¿Quién se quiere quedar con la licitación del Canal del Dique?

El proceso de estructuración del proyecto empezó durante el gobierno de Juan Manuel Santos; sin embargo, la licitación se abrió solo el 25 de marzo de 2022. En un primer momento, más de 30 compañías se mostraron interesadas en participar del proceso, pero solo cuatro firmas hicieron preguntas o solicitaron aclaraciones de los pliegos formulados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

CAMBIO le hizo seguimiento a los rastros públicos que dejaron los iniciales interesados, e identificó a una empresa china y tres españolas, estas últimas envueltas en un proceso de investigación y con sanciones recientes en España por violación de la libre competencia, es decir, por ponerse de acuerdo entre ellas para repartirse y ganarse licitaciones. Entre todas se repartían los beneficios y la ejecución de las obras. 

Una de las firmas que mostró intención de participar de la licitación fue China Harbour Engineering Company (CHEC), la cual tiene 60 sucursales y trabaja en 80 países, incluida Colombia, en donde tiene dos concesiones diferentes: APCA Transmimetro, para construir la primera línea del Metro de Bogotá, y la Autopistas Urabá S.A.S., responsable de la construcción de la APP Autopista al Mar 2. Su historia en el país empezó en 1985, con las obras de dragado y ampliación de la zona de El Rodadero en Santa Marta. Al final, la compañía asiática renunció a la licitación, con el argumento de que la ANI no amplió un plazo solicitado por la compañía. 

La licitación del Canal del Dique también llamó la atención de Copasa, una empresa española fundada en 1985 bajo el nombre de Construcciones Paraño. En 2021, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNCM) de España le impuso una multa por 5,6 millones de euros por cartelización entre 2014 y 2018 en licitaciones por contratos que sumaban 530 millones de euros. Pero Copasa argumentó que no puede pagar la multa porque su caja es cuatro veces menor al valor de la multa y sus deudas en 2021 costaban 40 millones de euros.

Otra interesada fue Senda Infraestructuras, también española, creada en 2004, con experiencia en construcción y abastecimiento de obras de infraestructura. La creó OHL Concesiones, cuya subsidiaria en Colombia es OHLA Colombia. También estuvo involucrada en el proceso por cartelización en Galicia de 2021 y su multa fue de 3 millones de euros por ser la matriz de Elsan, la constructora que directamente participó en el cartel. Pero por otro proceso de cartelización entre 1992 y 2017 también recibió una multa por 21,5 millones de euros. Esta compañía tiene una filial en Colombia, Aleatica SAS, de la cual fue director jurídico el hoy presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez.

La tercera compañía española interesada en el Canal fue Sacyr, la única que hizo oferta para la adjudicación. Sacyr también participó en el cartel y fue multada por 5,1 millones de euros. Además, la CNCM multó nuevamente, hace un mes, a Sacyr por 16,7 millones de euros, también por cartelización entre 1992 y 2017.  Al respecto, Sacyr Colombia señaló que las actuaciones de la empresa no afectan la libre competencia en España y que la sanción de la CNMC es injusta, por lo que apelarán la decisión. Además, Sacyr Colombia dice que tiene en el país una “Unidad de Cumplimiento Normativo para garantizar la eficacia del Código de Conducta en términos de transparencia fiscal y para velar por el cumplimiento del Modelo de Cumplimiento Normativo”.

En Colombia, Sacyr construyó el puente Hisgaura, en Santander, el mismo que se dio a conocer como el puente ondulado, por el curioso rizado y las grietas con que fue entregado. Los retrasos y los sobrecostos de esta obra contienen un largo dosier que está en pleito. Hace una semana la Contraloría ordenó vincular a la investigación por responsabilidad fiscal a la constructora española. También les falta entregar las obras de las vías Pasto-Rumichaca (con la Concesionaria Vial Unión del Sur), Puerta del Hierro - Cruz del Viso y Mar 1. 

En Panamá, Sacyr también tiene un frente de batalla en un proceso de arbitraje en el que pide que la Autoridad del Canal de Panamá le pague 1.000 millones de dólares por los sobrecostos en las obras de ampliación del Canal de Panamá. El tribunal Uncitral, de la ONU, señaló que la responsabilidad de la Autoridad del Canal es atribuible a la República de Panamá. Sacyr ejecutó la obra en un consorcio del cual tenía el 41% de participación, los otros dos socios eran We Build y Jan de Nul. Entre los tres, tienen arbitramentos por 3.500 millones de dólares contra Panamá por el desarrollo de la obra y que se espera sean dirimidos en 2024.