las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Antioquia. El magistrado Parra tendrá que decidir si solicita rendición de testimonios a las autoridades políticas y militares de la época, entre las cuales figuran el exalcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez, el entonces comandante de la Policía de Medellín, general Leonardo Gallego; y a quienes fueron comandantes del Ejército en el área general Carlos Alberto Ospina, el comandante del Ejército en Antioquia, general Mario Montoya, la entonces ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez y hasta del propio expresidente Álvaro Uribe. Al mismo tiempo, la JEP adelanta un ambicioso plan de excavación forense en seis polígonos, y uno de esos coincide de manera asombrosa con las coordenadas del croquis que Luz Enith llevó a la Fiscalía hace 20 años.