El polvorín detrás del ‘fracking’

La técnica de exploración del fracking, que se basa en fracturar la roca para liberar hidrocarburos a gran profundidad, también amenaza con fragmentar al país. Eso es lo que se percibió el pasado 7 de febrero, en Puerto Wilches, Santander, durante una reunión informativa que buscaba explicarle a la población el objetivo del primero de dos proyectos piloto de extracción de hidrocarburos mediante la técnica de fracking en este municipio del Magdalena Medio. 

El evento no resultó muy concurrido y las manifestaciones de quienes se oponen a este procedimiento sobresalieron en el encuentro y reafirmaron la controversia que existe en la población alrededor de la realización de dichos programas por parte de Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). En diciembre de 2020 ambas entidades firmaron un acuerdo para desarrollar el primer Proyecto Piloto de Investigación Integral (PPII) en Puerto Wilches: el proyecto Kale. Un segundo proyecto, denominado Platero, avanza también en esta zona del país.

Por eso, desde esa fecha, una buena parte de la comunidad de este municipio –que vive de la pesca y el monocultivo de palma africana– se opone al fracking al temer que su ecosistema y fuentes de empleo se perjudiquen con esta técnica.

El fracaso de la reunión informativa del 7 de febrero se encadenó con otro hecho preocupante: en la noche del viernes 11, siete líderes fueron amenazados por personas anónimas en moto que los visitaron en sus casas y les advirtieron que no asistieran a la audiencia pública que se realizará sobre el proyecto Kale este próximo 22 de febrero, pero que puede ser postergada por el concejo municipal de Puerto Wilches.

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"En la noche del viernes 11, siete líderes fueron amenazados por personas anónimas en moto"

Dichas amenazas no han sido las únicas. “Durante meses ha existido este tipo de intimidaciones”, explica Jhon Alexander Rodríguez, presidente de la USO. Y han ido hasta el extremo. En ese ambiente de reclamos y advertencias, el 6 de octubre del año pasado fue asesinado Robinson Jiménez Bautista, presidente de la Asociación de Taladreros de Puerto Wilches y afiliado a la USO. Según informó la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, el hecho se dio en medio de “una jornada de protesta convocada en rechazo a la política de privatización de Ecopetrol”. 

De acuerdo con un comunicado de esa asociación, “una persona con overol de contratista se acercó a un grupo de trabajadores y le propinó siete disparos”. Jiménez Bautista fue internado en una clínica de Bucaramanga, pero luego de un mes murió por la gravedad de las heridas. Hasta el momento, la justicia colombiana no ha establecido el autor material del hecho ni la causa del homicidio.

En medio de ese panorama de inseguridad que se vive en una zona en donde operan distintos grupos armados, el Gobierno nacional, Ecopetrol y la Exxonmobil tienen sus cartas jugadas por dichos pilotos y por el fracking en Colombia. Con la técnica de fracturamiento de yacimientos no convencionales (YNC) –aducen esas entidades–, se podrían llegar a multiplicar por 12 las reservas actuales de petróleo. En el mismo sentido, un informe de la Comisión de Expertos para la Exploración de YNC en Colombia –el mismo que sugirió realizar los pilotos de fracking–, estimó que “en la etapa de desarrollo de no convencionales en el valle Medio del Magdalena, la explotación podría aportar 34.300 millones de dólares al PIB, cifra que equivale a aproximadamente el 10 por ciento del PIB de 2017 y 35.000 empleos (directos, indirectos e inducidos) al año durante 30 años”.

Controversia piloto

El 15 de febrero pasado, la petrolera estatal presentó ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) los resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto Platero. Según Gabriel Combariza, vicepresidente de yacimientos no convencionales de Ecopetrol, dicho estudio cuenta con un plan de contingencia y de gestión del riesgo que identifica, entre otros aspectos, los riesgos potenciales, las medidas de mitigación y las acciones contempladas para el manejo de contingencias, con el fin de proteger a la comunidad, los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos hídricos, el suelo y el aire.

Pero los ambientalistas señalan que el país debe apostarle a otras alternativas de generación de recursos económicos por medio de energías más limpias y con un impacto menos dramático para las comunidades. Tanto es así, que diputados de la asamblea departamental de Santander conformaron una ‘asamblea descentralizada’ para recoger las voces de los santandereanos con respecto a la licencia ambiental que Ecopetrol gestiona ante la Anla. Luis Ferley Sierra, Óscar Sanmiguel, Leonidas Gómez, Jonathan Duarte, Camilo Torres, Giovanni Leal y Nakor Rueda manifestaron a nombre de Puerto Wilches su rechazo a la realización de los proyectos piloto de fracturación hidráulica en el departamento.

Lo cierto del caso es que los dos grandes actores del fracking en el país son Ecopetrol, de la cual el Estado tiene un 88 por ciento de acciones, y la Exxonmobil, la petrolera más grande de los Estados Unidos. Según la ANH, estos proyectos representan inversiones en Colombia “por 130 millones de dólares en un período aproximado de un año a partir de la expedición de las licencias ambientales”. 
Cambio consultó tanto a Ecopetrol como a Exxonmobil sobre la expectativa de rentabilidad que esperan con el fracking. Su respuesta no menciona nada al respecto, más allá del aumento del número de barriles para el país. 

En el proyecto Kale –el que se presentó a la comunidad el 7 de febrero y que espera su licencia ambiental–, Ecopetrol tiene el 62,5 por ciento de acciones y Exxonmobil posee el 37,5. El segundo piloto, Platero, todavía no ha sido objeto de estudio en la Anla y por ello no se les  ha presentado a las comunidades. En ese piloto, Exxonmobil tiene el 62, 5 por ciento de acciones y Ecopetrol es dueño el 37,5.

Un espejo en el Brasil

Así como Ecopetrol enfrenta protestas de cara a los proyectos piloto de fracking, la multinacional Exxonmobil ostenta problemas similares a los de Puerto Wilches en Brasil. Según Carlos Eduardo Ribeiro, director de Canoa de Tolda –una organización no gubernamental brasileña–, “la multinacional se ha saltado a las comunidades en los procesos de socialización en San Francisco, Brasil (...). En una ocasión pretendieron hacer una audiencia pública por internet en una zona donde las personas no tienen ningún tipo de conexión a la red”. “A la hora de dar información sobre los proyectos, la multinacional no otorga toda la información necesaria”, agrega. 

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"En una ocasión pretendieron hacer una audiencia pública por internet en una zona donde las personas no tienen ningún tipo de conexión a la red”

Un panorama similar se ha vivido en Guyana y Surinam, países en donde hace presencia la multinacional estadounidense. Hasta el cierre de esta publicación, Exxonmobil no había respondido las inquietudes de Cambio sobre sus procedimientos en estos países de Suramérica.

Pero es que, tal como sucede en Colombia, Exxonmobil no le  da mucho la cara a los medios de comunicación. En Brasil, la vocería de los proyectos en los que participa la toma la petrolera estatal Petrobras. En Colombia la vocería la ha hecho Ecopetrol, por lo menos en los dos pilotos de fracking que se adelantarán en Puerto Wilches.