2 Agosto 2022

​​​​​​​ Las advertencias ignoradas sobre llegada de narcos mexicanos a Colombia

Carteles mexicanos en Colombia

Crédito: Yamith Mariño

Entre 2018 y 2022, la Defensoría del Pueblo ha emitido más de 20 alertas tempranas sobre la presencia de carteles mexicanos en Colombia y sobre el control que estos ejercen sobre toda la cadena del narcotráfico.

Desde hace varias semanas, CAMBIO investiga sobre el resurgimiento del narcotráfico en el Valle del Cauca impulsado directamente por capos mexicanos que se han asentado en la región. Aunque solo en los últimos meses la presencia de estos capos se ha hecho más que ostensible, sobre todo en Cali, el fenómeno ya había sido detectado por entidades oficiales. CAMBIO conoció que la Defensoría del Pueblo viene alertando sobre la llegada de carteles mexicanos a diferentes zonas del país. Sin embargo, la reacción de las autoridades sigue siendo insuficiente para el fenómeno, que tiene a los vallunos “asustados”.

En febrero de 2019, el entonces defensor del pueblo, Carlos Negret, advirtió sobre la irrupción de los carteles mexicanos en los territorios abandonados por las extintas Farc. En ese momento, dijo, había que poner especial cuidado en los territorios relacionados con el Pacífico, porque los carteles mexicanos pretendían controlar toda la ruta de cultivos ilícitos, el procesamiento y hasta el transporte del estupefaciente hacia el extranjero. Desde ese año, en esa región se había asentado el cartel de Sinaloa.

Sobre Jamundí, un municipio que queda ubicado al sur de Cali, dijo que fue la región del Valle en la que, desde 2019, empezaron a aparecer “sujetos foráneos con un acento raro, como el de las novelas mejicanas”, de acuerdo con versiones de sus habitantes. Y que esto, sumado a la llegada de grupos ilegales, como el ELN y las disidencias de las Farc, mantenía en riesgo permanente a los habitantes de la zona rural.

La Defensoría también informó que el Cartel Jalisco Nueva Generación estaba haciendo alianzas con la organización conocida como ‘Los caparrapos’, que tiene principal injerencia en la región del Bajo Cauca.

 

“También el posible acuerdo entre FGO del ELN y la Disidencia del Frente 36 de las FARC EP con los Caparrapos-Paisas, permite el fortalecimiento tanto militar y económico. Mientras que se presume la inversión de capital de carteles mexicanos, en particular del Cartel Jalisco Nueva Generación a los Caparrapos, el cual tiene el interés de tomar el control de las ganancias en toda la cadena productiva del narcotráfico, pretendiendo así manejar los rentas que se pudieran generar en la estabilización de la producción de la pasta de coca y las rutas de movilidad, particularmente en los territorios abandonados por las FARC-EP7”, dice el documento.


Las alertas continuaron en los años 2020, 2021 y 2022. En julio de 2020, por ejemplo, la Defensoría emitió una alerta temprana por la vulnerabilidad a la que estaban expuestos los habitantes de los municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí, en la costa pacífica caucana, por la incursión y expansión de disidencias de las Farc y del ELN y, además, por el financiamiento de carteles mexicanos a esas organizaciones criminales. Este fenómeno fue identificado por la entidad en los territorios que fueron dejados por las extintas Farc.


 

“Como factor catalizador del accionar de estos grupos se encuentra también la incursión aparente de los carteles mexicanos, quienes estarían brindando apoyo financiero tanto a las facciones disidentes como a grupos organizados al servicio del narcotráfico, respaldo que fortalece los actores armados locales para establecer controles y fronteras en sus zonas de operación. Cuando estas líneas trazadas de manera invisible son traspasadas por unos u otros se generan tensiones, las cuales desembocan en enfrentamientos entre los grupos armados, atentados y amenazas contra la población civil. La situación de riesgo para la población civil en la Costa Pacífica Caucana se ha venido intensificando por la presencia de los grupos armados ilegales antes referidos, que se disputan el control territorial para el manejo de los cultivos ilícitos, minería ilegal, extorsión, producción y comercialización del clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica”, dice la alerta temprana.


Asimismo, señaló la Defensoría en el documento, algunos habitantes de Timbiquí denunciaron la presunta presencia de civiles mexicanos que trabajan para el narcotráfico, despachando lanchas y comprando cocaína.


Las alianzas entre carteles mexicanos y organizaciones criminales colombianas no solo ocurrieron en el Valle del Cauca y Cauca. La Defensoría identificó el mismo fenómeno en Antioquia. En 2020, la entidad dijo que en 2013 la Oficina y los Urabeños o Autofedensas Gaitanistas de Colombia (AGC) firmaron el ‘Pacto de San Jerónimo’, en el que se acordó la participación de estas estructuras armadas organizadas en cada uno de los eslabones de la cadena productiva del narcotráfico, lo que implicó a la vez la redistribución de territorios de control armado. Supuestamente, se definió que las áreas de cultivo estarían controladas por las extintas Farc; la producción de clorhidrato de cocaína, por las AGC; y parte de rutas de comercialización de narcóticos hacia mercados internacionales, por la Oficina de Envigado. En la alerta, dice la Defensoría que, en este acuerdo, habrían tenido influencia organizaciones de crimen organizado internacional, en particular los carteles mexicanos.

 

“Según informaciones, se pactó el control por parte de las AGC de la zona noroccidental del país y se establece una alianza entre las AGC y el Cartel de Sinaloa, buscando asegurar la satisfacción de la demanda de narcóticos a nivel internacional”, dice el documento.


Los pactos con organizaciones mexicanas, según la Defensoría, comenzaron cuando los principales carteles mexicanos de ese momento -Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Zetas- acordaron distribuirse las zonas de cultivos de hoja de coca y las rutas internacionales del narcotráfico, con el ánimo de garantizar un aumento en la producción que pudiera satisfacer la creciente demanda de los países industrializados del norte y de Asía.


La intención de los carteles, según la entidad, era obtener ganancias en toda la cadena del narcotráfico: desde la pretensión de manejar los réditos que se pudieran generar en la estabilización de los flujos de producción de la pasta de coca y las rutas de movilidad, en especial en territorios abandonados por las FARC-EP, hasta el control del narcotráfico al menudeo.


La amenaza de los carteles mexicanos siguió recorriendo el país como un eco sin final. En 2021, la Defensoría dijo que ese fenómeno había llegado a los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo.


Y finalmente, en enero de 2022, la Defensoría se centró en el fenómeno que se está viviendo en Cali por cuenta de los carteles mexicanos. En una alerta temprana habló sobre la presencia en Cali de carteles mexicanos al servicio del narcotráfico, como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Los narcos extranjeros estarían subcontratando a las organizaciones que delinquen en la ciudad.

 

“Estas organizaciones criminales trasnacionales utilizan las estructuras que delinquen en el municipio para los macroprocesos de transporte y comercialización dentro de la economía ilícita asociada al narcotráfico, en un proceso de outsourcing o subcontratación. Por ende, su impacto sobre el contexto de amenaza es indirecto, pero tiene un importante peso en la tendencia de las disputas y relaciones entre los demás actores fuente de amenaza, en la medida en que les financian o respaldan para el desarrollo de las actividades de narcotráfico de su interés”, puntualiza el documento.


Lo cierto es que, a pesar de que la Defensoría ha reportado el fenómeno desde 2019, este simplemente ha escalado y no se conocen pronunciamientos de fondo de las autoridades sobre algo que ya es innegable: la permanencia de capos mexicanos en el país.

Incluso, ya hay una investigación en la Fiscalía sobre la compra de tierras a través de testaferros –en Cali y en sus alrededores– por parte de narcotraficantes mexicanos.


CAMBIO ha tratado de contactarse con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y con la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, pero no han respondido los mensajes.


*Si usted quiere aportar a la investigación, escriba a unidadinvestigativa@cambiocolombia.com