Al oído de Petro (y de Rodolfo)

Por Rudolf Hommes

La posibilidad que tienen ahora Petro y el Pacto Histórico de inducir un profundo cambio en el país, de renovar su clase dirigente y de abrirle paso a una sociedad más igualitaria, no se presentaba desde 1930, hace más de 90 años, cuando se le puso fin a un largo periodo de hegemonía conservadora con la elección del primer presidente de la república liberal. Esto fue posible porque el conservatismo estaba dividido y porque Alfonso López Pumarejo, el líder que concibió y puso en práctica la estrategia que culminó con la elección de Enrique Olaya Herrera, le cedió el turno de ser presidente porque era más aceptable para los conservadores. 

En la actualidad el rival es uno solo y va en ascenso. Nunca se consideró un candidato menos aguerrido que Petro. Entonces, si se va a aprovechar esa lección de la historia en 1930, a Petro le corresponde presentar una cara más amable y desvanecer los temores de los votantes de izquierda moderada que no lo han acompañado y que han quedado huérfanos. 

Si opta por no intentar atraer estos votos y los demás que pueda cautivar y se los deja a Hernández, es porque no se ve en el papel de líder de una transformación no violenta ni traumática de la sociedad colombiana y del Estado, que induzca mayor justicia social, una democracia progresista y un capitalismo responsable e incluyente, lo que compañeros suyos del M-19 llaman “capitalismo decente” . El Pacto Histórico perdería también la oportunidad de convertirse en un partido o movimiento pluralista de larga vida y amplia trayectoria, como es el actual partido socialista chileno.          

A continuación, resumo puntos que tendrían relevancia utilizando algunos textos e ideas de la carta abierta que le enviamos un grupo de técnicos y exfuncionarios públicos a los candidatos, y de una nota privada que preparamos con dos colegas sobre las propuestas de Petro que preocupan por sus posibles consecuencias negativas:

Respeto a la Constitución y a las reglas del juego. En primer lugar, está el temor de que Petro o Hernández no propicien y toleren una oposición democrática durante su gobierno y acudan a medidas extremas como cerrar el congreso, cambiar las cortes, empapelar o encarcelar a los opositores y críticos, o usen la capacidad de congregar a sus adeptos, lo que Petro llama “la calle” y Hernández “el pueblo”, para intimidar a otros poderes. 

Salud. La idea del médico familiar integrado a la red de servicios es buena. La telemedicina facilita esta gestión de cuidado y prevención. Conviene mantener el esquema actual de seguridad social en salud, pero fortaleciendo los controles y la capacidad financiera y de atención de las EPS, con el fin de preservar a las mejores y aumentar la calidad y el acceso. 

Pensiones. La idea de establecer un sistema de pilares que elimine la competencia entre el régimen de ahorro individual en fondos de pensiones y el régimen de prima media de Colpensiones, no tiene problema si se respeta la restricción de no tocar los ahorros de los actuales cotizantes en esos fondos y se crea mayor competencia. El primer pilar lo financia el Estado, y el monto de este auxilio respeta las restricciones fiscales. Lo recibirán todos los que no tienen pensión. El segundo pilar puede ser contributivo o puede migrar en Colpensiones a un esquema exclusivo que reconozca un interés durante el periodo de contribución. El tercer pilar debe ser de ahorro voluntario para personas con ingresos superiores a dos salarios mínimos mensuales, que complemente lo aportado al segundo pilar. 

Impuestos. Las ideas tributarias de Petro y su equipo se enfocan a resolver la gran necesidad de recursos que se deriva del gasto social que exigen los altos niveles de desigualdad, desempleo y pobreza que se acentuaron durante la pandemia. En una primera etapa se debería generar un recaudo adicional de 2 por ciento del PIB, por lo menos, que eventualmente puede crecer al 5 por ciento propuesto por Petro.  El crecimiento del gasto social debe reflejar esta gradualidad. El elemento central de esta reforma es la eliminación de las exenciones y exclusiones del impuesto de renta y la progresividad de este.  
Banco de la República. Debe mantenerse intacto el actual arreglo institucional que ha sido exitoso. El Banco está obligado por la Constitución de 1991 y por la ley orgánica a coordinar con el gobierno la política económica y no puede ignorar entonces el crecimiento económico.

Tierra y desarrollo rural. El gobierno elegido tiene la obligación de cumplir con el acuerdo de paz, que incluye una reforma agraria con tierras improductivas. Es urgente establecer el catastro rural que permita definir los predios y su valoración. Con ello, los gobiernos locales aumentarán sus recaudos, y podrán crear servicios de extensión, mecanismos de acceso a la tierra y a medios de producción para pequeños productores. El desarrollo de la agricultura en la altillanura y en las costas requiere un gran plan de producción agroindustrial para consumo interno y exportación. 

Exportaciones y crecimiento económico. Hace falta un decidido impulso nacional a las exportaciones de mayor valor agregado y complejidad concertado entre el gobierno y los sectores productivos, que genere una amplia diversificación de la canasta exportadora. Los expertos prevén que, sin esto, rápidamente “regresaremos a tasas de crecimiento inferiores a 4 por ciento anual, insuficientes para corregir el desequilibrio fiscal y responder a la presión social…”  “Es necesario que haya mayor competencia en sectores oligopólicos”, mayor apertura al comercio internacional …y “un gobierno visionario, audaz y creativo, que aproveche la experiencia y el conocimiento universal para crecer a tasas superiores al 5 por ciento anual”. 

Educación. Una falla que contribuye al estancamiento de la productividad es la pésima calidad de la educación. A causa de ello, el país padece de un atraso tecnológico y de conocimiento que hay que subsanar inmediatamente con la ampliación de la educación pública de calidad que puede financiarse destinándole una mayor proporción de las regalías. 

Fallas de Estado. El endeble aparato estatal es incapaz de responder a las responsabilidades que se le han asignado. La falla más notoria es que tradicionalmente, y después del acuerdo de paz, ha tolerado la presencia de mafias, guerrillas y otros agentes ilegales armados en regiones del país que desafían su autoridad y legitimidad.

Exigencias de la transición energética. Más de la mitad de nuestra contribución al efecto invernadero proviene de los sectores agropecuario y forestal, y del cambio del uso del suelo. Los mayores aportes a la descarbonización deben provenir de detener y reversar la deforestación y mejorar la productividad agropecuaria. No es responsable sacrificar ingresos de exportación de carbón e hidrocarburos antes de que surjan otras exportaciones sustitutivas.

Corrupción. En Colombia se ha tolerado a los políticos y funcionarios que utilizan sus cargos para enriquecerse y para beneficiar a su clientela. En esta elección, los colombianos han decidido no seguir haciéndolo, lo que obliga a los dos candidatos, no solamente al que promete acabar con la "robadera", a ponerle fin a la corrupción oficial y a desmontar el clientelismo.