Violencia sexual para reprimir la protesta
Crédito: Colprensa
Registros realizados por Amnistía Internacional apuntan a que la Policía usó la agresión sexual contra las mujeres y la comunidad LGBTI+ como método para dispersar las movilizaciones del paro nacional de 2021.
Por: Maria F. Fitzgerald
Amnistía Internacional acaba de publicar un informe en el que denuncia que la Policía Nacional de Colombia utilizó la violencia sexual y de género para reprimir la protesta social, durante las protestas de 2021.
De acuerdo con el informe, este tipo de violencias han sido sistemáticas. “Las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) son quienes, a través del tiempo, la han sufrido de manera acentuada y desproporcionada. Mientras tanto, la respuesta estatal es insuficiente y los altos índices de impunidad persisten. Por esta razón, miles de personas sobrevivientes reclaman la garantía de sus derechos y el acceso a la justicia”.
Para profundizar
La violencia basada en género durante las protestas
Amnistía Internacional estableció el modus operandi de la Policía Nacional a la hora de reprimir a mujeres, niñas y a la comunidad LGTBIQ+. En particular, la organización documentó 28 casos que describen esa represión.
La primera conclusión es que, pesar de que la violencia sexual y basada en género fue recurrente, pasó inadvertida: “A pesar de la amplia cobertura y la movilización social a favor de los derechos de las víctimas de violencia policial, los casos de violencia basada en género, incluida la violencia sexual, quedaron bajo la sombra de otras violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional ocurridos durante el paro nacional”.
Las denuncias ocurrieron en todas las regiones del país, aunque Cali y Palmira, Popayán, Soledad, Tunja, Manizales y Bogotá, fueron las ciudades que más reportaron casos de violencia basada en género. Las manifestantes no fueron las únicas agredidas; también periodistas y defensoras de derechos humanos.
Amnistía documenta diversos tipos de agresiones: “Casos de violencia psicológica, amenazas de violencia sexual, violencia por prejuicio contra personas LGBTI, tocamientos y acoso sexual, desnudez forzada, discriminación por razones de género, tortura y violación sexual en contra de mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, reporteras, brigadistas de salud, madres que acompañaban las marchas y, en general, mujeres que participaron en las protestas”.
Las mujeres pertenecientes a minorías étnicas y raciales, y a identidades de género disidentes (como las mujeres trans y las personas intersexuales) fueron las principales víctimas de violencias de género: “Se convierte en un móvil adicional de los perpetradores para la agresión y reflejan cómo estas identidades atraviesan la experiencia de violencia basada en género y la exacerban”.
Para profundizar
Inoperancia y falta de justicia
Amnistía Internacional advierte que la Fiscalía no ha tenido ni la eficiencia ni la asertividad para investigar y mucho menos para castigar estos casos, a pesar de que Colombia define que los delitos y violencias basadas en género deben ser una prioridad.
De hecho, la organización ha recibido reiteradamente quejas sobre la falta de respuesta de la Fiscalía a las denuncias de las víctimas de este tipo de violencia, caracterizaciones jurídicas inadecuadas y presiones por parte de las autoridades para que las víctimas retiren sus denuncias: “Así mismo, documentó el temor y la falta de confianza de diversas personas sobrevivientes, quienes decidieron no acudir a la Fiscalía General de la Nación. Estos hallazgos son preocupantes, dado el papel esencial que juega la lucha contra la impunidad para garantizar el derecho que tienen las mujeres y las personas LGBTI a vivir una vida libre de violencia y discriminación”.
