Comunes alerta a la ONU por riesgos para firmantes de paz tras cambios en esquemas de seguridad ordenados por el Gobierno
El partido surgido del acuerdo de paz denunció ante la comunidad internacional que decretos expedidos recientemente modifican de forma unilateral el esquema de protección de los firmantes. CAMBIO consultó a excombatientes y a organizaciones de seguimiento al proceso, que advirtieron sobre las implicaciones de los cambios.
Por: Jonathan Beltrán
En medio de la controversia por el reciente informe de la Contraloría que advierte retrasos e incumplimientos en la entrega de bienes de las antiguas Farc para la reparación de las víctimas, un nuevo frente de tensión se abrió alrededor de la implementación del acuerdo de paz. Esta vez, el foco está puesto en cambios previstos en los esquemas de seguridad de los firmantes.
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El Partido Comunes, que surgió tras la firma del acuerdo de La Habana, elevó ante la Organización de Naciones Unidas una alerta sobre los riesgos provocados por recientes decisiones del Gobierno de Gustavo Petro. Según la colectividad, modificaciones ordenadas en la estructuración de la Unidad Nacional de Protección (UNP) podrían generar nuevos riesgos a la seguridad de los firmantes.
La dirección nacional de la colectividad sostuvo que, a través de los decretos 019 y 020 de 2026, en los que se establecen cambios en la estructura interna de la UNP, el Ministerio del Interior modificó de forma unilateral los esquemas de protección de excombatientes. En ese sentido, la colectividad hizo un llamado a la comunidad internacional para verificar el cumplimiento integral del acuerdo final.
“Constituye un acto unilateral y regresivo del Estado colombiano, mediante el cual se modifica el esquema de seguridad sin concertación, sin verificación y en abierto desconocimiento de los compromisos adquiridos. Estas decisiones debilitan de manera estructural las garantías de seguridad pactadas”, explicó el partido en su denuncia.
La advertencia presentada también ante países garantes y acompañantes del acuerdo final plantea que las normas se expidieron sin tener en cuenta el mecanismo de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI). Por eso, desde la colectividad reiteraron que los cambios ordenados vulneran los principios de confianza legítima y concertación.
Los cambios en esquemas de protección de firmantes y sus posibles implicaciones
El pasado 19 de enero, el Gobierno nacional confirmó su decisión de fortalecer la planta de personal de la UNP con la creación de 6.870 cargos permanentes. Según Función Pública, la medida contó con el visto bueno del Ministerio de Hacienda para su viabilidad presupuestal y su formalización se dio tras un estudio técnico en el que se identificó la necesidad de ampliar la capacidad operativa de la entidad.
En el Decreto 020 de 2026 se detalla que la medida buscaría responder a retos actuales en materia de seguridad en el desarrollo de la campaña electoral para garantizar la protección de líderes sociales, dirigentes políticos y firmantes de paz con altos niveles de riesgo. Sin embargo, desde Comunes se advierte que los cambios ordenados implican eliminar el carácter especializado del esquema de protección creado tras el Acuerdo de Paz.
Luis Alberto Albán, representante a la Cámara por Comunes y firmante del Acuerdo, explicó a CAMBIO que entre las medidas de reestructuración de la UNP se encuentra derogar+ un decreto que establecía un esquema especializado, diferenciado y concertado para los firmantes, en el que se reconocían los riesgos extraordinarios derivados del proceso de reincorporación.
“Ese decreto creó una arquitectura institucional diseñada específicamente para responder a amenazas asociadas al tránsito de la guerra a la vida civil. Cualquier modificación sin consulta previa expone a los firmantes a nuevas amenazas. Es aún más grave si se consideran las amenazas y la persecución contra quienes dejaron las armas”, advirtió el representante a la Cámara por el Valle del Cauca.
La dirección nacional del Partido Comunes sostuvo que la reestructuración reduciría las capacidades de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, clave para los esquemas de protección de firmantes, al absorber en el ordenamiento general de la UNP. En ese sentido, la colectividad pidió adoptar medidas urgentes para la seguridad de firmantes y militantes.
Las advertencias sobre el debilitamiento de las garantías de seguridad para firmantes de paz
El Sindicato de Trabajadores de la Seguridad y la Protección por la Paz (Sintrasepaz) reconoció la importancia de los cambios previstos en la UNP para sustituir el uso de contratos por prestación de servicios y ofrecer mayor estabilidad laboral. Sin embargo, la organización advirtió que eliminar el modelo diferenciado implica desconocer las condiciones de riesgo extraordinario en zonas donde persisten disputas armadas.
Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, indicó que los cambios afectan las garantías de seguridad acordadas hace más de una década. En su cuestionamiento a la decisión, el congresista enfatizó que el acuerdo final estableció que el Estado sería responsable de la integridad y protección de quienes cumplieran con el tránsito a la vida civil.
Según cifras de Indepaz, en 2025 fueron asesinados en diferentes regiones del país 39 firmantes del acuerdo de La Habana. A su vez, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia advirtió el pasado 19 de enero en un informe que, desde la firma en 2016, han sido asesinados 487 excombatientes y otros 168 han sido víctimas de intentos de homicidio.
“Garantizar la seguridad de las comunidades vulnerables, incluida la de líderes sociales y excombatientes, es una prioridad urgente que no debe posponerse. Insto al Gobierno a que aborde estos asuntos con determinación, a fin de crear las condiciones necesarias para una estabilidad duradera”, indicó el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
Más allá de los militantes: las alertas sobre riesgos para los firmantes de paz
Las advertencias sobre los riesgos derivados de los cambios en los esquemas de protección se extienden más allá de los militantes del Partido Comunes. En ese sentido, firmantes convertidos en líderes sociales advierten que los riesgos de seguridad podrían incrementarse en medio de la campaña electoral y tras recientes informes sobre el incumplimiento por parte del antiguo secretariado de las Farc de ejes del Acuerdo.
Luis Eliécer Rueda, director del Observatorio Gestión de Conflictos y Construcción de Paz (PAZES), explicó a CAMBIO que las modificaciones en los esquemas de protección deben analizarse a la luz del contexto actual de violencia en los territorios. A su juicio, cualquier ajuste que reduzca el enfoque diferencial acordado para los firmantes podría traducirse en mayores niveles de exposición en zonas donde persiste el conflicto.
“Cuando se debilitan los esquemas de protección diferenciados no solo se pone en riesgo a los militantes, sino a líderes sociales y firmantes que hoy cumplen un rol activo en sus comunidades. En un contexto de persistencia del conflicto, cualquier retroceso en las garantías de seguridad puede tener consecuencias graves e irreversibles”, señaló Rueda.
El participante de los diálogos de paz de La Habana reiteró que el esquema diferenciado de protección quedó definido desde 2016 como un compromiso del Estado colombiano y no de un gobierno en particular. En ese sentido, advirtió que su modificación sin los mecanismos de concertación previstos podría sentar un precedente para alterar otros compromisos pactados.
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