Más de 2.100 predios con extinción de dominio están en manos de sus propietarios
Crédito: Foto: Colprensa.
El contralor general habló en El Reporte Coronell sobre el hallazgo de propiedades que, a pesar de tener medidas cautelares de extinción de dominio, no están bajo el control de la SAE, sino en poder de sus cuestionados dueños originales. ¿Qué pasó?
Hay 2.106 propiedades en Colombia que tienen medidas de extinción de dominio puestas antes de la creación de la Sociedad de Activos Especiales, (SAE), y que, hoy, no están bajo la administración estatal.
Por negligencia en la administración de los bienes por parte de las administraciones anteriores en Fiscalía y la extinguida Dirección Nacional de Estupefacientes, los predios quedaron en poder de sus antiguos y cuestionados propietarios.
Según los hallazgos de la Contraloría, entre las propiedades hay extensas fincas en Caquetá, hectáreas que podrían ser utilizadas con propósitos agrícolas, un edificio de apartamentos en Floridablanca y hasta un local del centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá.
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La denuncia del contralor en El Reporte Coronell
El contralor, Carlos Hernán Rodríguez, quien cumple 100 días al frente de la entidad, dijo en entrevista con El Reporte Coronell de W Radio que estas irregularidades se deben a “un alto grado de desorden e ineficiencia” y eso facilitó las actividades al margen de la ley.
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En Bogotá, hay más de 1.100 predios con avalúos catastrales cercanos a los 55.000 millones de pesos.
Según contó Rodríguez, hay más de 1.600 bienes “huérfanos”, es decir, con extinción de dominio y suspensión del poder dispositivo, pero no están en poder de la SAE, ni se conoce cuál es su estado.
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Otro de los descubrimientos más relevantes son los precios irrisorios de los terrenos, pues en el conglomerado de bienes refundidos se encuentra una finca de 102 hectáreas que aparece avaluada con 34.000 pesos.
Sobre esto, el contralor general dice que la entidad está preparando un informe para que la Fiscalía investigue sobre qué funcionarios y entidades recae la responsabilidad de las irregularidades.
Rodríguez dijo que espera que el Estado pueda propender por la monetización de los bienes que se logren recuperar, en vez de la administración para evitar casos de "pagos cánones profundamente bajos".
